El Penal Cordillera funcionó casi nueve años, desde su creación bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, hasta su anuncio de cierre en la administración de Sebastián Piñera, bajo cuestionados informes que detallaban la reclusión en cabañas, cuidados jardines, y condiciones generales superiores a otros recintos, según los informes del propio Poder Judicial.
En el último año se dio a conocer un informe que revelaba condiciones que algunos catalogaron de “5 estrellas”, en comparación con otros recintos penitenciarios, y además Radio Universidad de Chile dio a conocer que anualmente, el fisco gasta al menos 5 veces más sus reclusos respecto a otros reos.
El Presidente Piñera explicó las razones por la cual determinó cerrar el polémico establecimiento: “La razón detrás de esta decisión se fundamenta en principios y valores, como el principio de la igualdad ante la ley, el principio de la protección de la integridad y seguridad de los internos”
Por su parte, la abogada de Derechos Humanos, Pamela Pereira, señaló que estas son “cuotas de normalidad”, para la realidad que viven los internos del Penal Cordillera, acotando con “privilegios que no se corresponden con el sistema penitenciario”.
En este sentido, la abogada especializada en casos de DD.HH. indicó que “yo creo que lo que cabe destacar es que se va cada vez logrando una cuota de mayor normalidad en esto del trato que debe recibir toda persona que está privada de libertad por la sentencia condenatoria de un delito que determina esa sanción y cada vez acotando y terminando con privilegios que no se corresponden con el sistema penitenciario que debió haberse aplicado en cada caso”. Sin embargo, la cárcel Punta Peuco también cuenta con instalaciones privilegiadas, espacios recreacionales, cocinas, habitaciones y aparatos tecnológicos de libre acceso para los reclusos.
Es por esto que Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cree que el establecimiento debería usarse para la rehabilitación de menores de edad que hayan cometido delitos, más que para dar beneficios a criminales convencidos de que sus actos fueron correctos.
Por esto, la dirigenta de la entidad que agrupa a familiares de las víctimas de la dictadura señaló que “puede servir para los menores de edad por ejemplo que viven en condiciones horrorosas, miserables, sin ninguna posibilidad de poder realizar una vida que lo lleve a superar porque han llegado a una situación carcelaria, entonces hay mucho que hacer y para eso se necesitan lugares donde la gente esté en condiciones de educarse y superar sus faltas con la ley y no para individuos que están absolutamente convencidos de que lo que hicieron era lo correcto”
A Punta Peuco, donde se encuentran reos como Raúl Iturriaga Neumann y Álvaro Corbalán, llegan Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza y Marcelo Moren Brito, altos mandos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), además de José Zara, Hugo Salas Wenzel, David Miranda, César Manríquez y Jorge del Río.
Todos ellos con condenas ratificadas por homicidios, en distintos centros de detención y torturas, o en operaciones como Caravana de la Muerte o el atentado con resultado de muerte del General Carlos Prats.
No llega a la polémica cárcel Odlanier Mena condenado por el caso Caravana de la Muerte y por el asesinato del periodista Augusto Carmona, Odlanier Mena, quien este sábado se suicidó de un disparo en la cabeza, según confirmaron peritos investigativos, en su departamento de Las Condes.
La muerte del uniformado deja una discusión abierta respecto de su permiso salida, la autorización con el que contaba para el porte de armas y las razones de su decisión.