Claudio Molina (66) lleva casi de diez años jubilado. Su pensión de $170.000 no alcanza para pagar su arriendo, menos aún si se le incluyen sus deudas, las de su hijo estudiante y la ayuda que envía a su ex esposa. Es por esto que hace unos años es guardia de una de las multitiendas Corona en la ciudad de Iquique. Pero por los próximos cinco meses, hasta el 31 de agosto, su contrato se verá suspendido por la Ley de Protección al Empleo, sin ningún tipo de remuneración.

La ley estipula que la empresa puede paralizar los contratos de sus trabajadores, congelando sus pagos y por consiguiente la prestación de servicios, pero permitiéndoles cotizar para la previsión. Mientras, durante el tiempo que dure la suspensión del contrato, los trabajadores podrían hacer uso del Seguro de Cesantía, con un pago del 75% del sueldo recibido por el primer mes, el que irá disminuyendo durante los siguientes meses.

Sin embargo, en dicha legislación hay algunos sectores que han quedado excluidos. Así lo señaló a nuestro medio el presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, Hugo Cifuentes, quien explicó que actualmente existen varias personas que no pueden acceder a este beneficio, como quienes no se encuentran afiliados al Seguro de Cesantía, los trabajadores informales y los jubilados.

“No están en el seguro los pensionados por vejez, porque ellos ya tienen pensión. En principio, conceptualmente, ellos no deberían estar trabajando, pero la realidad es que las personas a los 65 y 60 años están capacitadas para seguir trabajando y/o las pensiones son tan malas que tienen que seguir trabajando. En este periodo de crisis hay que buscar soluciones para ellos de otro sentido”, explicó el abogado.

El pasado 17 de abril, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social reveló que más de 56 mil empresas han solicitado acceder al recurso y cerca de 800 mil trabajadores se han visto afectados por la medida. Lamentablemente para Molina, él y otros 59 trabajadores de Corona no tendrán acceso a estos fondos por encontrarse jubilados.

“Han hablado de todos los trabajadores que tienen fondo de cesantía, que tienen cotizaciones previsionales, están hablando de los que están informales, están hablando de los que tienen pago de honorarios, pero todavía no hablan de la gente que está pensionada y sigue trabajado”, manifestó.

Ante la incertidumbre, Molina comentó que podrá hacer uso de una licencia médica por una lesión ocurrida hace poco mientras trabajaba, pero aun así prevé que eso lo podrá mantener por un mes más solamente.

Ana Pizarro (63) trabaja en la misma tienda y tiene los mismos temores. Su pensión es de $120.000, por lo que también es una necesidad para ella tener un trabajo para compensar este monto. Lleva dos años trabajando ahí, 30 horas semanales. Al ser jubilada no cotiza en previsión y no ahorra para el Seguro de Cesantía, quedándose fuera de los efectos de la ley.

“Eso me tiene enferma. Estoy en una incertidumbre, no sé cómo me las voy a ver. Estoy en espera de qué va pasar porque no tengo ayuda de nada, de ninguna cosa. No recibo nada de nada por ningún lado, salvo la pensión”, dijo con preocupación.

Para el abogado laboralista y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, la ley fue hecha apresuradamente y, en su opinión, bajo el dogma de que son los trabajadores los que deben pagar los costos financieros de la crisis.

“La ley tiene una aplicación muy restringida porque supone que los trabajados estén con el régimen de desempleo, por lo tanto, la ley solo protege el empleo tradicional y formal. En ese sentido la solución del Gobierno, para el resto de los casos, es tratar de generar un ingreso de emergencia. Pero la ley no tiene respuesta al problema de los jubilados”, comentó.

Desde la Fundación Derechos Mayores lamentaron que nuevamente los adultos mayores se vean afectados por esta crisis, más aún cuando son un grupo de riesgo importante. Su presidente, Michel Toledo, consideró que este problema debe abordarse pronto, pues un grueso de los hogares es mantenido por adultos mayores. Según la última encuesta Casen referente a adultos mayores, de los 5 mil hogares que existen en Chile, un 34,2% tienen a un jefe/a de hogar de 60 años y más.

En Santiago esta realidad se replica. En el hotel Pullman Santiago El Bosque (Ex Atton) de Las Condes tienen a ocho trabajadores en la misma situación. Desde el 13 de abril el recinto, parte de la cadena francesa de hoteles Accor, se acogió a la Ley de Protección al Empleo, suspendiendo los contratos laborales de sus trabajadores por los próximos tres meses.

El presidente del sindicato de dicho hotel, Guillermo Moraga, mostró preocupación ante sus colegas pues existen distintos escenarios para resolver esta problemática: pagarles su sueldo íntegramente, una negociación para bajar el suelo o simplemente la desvinculación de dichos trabajadores.

“Es un grupo de riesgo, el que requiere mayor atención y uno de los grupos que está más desvalido con respecto a los demás en la sociedad. Esta situación no nos ha gustado mucho como sindicato porque hay mucha incertidumbre, secretismo, no han sido transparentes y directos con ellos. Por último, que se llegue a un acuerdo. Están súper angustiados porque los tienen en el aire”, expresó Moraga.

La empresa comunicó que se les pagará el primer mes de suspensión a estos ocho trabajadores, entre ellos la supervisora de 62 años Jessica Meneses, pero para los otros dos meses es una interrogante. Meneses reconoce que el hecho que se les pague el primer mes es una situación privilegiada que otras empresas no han sido capaz de acordar.

Para fortuna de esta trabajadora, no cuenta con deudas y en caso de una eventual desvinculación, sus 13 años de servicio en el hotel serán de ayuda para una mejor indemnización. Caso muy opuesto al de Molina o Pizarro, quienes no cuentan con muchos años de trabajo en sus compañías y tienen deudas que pagar.

La poca certeza de estos trabajadores es aún mayor pues el rubro del turismo y la hotelería se ha visto severamente golpeado por la crisis sanitaria. Moraga explicó que muchos de sus clientes son extranjeros, por lo que las bajas durante los próximos meses serán fuertes e incluso esperan que la suspensión de sus contratos se alargue más allá de los tres meses anunciados.

Otra situación preocupante es lo que ocurre con los trabajadores  informales. Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2017, las personas de 60 años o más con ocupaciones informales alcanzaron un 43,5% de la ocupación de ese mercado laboral.

“Los jubilados quedan en la misma situación en que los independientes hoy en día, en la misma situación de los trabajadores informales. Esas personas no tienen seguro y para ellos el estado debe buscar otras formas de apoyarlos”, dijo Cifuentes.

Por el momento, no existen soluciones para los trabajadores que se encuentren en dicha problemática. En una publicación, el abogado laboralista Marcelo Soto, expresó que quizás la única solución viable sería la de una ley corta que complemente a la actual ley de Protección al Empleo, sin embargo, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.

“Para tener una acción judicial tú requieres que la ley te garantice ese derecho. Aquí simplemente se les dejó fuera. Lo único que podrían cuestionar es que la empresa, hipotéticamente hiciera una suspensión ilegal, pero eso ni siquiera lo están haciendo los trabajadores con derechos porque es muy difícil. La ley no contempla un mecanismo eficaz para que los trabajadores reclamen su aplicación, la ley la aplican las empresas y los trabajadores no tienen como reclamar”, comentó Ugarte.