Uno de los temas que parece tener puntos de encuentro entre los distintos sectores políticos que discuten la reforma de educación superior, es la ampliación del Consejo de Rectores (CRUCH) para que ingresen nuevas instituciones. Esto, a pesar de la negativa que mostró la ministra de Educación, Adriana Delpiano, hace aproximadamente una semana, cuando señaló que era difícil su modificar el CRUCH en este proyecto.

De este modo, uno de los artículos que presenta más indicaciones es el número dos, el cual refiere precisamente al Consejo de Rectores, organismo de articulación entre todas las universidades estatales (CUECH) y las privadas tradicionales (G9), las cuales corresponden a las instituciones creadas antes de 1981.

El pasado martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, debía aprobar o rechazar las indicaciones del articulado. Sin embargo, al inicio de la discusión, los parlamentarios solicitaron posponer su resolución esperando generar nuevas propuestas en conjunto para facilitar el debate, ya que muchas de las indicaciones poseían similitudes.

Uno de los rectores que ha criticado duramente al Consejo de Rectores es Carlos Peña, de la Universidad Diego Portales, quien el pasado lunes, durante el Seminario de Educación Superior organizado por la Comisión de Educación, argumentó que uno de los errores que tiene la reforma es que no modifica la configuración del organismo.

Tanto él como el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, han solicitado que en el marco de la actual discusión se analice la opción de ampliar dicha entidad.

Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, ha sido una de las autoridades académicas que más ha apoyado la idea de modificar la configuración del CRUCH. Desde su perspectiva, no habría dificultades para ello si se indicara que la apertura será para las instituciones que cumplan ciertos requisitos.

“Creo que sería un gran paso si en este proyecto de reforma esto se pudiese incluir. El Consejo de Rectores tiene que seguir cumpliendo la labor de asesoría y de liderazgo en la generación de políticas públicas sobre educación superior, pero claramente tiene que actualizarse a un formato y a una constitución que refleje la realidad actual, que no es la que existía en el año 54 cuando se creó”, sostuvo.

Sánchez propuso que si no es posible agregar esta iniciativa en el articulado, al menos, podría quedar un compromiso formal para que durante este año se enviara un proyecto de ley que permitiera reformar el organismo, algo similar a lo que se hizo con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Por su parte, Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago, manifestó que para que esta entidad continúe preservando su capacidad de autorregulación en favor de una mejor calidad, es necesario que el Estado determine qué otras instituciones podrían participar del Consejo.

Para Zolezzi, estas “tendrán que ser universidades con cierto grado de acreditación, que demuestren que no poseen fines de lucro y que están disponibles a dar cuenta de sus cifras, especialmente de los recursos percibidos desde el fisco”.

En ese sentido, argumentó que, a pesar de lo indicado por la Ministra, hay varios rectores del CRUCH que piensan que la ampliación de este organismo es una posibilidad real.

En tanto, Alberto Robles, diputado del Partido Radical, dijo estar de acuerdo con la necesidad planteada, enfatizando en la importancia de seguir contando con un organismo asesor del Ministerio de Educación que asegure pluralidad y una mirada que no responda a los gobiernos.

“Hay que buscar una fórmula que permita que el actual Consejo tenga cambios. Si no se puede ampliar directamente en esta legislación, por lo menos tenemos que discutir un mecanismo que sea transparente y objetivo para que las instituciones postulen y logren ser parte de esta entidad”, afirmó.

Además, agregó que también se debe considerar un Consejo para rectores de instituciones de educación técnica.

Sobre las críticas que acusan al CRUCH de velar solo por sus universidades y no por el desarrollo de todo el sistema de educación superior, Juan Manuel Zolezzi  agregó que se trata de juicios injustos.

“No depende de nosotros decidir qué universidades entran y cuáles no, ese es un tema que compete al Estado, a la legislación actual. Es cierto que en un primer momento el CRUCH cauteló mucho el ingreso de instituciones privadas, pero hoy existe mayor consenso sobre la posibilidad para que algunas ingresen”, concluyó.