El miedo, el confinamiento, la incertidumbre respecto a la situación laboral y/o económica son sólo algunos aspectos que pueden provocar cambios en el estado emocional individual y colectivo de las personas, y que influyen, por ejemplo, en nuestra capacidad de adoptar medidas de prevención adecuadas e incluso en la respuesta de los equipos de salud. Lo anterior, sumado a la falta de confianza en la información entregada y en las medidas propuestas, son amenazas para enfrentar la pandemia generada a partir de la propagación del COVID-19.
Es por esto que expertos y expertas de la U. de Chile elaboraron un documento que contiene las claves para el desarrollo de una Estrategia Nacional para la Salud Mental, que busca, por un lado, fortalecerla como un factor esencial a la hora de entregar respuestas adaptativas a la pandemia y a su vez disminuir el impacto del COVID-19 a través de la prevención, la atención y el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las comunidades. Son cuatro los criterios que se establecen para el desarrollo de esta política: articulación territorial, intersectorialidad, participación y desarrollo económico.
Para el rector Ennio Vivaldi el informe “destaca la importancia que siempre debe tener la salud mental, porque no solamente se ve afectada por la pandemia, sino que lo que hagamos en salud mental es clave para enfrentarla. Sabemos que las pandemias causan efectos psicológicos y sociales, y es un error pensar que si queremos preservar la vida, la atención de salud mental puede esperar. Y aquí es también fundamental tener presente que afecta, por múltiples factores, en forma diferencial a los diversos estratos socioeconómicos”.
Para el desarrollo de esta Estrategia se proponen tres principios:
- Flexibilizar para facilitar: las regulaciones de la vida cotidiana no pueden ser percibidas como un problema más, por lo que se recalca la importancia de flexibilizar fechas de entregas, pagos, normas de acceso, entre otras.
- Visibilizar para potenciar: Valorar las experiencias de las comunidades, que ya han desarrollado estrategias creativas para enfrentar este momento potenciando, por ejemplo, formas de comunicación a distancia, actividades recreativas nuevas, estrategias para el cuidado de personas y para la autoeducación.
- Regular para proteger: Garantizar que la desigualdad no se acentúe, que no se incrementen los abusos ni la discriminación a grupos vulnerables, asegurar el salario de las personas ante la eventual crisis económica, garantizar estabilidad en las condiciones estructurales de vida (precios y acceso a bienes y servicios); generar fondos solidarios, exigir a las empresas costear con sus recursos acumulados el acceso a condiciones básicas de sobrevivencia, entre otras.
Para la implementación de esta estrategia se proponen diferentes áreas de trabajo. La primera son los planes y programas de apoyo e intervención psicosocial, donde se propone -entre otras medidas- la intervención oportuna mejorando el uso de tecnologías digitales y de atención a distancia; la gestión de la atención para garantizar la continuidad de los cuidados y la atención en el marco de esta emergencia sanitaria, asegurando un flujo de derivación oportuno, controles profesionales, continuidad de los cuidados, y la atención de pacientes crónicos, agudos en reciente tratamiento, y emergentes, secundarios a la crisis con equipos de salud locales, entre otros aspectos.
Asimismo se plantea la capacitación y cuidado del personal que trabaja en el sector de la salud para poder dar una primera respuesta en principios esenciales de apoyo psicosocial y la Primera Ayuda Psicológica (PAP), para fortalecer el trabajo y cuidado al interior de los equipos, y se recomienda entregar acceso a fuentes de apoyo psicosocial para las y los trabajadores que responden directamente al COVID-19, proponiendo una estrategia de monitoreo de salud mental en los equipos de salud, entre otras acciones.
Otra de las areas de trabajo contemplan la gestión de la información entregada por autoridades, donde se apela al fortalecimiento del rol de vocerías oficiales con empatía, transparencia y transmitiendo confianza e información de manera oportuna, práctica, veraz y coherente, basada en el bien comun y la evidencia cientifica, entregando justificación clara de las medidas adoptadas, información de protocolos y garantizando que se porporcionen suministros suficientes para las personas.
