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Año XII, 30 de mayo de 2020

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Cárceles en riesgo: INDH advierte que concesionarias ponen en peligro a reclusos y gendarmes

Luego del informe entregado por el Poder Judicial, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtieron en la importancia de poner atención en los posibles focos de contagio al interior de los penales. Las condiciones de hacinamiento y poca salubridad, vuelven a ser el foco de las críticas.

Paula Campos

  Miércoles 15 de abril 2020 17:35 hrs. 
Sergio Micco





Luego de una reunión con la fiscal del Poder Judicial, Lya Cabello, el director del INDH, Sergio Micco, denunció que las empresas que administran cárceles concesionadas no están cumpliendo cabalmente sus contratos ni entregando implementos de seguridad para prevenir contagios por COVID-19.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió que las empresas concesionarias cumplan con sus contratos y entreguen todos los implementos de seguridad que impidan masificar los contagios por coronavirus en las cárceles del país y adelantó que, en los próximos días, el INDH llegará hasta el Ministerio de Obras Públicas para hacer exigibles los contratos en las cárceles concesionadas a privados.

En la reunión, la fiscal Cabello dio a conocer un informe dramático sobre las condiciones de las cárceles en Chile. El texto advierte que “no es posible garantizar que las cárceles cumplan con exigencias para evitar el contagio” de coronavirus COVID-19.

En la entrega del documento, la fiscal indicó que es imposible seguir enfrentando así esta crisis: “El hacinamiento es un tema de política pública de Estado y se tiene que atacar a través de los indultos, de las medidas cautelares de prisión preventiva, y a través de las libertades condicionales. Pero también hay que ver el futuro, pues la sanción penal y las medidas cautelares no es poner a todo el mundo dentro de una cárcel”.

Lya Cabello detalló que, en medio de la crisis del COVID-19, en muchas cárceles los internos no tienen ni siquiera acceso al agua potable, por lo que pidió con urgencia que se fijen zonas de aislamiento fuera de las prisiones, para quienes se contagien con Covid-19: “Si se da un foco de infección dentro de las unidades penales, sería una situación incontrolable”.

A través de un comunicado de prensa, Micco calificó como un acto de valentía la publicación del informe: “No es fácil apuntar con el dedo, a la llaga que tiene la sociedad chilena. A los chilenos y chilenas nos gustaría no saber lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios”.

En la declaración agregó que “hemos coincidido en que estamos frente a una verdadera bomba de tiempo, tenemos que actuar ya, como Estado y como sociedad para que Puente Alto no se transforme en un precedente que se empieza a extender por el resto de los centros penitenciarios de Chile”.

Responsabilidad del Estado y de los privados

Sergio Micco apuntó a la responsabilidad que tiene tanto el Estado como los privados en evitar una propagación del COVID-19 en las cárceles y advirtió que en algunas cárceles concesionadas no hay implementos de seguridad, razón por la cual pedirá al MOP que se fiscalice el cumplimiento de contratos.

“Hemos coincidido con la fiscal en que esos contratos fueron redactados y acordados en una situación que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, así como le pedimos al Estado de Chile que haga un enorme esfuerzo por enfrentar la pandemia en los centros penitenciarios, también le pedimos lo mismo a las empresas privadas, que tienen que cumplir de mejor manera sus compromisos. Tenemos la información que en algunos casos ni siquiera los contratos se están cumpliendo plenamente. Eso lo pudimos constatar”.

Las acusaciones apuntan, por ejemplo, a mascarillas de gendarmes y reclusos que no servirían, al haber vencido sus periodos de efectividad.

La cadena de propagación, en caso de extenderse el virus al interior de los penales, sería lamentable: según las estimaciones entregadas por el organismo, existen en Chile 120 mil personas de población penal flotante, es decir, que entran y salen de las cárceles. En el desglose, serían 20 mil gendarmes y funcionarios públicos, además de sus familias que alcanzarían, aproximadamente, a las 800 mil personas, que podrían estar comprometidas.

Respecto a la ley de indultos despachada por el Congreso Nacional y validada por el Tribunal Constitucional, Micco puntualizó que más allá del debate por indultos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad “hoy día la cuestión es que esas 1.300 personas que fueron beneficiadas o van a ser beneficiadas por la ley de indulto general, salgan lo más luego posible de los recintos penitenciarios”.

“Nuestro interés con respecto a los indultos es que el Presidente de la República ejerza el mismo liderazgo que ejerció en 2012 y que, dentro de la legalidad y el interés general, se concedan los indultos particulares en la mayor cantidad de personas privadas de libertad, respetando, obviamente el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó el jefe del INDH.

Desórdenes en Rancagua

Durante esta mañana, Gendarmería informó de los desórdenes ocurridos al interior del Complejo Penitenciario de Rancagua. Los problemas, según indicaron, se provocaron en el interior del módulo 52.

Mediante un comunicado, se señaló que, de acuerdo a lo señalado por el alcaide de la unidad, teniente coronel, Álvaro Millanao, “los hechos ocurrieron posterior a una agresión a dos funcionarios de la institución, resultando uno de ellos lesionado, siendo trasladado al Hospital Regional de Rancagua”.

“De acuerdo a lo explicado por el alcaide, se realizó un procedimiento de registro y allanamiento, lo que provocó los desórdenes al interior del recinto”, agregaron en el texto.

La situación, al igual que las vividas en otras cárceles del país, como Puente Alto, se relacionan con la pandemia de Covid-19. En este caso, 10 reclusos y dos funcionarios habrían resultado lesionados.