En la Sala de Cámara de Diputados se revisó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar, entre ellos el tratamiento tributario que se aplicará a la donación o venta de los bienes inmuebles donde funcionan establecimientos educacionales, el funcionamiento del Fondo de Garantías de Infraestructura Escolar y adecuaciones al proyecto de Ley de Inclusión.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, enfatizó en que por sobre todo con esta propuesta, la cartera está pensando en la calidad de la educación sin dejar atrás reformas sustantivas.
“Nosotros le hemos puesto suma urgencia al proyecto de Educación Pública, estamos convencidos de que ese es el proyecto principal y lo que estamos haciendo aquí es adecuar por problemas de tiempo, asegurar temas que garanticen, una vez aprobados, las reformas. Los cambios siempre son revisitados cuando se ponen en práctica, puede gustarnos o no el fondo de la ley, pero aquí no hay un tema de mal legislado, sino de escuchar, ver la realidad, sus problemas y hacerse cargo de ello”.
La secretaria de Estado también se detuvo en la ampliación del plazo para que los sostenedores transformen su personalidad jurídica en sin fines de lucro, pues en su opinión de ese modo “se permitiría el desarrollo de una de las grandes reformas del Gobierno, garantizando que la familia pueda escoger entre establecimientos de calidad junto con tener una buena educación pública”.
En tanto, en su intervención en la sala, el diputado Gabriel Boric consideró que el proyecto es regresivo, en la medida que se acogen presiones y establecen beneficios tributarios para sostenedores de establecimientos que han amenazado con no entrar al nuevo sistema.
“Es responsabilidad exclusiva de la Nueva Mayoría, y en particular del Gobierno, el que estemos discutiendo respecto de un parche para la Ley de Inclusión, cuando lo más relevante para que ésta tenga éxito es el fortalecimiento de la Educación Pública. Qué es lo que pasa hoy con la Ley de Nueva Educación Pública, por qué lleva siete meses en el Senado, por qué le sacan y quitan la urgencia. Es la educación pública la que tenemos que partir por hacer digna”.
Boric expuso además su preocupación por el riesgo de que la iniciativa sea modificada en el Senado y se desvirtúe la Ley de Inclusión, iniciativa que recordemos, regula el ingreso de los estudiantes a los planteles, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Desde el punto de vista de los propios alumnos, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Carlos Noveroy, comentó que seguirán movilizándose por demandas históricas como el financiamiento estatal de la educación y la democratización de los liceos y colegios, pero no participarán del debate por la reforma que compromete a los secundarios.
“Nos dimos cuenta que no teníamos cómo incidir en esta reforma educacional debido a que está hecha por los empresarios y que en este caso, los partidos políticos intentan recuperar su legitimidad. Esta reforma toma las consignas del movimiento estudiantil, pero no se traduce en nada concreto de lo que estamos proponiendo, entonces, no estamos por incidir en la reforma, creemos que tenemos que ser capaces de construir una educación alternativa que sea bajo control de la comunidad”.
Otra postura tiene la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones). Su presidente José Corona, ha insistido en que esperan se consolide un nuevo sistema de financiamiento en el proyecto de Nueva Educación Pública y han amenazado con congelar las relaciones con el Ministerio de Educación de no impulsarse dichos cambios.
En la Sala de Cámara de Diputados se revisó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar, entre ellos el tratamiento tributario que se aplicará a la donación o venta de los bienes inmuebles donde funcionan establecimientos educacionales, el funcionamiento del Fondo de Garantías de Infraestructura Escolar y adecuaciones al proyecto de Ley de Inclusión.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, enfatizó en que por sobre todo con esta propuesta, la cartera está pensando en la calidad de la educación sin dejar atrás reformas sustantivas.
“Nosotros le hemos puesto suma urgencia al proyecto de Educación Pública, estamos convencidos de que ese es el proyecto principal y lo que estamos haciendo aquí es adecuar por problemas de tiempo, asegurar temas que garanticen, una vez aprobados, las reformas. Los cambios siempre son revisitados cuando se ponen en práctica, puede gustarnos o no el fondo de la ley, pero aquí no hay un tema de mal legislado, sino de escuchar, ver la realidad, sus problemas y hacerse cargo de ello”.
La secretaria de Estado también se detuvo en la ampliación del plazo para que los sostenedores transformen su personalidad jurídica en sin fines de lucro, pues en su opinión de ese modo “se permitiría el desarrollo de una de las grandes reformas del Gobierno, garantizando que la familia pueda escoger entre establecimientos de calidad junto con tener una buena educación pública”.
En tanto, en su intervención en la sala, el diputado Gabriel Boric consideró que el proyecto es regresivo, en la medida que se acogen presiones y establecen beneficios tributarios para sostenedores de establecimientos que han amenazado con no entrar al nuevo sistema.