Las demás dimensiones que se abordan en el documento son: rol de los medios de comunicación; educación sociocomunitaria (para promover una adecuada salud mental); medidas de apoyo a personas en confinamiento (considerando, por ejemplo, mecanismos flexibles para autorizar salidas por periodos cortos y de manera segura; o la gestión oportuna en situaciones de violencia de género o intrafamiliar para facilitar refugios de urgencia que faciliten salir del hogar si es requerido); junto a investigación e innovación.
En la elaboración del informe también se consideraron las poblaciones con necesidades específicas, entre las que se incluyen: equipos de salud que trabajan con COVID-19; pacientes contagiados y sobrevivientes de COVID-19; familiares de contagiados y fallecidos por COVID-19; pesonas con transtorno psiquiatrico y/o abuso de alcohol y otras sustancias; personas mayores; niños y niñas; mujeres; personas en situación de dependencia y/o discapacidad; personas privadas de libertad; personas que se encuentran cesantes o con precaridad laboral (por ej. informalidad); y migrantes. Para cada uno de estos grupos se proponen intervenciones y estrategias según sus situaciones determinadas.
El miedo, el confinamiento, la incertidumbre respecto a la situación laboral y/o económica son sólo algunos aspectos que pueden provocar cambios en el estado emocional individual y colectivo de las personas, y que influyen, por ejemplo, en nuestra capacidad de adoptar medidas de prevención adecuadas e incluso en la respuesta de los equipos de salud. Lo anterior, sumado a la falta de confianza en la información entregada y en las medidas propuestas, son amenazas para enfrentar la pandemia generada a partir de la propagación del COVID-19.
Es por esto que expertos y expertas de la U. de Chile elaboraron un documento que contiene las claves para el desarrollo de una Estrategia Nacional para la Salud Mental, que busca, por un lado, fortalecerla como un factor esencial a la hora de entregar respuestas adaptativas a la pandemia y a su vez disminuir el impacto del COVID-19 a través de la prevención, la atención y el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las comunidades. Son cuatro los criterios que se establecen para el desarrollo de esta política: articulación territorial, intersectorialidad, participación y desarrollo económico.
Para el rector Ennio Vivaldi el informe “destaca la importancia que siempre debe tener la salud mental, porque no solamente se ve afectada por la pandemia, sino que lo que hagamos en salud mental es clave para enfrentarla. Sabemos que las pandemias causan efectos psicológicos y sociales, y es un error pensar que si queremos preservar la vida, la atención de salud mental puede esperar. Y aquí es también fundamental tener presente que afecta, por múltiples factores, en forma diferencial a los diversos estratos socioeconómicos”.
Para el desarrollo de esta Estrategia se proponen tres principios:
- Flexibilizar para facilitar: las regulaciones de la vida cotidiana no pueden ser percibidas como un problema más, por lo que se recalca la importancia de flexibilizar fechas de entregas, pagos, normas de acceso, entre otras.
- Visibilizar para potenciar: Valorar las experiencias de las comunidades, que ya han desarrollado estrategias creativas para enfrentar este momento potenciando, por ejemplo, formas de comunicación a distancia, actividades recreativas nuevas, estrategias para el cuidado de personas y para la autoeducación.
- Regular para proteger: Garantizar que la desigualdad no se acentúe, que no se incrementen los abusos ni la discriminación a grupos vulnerables, asegurar el salario de las personas ante la eventual crisis económica, garantizar estabilidad en las condiciones estructurales de vida (precios y acceso a bienes y servicios); generar fondos solidarios, exigir a las empresas costear con sus recursos acumulados el acceso a condiciones básicas de sobrevivencia, entre otras.
