“Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad. ¡El Estado se respeta!”.

El Tweet, del viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna Meza, cambió todo el panorama. La declaración, emitida en los caracteres que la red social permite, confirmó el inicio de una serie de medidas previstas para ser ejecutadas durante el estado de emergencia decretado en las cárceles de ese país, a propósito de un aumento en el número de los homicidios.

El argumento del Ejecutivo: evitar que desde los recintos penales salgan órdenes sobre crímenes al exterior.

Junto al anuncio llegaron las fotos y videos. Fueron las mismas autoridades de gobierno que, a través de sus cuentas, compartían capturas sobre lo que se vivía al interior: presos de distintas maras, mezclados, todos juntos. Las reacciones se empezaron a oír.

¿Aislamiento social? No para ellos. Al menos así se revisaba en las fotografías y registros de imagen, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde desde finales de marzo existe orden de cuarentena obligatoria para todos, con el fin de controlar el brote de Covid-19.

¿Derechos Humanos? Parece que tampoco. Al menos así lo han denunciado diversos organismos que advierten el impacto que podría ocasionar la medida del presidente Nayib Bukele, al autorizar a los policías y al ejército al uso de “fuerza letal” para contener la ola de violencia en El Salvador.

“Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia”, escribió Bukele en su Twitter para argumentar, la noche del viernes, su medida. Ese día, más de 20 homicidios se habían sucedido, situación que se mantuvo durante todo el fin de semana, a diferencia de lo que había ocurrido desde el inicio del confinamiento con días donde se registró cero muertes por violencia de estos grupos.

La orden del presidente no se detuvo ahí: ordenó suspender todo contacto de los reclusos con el exterior, un “encierro absoluto 24 horas al día” y el aislamiento de los cabecillas de los grupos. A lo que el domingo agregó que el uso de la fuerza letal por parte de policía y ejército “está autorizado para defensa propia o para la defensa de vida de los salvadoreños”, dando carta blanca a las fuerzas de orden comprometiendo, incluso, defensa legal a cuenta del Estado para quienes “sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada”.

El Salvador es uno de los países con las mayores tasas de homicidios en el mundo. En 2017,  alcanzó al 61,8 por cada cien mil habitantes, la mayor del mundo, lo que se tradujo en 3.942 asesinatos ese año. Sin embargo, desde la llegada del actual gobierno, la situación había comenzado a bajar: la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 en 2019, y la cifra se mantenía en un dígito diario desde que comenzó la cuarentena por coronavirus.

Las pandillas más peligros: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que tienen al menos 70.000 miembros.

Luna Meza

En línea con lo planteado por Bukele, el ministro de Justicia ha ido entregando más información al respecto.

Luego de la confirmación de que todas las celdas estarán mezcladas entre miembros de distintas pandillas, confirmó que, hasta nuevo aviso, “todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó la estrategia. A través de una declaración condenaron la acción que califican de violación a los derechos humanos de quienes viven privados de libertad.

Según indican, es una “bomba de tiempo” toda vez que juntar a pandillas diferentes lleva a “un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos y colectivos”.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch también mostró su preocupación: “Bukele pretende darle carta blanca a miembros de la fuerza pública para matar. Sus órdenes a la policía y fuerzas armadas contradicen los estándares internacionales”.

Otras, como la FESPAD, la Fundacion de Estudios para la Aplicación del Derecho, ve en esta autorización al uso de la fuerza letal una demostración de poder ante las pandillas. Saul Baños, director de la FESPAD analiza los anuncios de Bukele y los peligros que estos encierran: “Los miembros del Ejército no están preparados en materia de seguridad pública ni en materia de derechos humanos; también se tienen a los agentes de gatillo fácil, tenemos una historia reciente donde ha habido ejecuciones extrajudiciales. Con este anuncio del Presidente, los agentes podrían volverse más licenciosos para cometer ese tipo de actos y violaciones a los derechos humanos”, dijo a nuestro medio asociado RFI.

Ayer, la ex presidenta de Chile, hoy Alta Comisionada para Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet también declaró al respecto. A través de su Oficina publicó una guía dirigida a los Estados sobre cómo aplicar las medidas de emergencia en el contexto de la COVID-19.

“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, dijo al respecto.

 Foto de portada: RFI