Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados revisó el proyecto de ley que modifica el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para establecer el derecho de voto por correo.
El proyecto también facilita el voto para adultos mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas de cualquier edad que estén en internación hospitalaria, de personas que estén en grupo de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad.
Para ello “el Servicio Electoral podrá facilitar el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile.”
El proyecto surge desde el PPD y cuenta con apoyo de diversos parlamentarios de oposición. Además entre sus autores también está presente la diputada de RN Ximena Ossandón.
En la revisión de la propuesta durante la comisión de este lunes, la diputada del PPD Andrea Parra expuso que los representantes del Estado deben hacer lo posible para garantizar derechos: “Tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas hagan uso de este derecho a sufragio y no al revés, no desincentivarlo, no hacer declaraciones diciendo que las personas no pueden usar su derecho a votar o que están impedidos de aquello”.
“En ninguna parte se señala que las razones sanitarias o estar privado de libertad o tener problemas de alteración de la movilidad impiden este derecho a sufragio, por lo tanto nuestra obligación, independiente del partido político al cual pertenezcamos o si somos independientes o no, es seguir este principio que tiene que ver con facilitar la participación”, añadió la autora del proyecto.
Sin embargo, a pesar de que desde la oposición buscan avanzar en una forma de voto no presencial para garantizar la participación en octubre, esta jornada el Servel terminó de cerrar las puertas para aquello.
El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, confirmó la información en Radio Agricultura, donde explicó que al no haber voluntad del Ejecutivo en patrocinar una iniciativa para esta votación no se podrá hacer nada al respecto. Esto porque un cambio en el método de sufragio implica gastos fiscales, lo que requiere apoyo del Gobierno.
La información fue luego ratificada por Santamaría en la Comisión de Gobierno Interior, instancia en la que si bien valoró nuevas formas de garantizar el voto para quienes no pueden asistir a los establecimientos de votación, dijo que para el plebiscito de octubre la posibilidad ya no está abierta.
“Tomada esa decisión en el escenario actual no van a poder votar, así como no han podido votar mujeres que han sido madres o han tenido el parto en días de la elección o personas que han sido operadas antes, etc, pero lo que no podemos hacer es dejar de legislar“, señaló.
La posición del Gobierno ante este tema ha causado molestia y lamento en la oposición. Así por ejemplo lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker.
“Lamento que el Ejecutivo, que es el único que tenía iniciativa de ley en esta materia porque corresponde a una cuestión de gasto fiscal y también de administración del Estado, se rehuse a patrocinar una iniciativa que permita el voto a través de ministros de fe que les tomen la votación a personas que están contagiadas por COVID. Lo lamento mucho porque es el propio Gobierno a través de la autoridad sanitaria quien ha señalado que estas personas no pueden ejercer su derecho a sufragio que está en la Constitución”, dijo.
Ante este panorama, las opciones se comienzan a agotar, por lo que frente a la negativa del Gobierno la posibilidad que sigue quedando vigente es que la oposición pueda comenzar negociaciones tanto con el oficialismo como con el Ejecutivo para lograr apoyos y sacar adelante, contra el tiempo, una alternativa de voto para las personas contagiadas de COVID-19.
Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados revisó el proyecto de ley que modifica el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para establecer el derecho de voto por correo.
El proyecto también facilita el voto para adultos mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas de cualquier edad que estén en internación hospitalaria, de personas que estén en grupo de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad.
Para ello “el Servicio Electoral podrá facilitar el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile.”
El proyecto surge desde el PPD y cuenta con apoyo de diversos parlamentarios de oposición. Además entre sus autores también está presente la diputada de RN Ximena Ossandón.
En la revisión de la propuesta durante la comisión de este lunes, la diputada del PPD Andrea Parra expuso que los representantes del Estado deben hacer lo posible para garantizar derechos: “Tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas hagan uso de este derecho a sufragio y no al revés, no desincentivarlo, no hacer declaraciones diciendo que las personas no pueden usar su derecho a votar o que están impedidos de aquello”.
“En ninguna parte se señala que las razones sanitarias o estar privado de libertad o tener problemas de alteración de la movilidad impiden este derecho a sufragio, por lo tanto nuestra obligación, independiente del partido político al cual pertenezcamos o si somos independientes o no, es seguir este principio que tiene que ver con facilitar la participación”, añadió la autora del proyecto.