Para la implementación de esta estrategia se proponen diferentes áreas de trabajo. La primera son los planes y programas de apoyo e intervención psicosocial, donde se propone -entre otras medidas- la intervención oportuna mejorando el uso de tecnologías digitales y de atención a distancia; la gestión de la atención para garantizar la continuidad de los cuidados y la atención en el marco de esta emergencia sanitaria, asegurando un flujo de derivación oportuno, controles profesionales, continuidad de los cuidados, y la atención de pacientes crónicos, agudos en reciente tratamiento, y emergentes, secundarios a la crisis con equipos de salud locales, entre otros aspectos.
Asimismo se plantea la capacitación y cuidado del personal que trabaja en el sector de la salud para poder dar una primera respuesta en principios esenciales de apoyo psicosocial y la Primera Ayuda Psicológica (PAP), para fortalecer el trabajo y cuidado al interior de los equipos, y se recomienda entregar acceso a fuentes de apoyo psicosocial para las y los trabajadores que responden directamente al COVID-19, proponiendo una estrategia de monitoreo de salud mental en los equipos de salud, entre otras acciones.
Otra de las areas de trabajo contemplan la gestión de la información entregada por autoridades, donde se apela al fortalecimiento del rol de vocerías oficiales con empatía, transparencia y transmitiendo confianza e información de manera oportuna, práctica, veraz y coherente, basada en el bien comun y la evidencia cientifica, entregando justificación clara de las medidas adoptadas, información de protocolos y garantizando que se porporcionen suministros suficientes para las personas.
Las demás dimensiones que se abordan en el documento son: rol de los medios de comunicación; educación sociocomunitaria (para promover una adecuada salud mental); medidas de apoyo a personas en confinamiento (considerando, por ejemplo, mecanismos flexibles para autorizar salidas por periodos cortos y de manera segura; o la gestión oportuna en situaciones de violencia de género o intrafamiliar para facilitar refugios de urgencia que faciliten salir del hogar si es requerido); junto a investigación e innovación.
En la elaboración del informe también se consideraron las poblaciones con necesidades específicas, entre las que se incluyen: equipos de salud que trabajan con COVID-19; pacientes contagiados y sobrevivientes de COVID-19; familiares de contagiados y fallecidos por COVID-19; pesonas con transtorno psiquiatrico y/o abuso de alcohol y otras sustancias; personas mayores; niños y niñas; mujeres; personas en situación de dependencia y/o discapacidad; personas privadas de libertad; personas que se encuentran cesantes o con precaridad laboral (por ej. informalidad); y migrantes. Para cada uno de estos grupos se proponen intervenciones y estrategias según sus situaciones determinadas.
El miedo, el confinamiento, la incertidumbre respecto a la situación laboral y/o económica son sólo algunos aspectos que pueden provocar cambios en el estado emocional individual y colectivo de las personas, y que influyen, por ejemplo, en nuestra capacidad de adoptar medidas de prevención adecuadas e incluso en la respuesta de los equipos de salud. Lo anterior, sumado a la falta de confianza en la información entregada y en las medidas propuestas, son amenazas para enfrentar la pandemia generada a partir de la propagación del COVID-19.
Es por esto que expertos y expertas de la U. de Chile elaboraron un documento que contiene las claves para el desarrollo de una Estrategia Nacional para la Salud Mental, que busca, por un lado, fortalecerla como un factor esencial a la hora de entregar respuestas adaptativas a la pandemia y a su vez disminuir el impacto del COVID-19 a través de la prevención, la atención y el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de las comunidades. Son cuatro los criterios que se establecen para el desarrollo de esta política: articulación territorial, intersectorialidad, participación y desarrollo económico.
Para el rector Ennio Vivaldi el informe “destaca la importancia que siempre debe tener la salud mental, porque no solamente se ve afectada por la pandemia, sino que lo que hagamos en salud mental es clave para enfrentarla. Sabemos que las pandemias causan efectos psicológicos y sociales, y es un error pensar que si queremos preservar la vida, la atención de salud mental puede esperar. Y aquí es también fundamental tener presente que afecta, por múltiples factores, en forma diferencial a los diversos estratos socioeconómicos”.
