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Año XII, 30 de septiembre de 2020

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Diputada Natalia Castillo propone “transformar las pensiones alimenticias en una política de Estado”

Hasta ahora, el Estado solo ha participado del tema a través del Poder Judicial, pero una moción parlamentaria podría lograr que su rol comience a ser el comprometió al suscribir la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas.

Claudia Carvajal G.

  Viernes 7 de agosto 2020 20:22 hrs. 
Natalia Castillo





Catalina tiene 26 años, terminó su carrera universitaria y está esperando fecha para rendir examen de grado. Vive con su madre, Ángela, quien es la que ha solventado con su trabajo todos sus gastos desde que tiene 11 años. “La última vez que mi papá pagó pensión de alimentos yo estaba en séptimo básico. Mi mamá lo demandó, pero él nunca pagó y al final ella se cansó de buscarlo, de perder el tiempo en los Tribunales y ‘apechugó’ sola conmigo”.

“Pensé en pedir la retención por la devolución del 10 por ciento, pero ir de nuevo a los Tribunales, hacer el trámite y pasar de nuevo por todo eso es tan agotador que no lo hice. Ya casi la tarea está cumplida y no tengo ánimo de estar humillándome de nuevo”, explicó Ángela, consultada por nuestro medio.

Este es uno de los miles de casos de deudas de pensiones alimenticias que se arrastran por años. 180 mil millones de pesos es el monto aproximado según el último reporte del Poder Judicial. Y esos son los casos judicializados porque en muchos casos las madres, quienes mayoritariamente se hacen cargo de los hijos, deciden no iniciar una demanda de pensión a sabiendas que les tomará un largo tiempo obtener una sentencia y que luego será su responsabilidad el obtener el cumplimiento de la misma.

Múltiples iniciativas legales se han presentado para forzar el cumplimiento y sancionar con mayor fuerza la falta de pago, sin ir más lejos, hace solo algunos días, en el marco de la Cuenta Pública al Congreso, el propio presidente de la República reconoció la abrumadora estadística de incumplimiento de las obligaciones por concepto de alimentos.

Piñera mensaje presidencial 2

“Muchas madres no reciben las pensiones de alimentos a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza y la educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho,  4 de cada 5 padres demandados no cumplen con esta obligación. Para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a este Congreso un proyecto de ley que permite al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, la retención del todo o parte del retiro del 10% de los ahorros previsionales a aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias prometió el Mandatario en la oportunidad.

Hasta ahora este tema ha sido tratado como un asunto netamente privado, es decir, entre los padres de los niños, niñas y adolescentes (NNA) y el Estado se ha limitado a cumplir un rol observante a través del Poder Judicial ordenando el cumplimiento de las obligaciones y decretando las medidas coercitivas cuando corresponda.

Pero el Estado tiene una obligación para con los NNA y éste está establecido por la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas al reconocer el derecho “de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Además el instrumento internacional señala que los Estados Partes “de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

La diputada Natalia Castillo (RD) es una de las autoras del proyecto de ley que pretende la imposición de sanciones más duras a los padres incumplidores de su obligación de manutención de los hijos a través de la incorporación en un registro público de deudores y de la calificación del no pago reiterado como maltrato habitual y causal de Violencia Intrafamiliar.

“La pensión de alimentos es un derecho que tiene carácter patrimonial, pero también atiende una necesidad social, porque el derecho de alimentos finalmente lo que garantiza es que NNA puedan desarrollar su vida, entonces viene a proteger el derecho a la vida y a la integridad física y la salud, por eso es tan importante. Por eso también es tan violento no pagar la pensión”, explica la legisladora a Radio Universidad de Chile.

 

Natalia Castillo

Diputada Natalia Castillo.

Pero el asunto va más allá, porque dado que el Estado de Chile suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño, debe actuar como garante de sus derechos. Si un niño no ve respetado su derecho a desarrollar un nivel de vida adecuado, entonces, a futuro las consecuencias serán en distintas dimensiones.
En nuestro país, según los datos del Observatorio de Niñez y Adolescencia prácticamente el 14 por ciento de los NNA vive en situación de pobreza y un 22, 9 en una situación de pobreza multidimensional, si cruzamos estos datos la cifra es escalofriante: 3 de cada 10 NNA viven en pobreza y con la pandemia y consecuente crisis económica, ese número solo irá al alza.

Entonces, si los padres que no tienen el cuidado personal de los niños no pagan la pensión, quienes tienen la tutela deben buscar formas para solventar los gastos de sus hijos, ello muchas veces implica buscar un segundo y hasta un tercer trabajo lo que afecta tanto los derechos de los niños como los de las madres.

