Corte Suprema confirma desafuero de Jaime Orpis

La fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.

La fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.

El máximo Tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones y ratificó el desafuero del parlamentario por delito tributario, fraude al disco y cohecho, pero lo rechaza por lavado de activos.

Si bien se comunicó que la resolución del tribunal sería oficilializada éste miércoles, la resolución trascendió a medios de prensa. No obstante, de los cuatro delitos que la Fiscalía le imputa al parlamentario, lavado de activos, fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios, la corte acogió la apelación de la defensa de Orpis para el primero de ellos, por lo que serán tres los delitos por los cuales podrá ser investigado.

Recordemos que según la investigación que ha encabezado la fiscal Ximena Chong, el senador recibió de Corpesca 250 millones de pesos entre los años 2009 y 2013, lo que configura a juicio el órgano persecutor el delito de cohecho.

A esto se suman otros 150 millones de pesos por uso irregular que de recursos correspondientes a sus asignaciones parlamentarias, además de la facilitación de boletas ideológicamente falsas, y que sustancian la acusación sobre fraude al fisco y delitos tributarios, algo que el propio Orpis reconoció, por lo tanto no formó parte de la apelación de su defensa.

Esta decisión es clave para el avance de la investigación, ya que en ella se determinará el actuar del parlamentario en el marco de la discusión de la Ley de Pesca, una legislación que es cuestionada por los pescadores artesanales, quienes la catalogan como “ilegítima” y exigen su revisión.

Durante el desarrollo de los alegatos, los abogados del parlamentario, Carlos Cortés y Sergio Rodríguez, negaron dos de las cuatro acusaciones: cohecho y lavado de activos. En sus argumentos los juristas enfatizaron en que el senador “no recibió dinero para ejecutar para ejecutar algún acto propio de su cargo”

En esa línea Cortés argumentó que no había motivos para la solicitud de desafuero: “No hay aproximación alguna de los hechos al tipo penal, por tanto no existe esta seriedad, esta gravedad de antecedentes que permita a este tribunal desaforar a un Senador de la República por primera vez por el delito de cohecho. Los antecedentes no son suficientes para el nivel de mérito que exige la norma legal”.

Por su parte, la fiscal Ximena Chong, manifestó que la argumentación de los abogados de Orpis parecía “un salto al futuro” al tratarse de una defensa jurídica posterior de los propios delitos que se le acusan al parlamentario y no apunta a explicar por qué se le debiera excluir de un procedimiento normal, considerando se han acreditado de forma serie en esta etapa procesal conductas que son graves y que, por ahora, aparecen como ilícitas.

“Lo que el Ministerio Público ha sostenido, y esto es algo que ha omitido el señor defensor, es que de forma sistemática, mes por mes, sin ninguna laguna, de manera total y absolutamente continua, la empresa Corpresca realizó pagos, uno tras otro, vuelta, tras boleta, en 77 boletas de honorarios que simulan contratación de profesionales por parte de la empresa por un total de 264 millones de pesos”, indicó.

También expusieron del Consejo de Defensa del Estado y los querellantes particulares de la Fundación Ciudadano Inteligente ya que de este fallo depende la formalización a Orpis en el contexto del caso Corpesca, empresa del grupo Angelini, que realizó estos más de setenta en plena discusión de la cuestionada ley.

Nelson Estrada, vicepresidente de Condepp, sostuvo que “si se desafora a un Senador para poder llevarlo a juicio legalmente marcaría un antes y un después, porque la mayoría gente piensa que los senadores son intocables. Entonces, si realmente la justicia lo desafuera y se puede llevar a juicio, realmente podemos decir que la ley sí funciona contra la corrupción”, sostuvo.

Recordemos que los pescadores artesanales han realizado diversas acciones para eliminar o modificar la Ley de Pesca, la que catalogan como “corrupta e ilegal”. En ese sentido, adelantó que se reunirán el próximo 2 de mayo para acordar los caminos a seguir.





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