Para el desarrollo de esta Estrategia se proponen tres principios:
- Flexibilizar para facilitar: las regulaciones de la vida cotidiana no pueden ser percibidas como un problema más, por lo que se recalca la importancia de flexibilizar fechas de entregas, pagos, normas de acceso, entre otras.
- Visibilizar para potenciar: Valorar las experiencias de las comunidades, que ya han desarrollado estrategias creativas para enfrentar este momento potenciando, por ejemplo, formas de comunicación a distancia, actividades recreativas nuevas, estrategias para el cuidado de personas y para la autoeducación.
- Regular para proteger: Garantizar que la desigualdad no se acentúe, que no se incrementen los abusos ni la discriminación a grupos vulnerables, asegurar el salario de las personas ante la eventual crisis económica, garantizar estabilidad en las condiciones estructurales de vida (precios y acceso a bienes y servicios); generar fondos solidarios, exigir a las empresas costear con sus recursos acumulados el acceso a condiciones básicas de sobrevivencia, entre otras.
Para la implementación de esta estrategia se proponen diferentes áreas de trabajo. La primera son los planes y programas de apoyo e intervención psicosocial, donde se propone -entre otras medidas- la intervención oportuna mejorando el uso de tecnologías digitales y de atención a distancia; la gestión de la atención para garantizar la continuidad de los cuidados y la atención en el marco de esta emergencia sanitaria, asegurando un flujo de derivación oportuno, controles profesionales, continuidad de los cuidados, y la atención de pacientes crónicos, agudos en reciente tratamiento, y emergentes, secundarios a la crisis con equipos de salud locales, entre otros aspectos.
Asimismo se plantea la capacitación y cuidado del personal que trabaja en el sector de la salud para poder dar una primera respuesta en principios esenciales de apoyo psicosocial y la Primera Ayuda Psicológica (PAP), para fortalecer el trabajo y cuidado al interior de los equipos, y se recomienda entregar acceso a fuentes de apoyo psicosocial para las y los trabajadores que responden directamente al COVID-19, proponiendo una estrategia de monitoreo de salud mental en los equipos de salud, entre otras acciones.
Otra de las areas de trabajo contemplan la gestión de la información entregada por autoridades, donde se apela al fortalecimiento del rol de vocerías oficiales con empatía, transparencia y transmitiendo confianza e información de manera oportuna, práctica, veraz y coherente, basada en el bien comun y la evidencia cientifica, entregando justificación clara de las medidas adoptadas, información de protocolos y garantizando que se porporcionen suministros suficientes para las personas.
Las demás dimensiones que se abordan en el documento son: rol de los medios de comunicación; educación sociocomunitaria (para promover una adecuada salud mental); medidas de apoyo a personas en confinamiento (considerando, por ejemplo, mecanismos flexibles para autorizar salidas por periodos cortos y de manera segura; o la gestión oportuna en situaciones de violencia de género o intrafamiliar para facilitar refugios de urgencia que faciliten salir del hogar si es requerido); junto a investigación e innovación.
En la elaboración del informe también se consideraron las poblaciones con necesidades específicas, entre las que se incluyen: equipos de salud que trabajan con COVID-19; pacientes contagiados y sobrevivientes de COVID-19; familiares de contagiados y fallecidos por COVID-19; pesonas con transtorno psiquiatrico y/o abuso de alcohol y otras sustancias; personas mayores; niños y niñas; mujeres; personas en situación de dependencia y/o discapacidad; personas privadas de libertad; personas que se encuentran cesantes o con precaridad laboral (por ej. informalidad); y migrantes. Para cada uno de estos grupos se proponen intervenciones y estrategias según sus situaciones determinadas.