“Es responsabilidad exclusiva de la Nueva Mayoría, y en particular del Gobierno, el que estemos discutiendo respecto de un parche para la Ley de Inclusión, cuando lo más relevante para que ésta tenga éxito es el fortalecimiento de la Educación Pública. Qué es lo que pasa hoy con la Ley de Nueva Educación Pública, por qué lleva siete meses en el Senado, por qué le sacan y quitan la urgencia. Es la educación pública la que tenemos que partir por hacer digna”.
Boric expuso además su preocupación por el riesgo de que la iniciativa sea modificada en el Senado y se desvirtúe la Ley de Inclusión, iniciativa que recordemos, regula el ingreso de los estudiantes a los planteles, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Desde el punto de vista de los propios alumnos, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Carlos Noveroy, comentó que seguirán movilizándose por demandas históricas como el financiamiento estatal de la educación y la democratización de los liceos y colegios, pero no participarán del debate por la reforma que compromete a los secundarios.
“Nos dimos cuenta que no teníamos cómo incidir en esta reforma educacional debido a que está hecha por los empresarios y que en este caso, los partidos políticos intentan recuperar su legitimidad. Esta reforma toma las consignas del movimiento estudiantil, pero no se traduce en nada concreto de lo que estamos proponiendo, entonces, no estamos por incidir en la reforma, creemos que tenemos que ser capaces de construir una educación alternativa que sea bajo control de la comunidad”.
Otra postura tiene la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones). Su presidente José Corona, ha insistido en que esperan se consolide un nuevo sistema de financiamiento en el proyecto de Nueva Educación Pública y han amenazado con congelar las relaciones con el Ministerio de Educación de no impulsarse dichos cambios.
En la Sala de Cámara de Diputados se revisó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar, entre ellos el tratamiento tributario que se aplicará a la donación o venta de los bienes inmuebles donde funcionan establecimientos educacionales, el funcionamiento del Fondo de Garantías de Infraestructura Escolar y adecuaciones al proyecto de Ley de Inclusión.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, enfatizó en que por sobre todo con esta propuesta, la cartera está pensando en la calidad de la educación sin dejar atrás reformas sustantivas.
“Nosotros le hemos puesto suma urgencia al proyecto de Educación Pública, estamos convencidos de que ese es el proyecto principal y lo que estamos haciendo aquí es adecuar por problemas de tiempo, asegurar temas que garanticen, una vez aprobados, las reformas. Los cambios siempre son revisitados cuando se ponen en práctica, puede gustarnos o no el fondo de la ley, pero aquí no hay un tema de mal legislado, sino de escuchar, ver la realidad, sus problemas y hacerse cargo de ello”.
La secretaria de Estado también se detuvo en la ampliación del plazo para que los sostenedores transformen su personalidad jurídica en sin fines de lucro, pues en su opinión de ese modo “se permitiría el desarrollo de una de las grandes reformas del Gobierno, garantizando que la familia pueda escoger entre establecimientos de calidad junto con tener una buena educación pública”.
En tanto, en su intervención en la sala, el diputado Gabriel Boric consideró que el proyecto es regresivo, en la medida que se acogen presiones y establecen beneficios tributarios para sostenedores de establecimientos que han amenazado con no entrar al nuevo sistema.
“Es responsabilidad exclusiva de la Nueva Mayoría, y en particular del Gobierno, el que estemos discutiendo respecto de un parche para la Ley de Inclusión, cuando lo más relevante para que ésta tenga éxito es el fortalecimiento de la Educación Pública. Qué es lo que pasa hoy con la Ley de Nueva Educación Pública, por qué lleva siete meses en el Senado, por qué le sacan y quitan la urgencia. Es la educación pública la que tenemos que partir por hacer digna”.
Boric expuso además su preocupación por el riesgo de que la iniciativa sea modificada en el Senado y se desvirtúe la Ley de Inclusión, iniciativa que recordemos, regula el ingreso de los estudiantes a los planteles, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Desde el punto de vista de los propios alumnos, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Carlos Noveroy, comentó que seguirán movilizándose por demandas históricas como el financiamiento estatal de la educación y la democratización de los liceos y colegios, pero no participarán del debate por la reforma que compromete a los secundarios.
“Nos dimos cuenta que no teníamos cómo incidir en esta reforma educacional debido a que está hecha por los empresarios y que en este caso, los partidos políticos intentan recuperar su legitimidad. Esta reforma toma las consignas del movimiento estudiantil, pero no se traduce en nada concreto de lo que estamos proponiendo, entonces, no estamos por incidir en la reforma, creemos que tenemos que ser capaces de construir una educación alternativa que sea bajo control de la comunidad”.
Otra postura tiene la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones). Su presidente José Corona, ha insistido en que esperan se consolide un nuevo sistema de financiamiento en el proyecto de Nueva Educación Pública y han amenazado con congelar las relaciones con el Ministerio de Educación de no impulsarse dichos cambios.