“Los niños  lo que necesitan es mantenerse, independientemente de la situación de los padres, y eso no se puede dejar de lado. El no pago de pensiones genera un empobrecimiento en los niños que puede derivar en otras vulneraciones de derechos, como por ejemplo la exclusión escolar. Además dado el no pago, las madres deben buscar otras fuentes de ingreso y ello, indefectiblemente, interviene en los procesos de los niños y eso se asocia a otros problemas como con la vivienda, con los servicios básicos, la salud mental etc. Hay un montón de problemas que se asocian con el no pago de alimentos que pueden tener una incidencia directa o indirecta en la infancia”, explica la diputada Castillo quien antes de ejercer el cargo, trabajaba como abogada litigante en causas de Familia.

Y el Estado, ¿qué hace?

En otros países se entiende que la manutención de los niños no es solo un asunto de cumplimiento de obligaciones legales, sino que es un asunto de la mayor importancia social y política y, como tal, requiere ocupar al Estado.

Así, en Inglaterra por ejemplo hay distintos tipos de ayuda para solventar la crianza de los niños  y estos pueden alcanzar hasta el 70% de los gastos del cuidado de un hijo/a, con un máximo de 175 libras (unos 180 mil pesos chilenos) a la semana o 300 libras semanales (308 mil pesos) por dos o más niños.

En tanto, en España y Francia en caso de existir deudas alimenticias, independientemente de la razón del incumplimiento, es el Estado el garantiza la entrega de los montos y asume la recuperación de estos fondos a través del aparato fiscal.

Esa es la idea que plantea hoy la diputada Castillo a través de la creación de un Fondo Solidario de Pensiones.

“En Chile es muy fácil eludir las responsabilidades que tienen con sus hijos y el Estado no entrega los mecanismos suficientes para hacer el cobro. Por eso planteamos la existencia de este fondo mediante el cual el Estado subsidia la pensión de alimentos en caso que el padre se encuentre moroso y que sea el propio Estado el que se encargue de cobrar con los mecanismos que tiene para ello, sea la retención directa de las devoluciones de impuestos u otras alternativas”.

decalogo

La idea de fondo es transformar las pensiones alimenticias en una política del Estado, porque no es un asunto que provoque polarización política además, es bastante transversal, porque hay familias de derecha y de izquierda enfrentadas a la misma realidad del no pago de pensiones”, agrega la congresista.

En el marco de esa propuesta es que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre diputados, la ministra de la Mujer y el Ministro de Justicia para ver las posibilidades de que el Ejecutivo apoye la idea y avanzar cuanto antes en una solución a la vergonzosa deuda nacional por alimentos.

Es esa deuda la que también hace urgente la aprobación de un Estatuto Integral de Garantías de la Infancia, pues todas las iniciativas legales protectoras de los niños, niñas y adolescentes tienen como punto de inicio la existencia de esa normativa general de derechos.

Así lo señala también la legisladora, representante del distrito 10.

“Hemos levantado una presión por la aprobación del Estatuto Integral de Protección de la infancia y ahora, a propósito del nuevo servicio de la niñez, soy autora de la indicación que promueve que este servicio entre en vigencia junto con la ley general de garantías. El Gobierno presentó un veto en orden a desanclar esas dos legislaciones, pero para nosotros la ley general es la que da el paraguas general para cobijar todas las iniciativas que van en protección de los niños. No olvidemos que el primer enfoque que tiene que tener el Estado es la prevención de la vulneración de derechos y luego cuando se detectan, debe haber resolución”.

“Por ejemplo en el caso de las pensiones adeudadas eso es lo que haría el Fondo Solidario o esta misma retención del 10% al evitar vulneraciones más graves de derechos que finalmente puedan llevar a situaciones de institucionalización de un niño, es decir a derechamente retirarlo de su familia. Hay que evitar separar a las familias, y empoderarlas, empoderar a las mujeres que son las que mayoritariamente se quedan con el cuidado de los hijos. Es el estatuto general de garantías el que da el marco legal para generar estas instituciones que van en protección de los niños”, concluye la congresista.

De este modo es fundamental comprender que Chile tiene el deber de resguardar a quienes serán los futuros miembros activos de la sociedad, por lo tanto, el pago de los alimentos le concierne directamente a la sociedad completa. Del mismo modo, debe ser un tema país el aminorar la brecha de género en materia de coparentalidad de modo que mujeres como Catalina y Ángela no sean vulneradas por sus padres, parejas ni el mismo Estado.