Sin embargo, a pesar de que desde la oposición buscan avanzar en una forma de voto no presencial para garantizar la participación en octubre, esta jornada el Servel terminó de cerrar las puertas para aquello.
El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, confirmó la información en Radio Agricultura, donde explicó que al no haber voluntad del Ejecutivo en patrocinar una iniciativa para esta votación no se podrá hacer nada al respecto. Esto porque un cambio en el método de sufragio implica gastos fiscales, lo que requiere apoyo del Gobierno.
La información fue luego ratificada por Santamaría en la Comisión de Gobierno Interior, instancia en la que si bien valoró nuevas formas de garantizar el voto para quienes no pueden asistir a los establecimientos de votación, dijo que para el plebiscito de octubre la posibilidad ya no está abierta.
“Tomada esa decisión en el escenario actual no van a poder votar, así como no han podido votar mujeres que han sido madres o han tenido el parto en días de la elección o personas que han sido operadas antes, etc, pero lo que no podemos hacer es dejar de legislar“, señaló.
La posición del Gobierno ante este tema ha causado molestia y lamento en la oposición. Así por ejemplo lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker.
“Lamento que el Ejecutivo, que es el único que tenía iniciativa de ley en esta materia porque corresponde a una cuestión de gasto fiscal y también de administración del Estado, se rehuse a patrocinar una iniciativa que permita el voto a través de ministros de fe que les tomen la votación a personas que están contagiadas por COVID. Lo lamento mucho porque es el propio Gobierno a través de la autoridad sanitaria quien ha señalado que estas personas no pueden ejercer su derecho a sufragio que está en la Constitución”, dijo.
Ante este panorama, las opciones se comienzan a agotar, por lo que frente a la negativa del Gobierno la posibilidad que sigue quedando vigente es que la oposición pueda comenzar negociaciones tanto con el oficialismo como con el Ejecutivo para lograr apoyos y sacar adelante, contra el tiempo, una alternativa de voto para las personas contagiadas de COVID-19.
Durante la tarde de este lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados revisó el proyecto de ley que modifica el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para establecer el derecho de voto por correo.
El proyecto también facilita el voto para adultos mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, de personas de cualquier edad que estén en internación hospitalaria, de personas que estén en grupo de riesgo y de personas que se encuentren privadas de libertad.
Para ello “el Servicio Electoral podrá facilitar el voto por medio de carta certificada, pudiendo ser el ministro de fe en la entrega y recepción del voto los funcionarios (carteros) de la Empresa de Correos de Chile.”
El proyecto surge desde el PPD y cuenta con apoyo de diversos parlamentarios de oposición. Además entre sus autores también está presente la diputada de RN Ximena Ossandón.
En la revisión de la propuesta durante la comisión de este lunes, la diputada del PPD Andrea Parra expuso que los representantes del Estado deben hacer lo posible para garantizar derechos: “Tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas hagan uso de este derecho a sufragio y no al revés, no desincentivarlo, no hacer declaraciones diciendo que las personas no pueden usar su derecho a votar o que están impedidos de aquello”.
“En ninguna parte se señala que las razones sanitarias o estar privado de libertad o tener problemas de alteración de la movilidad impiden este derecho a sufragio, por lo tanto nuestra obligación, independiente del partido político al cual pertenezcamos o si somos independientes o no, es seguir este principio que tiene que ver con facilitar la participación”, añadió la autora del proyecto.
Sin embargo, a pesar de que desde la oposición buscan avanzar en una forma de voto no presencial para garantizar la participación en octubre, esta jornada el Servel terminó de cerrar las puertas para aquello.
El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, confirmó la información en Radio Agricultura, donde explicó que al no haber voluntad del Ejecutivo en patrocinar una iniciativa para esta votación no se podrá hacer nada al respecto. Esto porque un cambio en el método de sufragio implica gastos fiscales, lo que requiere apoyo del Gobierno.
La información fue luego ratificada por Santamaría en la Comisión de Gobierno Interior, instancia en la que si bien valoró nuevas formas de garantizar el voto para quienes no pueden asistir a los establecimientos de votación, dijo que para el plebiscito de octubre la posibilidad ya no está abierta.
“Tomada esa decisión en el escenario actual no van a poder votar, así como no han podido votar mujeres que han sido madres o han tenido el parto en días de la elección o personas que han sido operadas antes, etc, pero lo que no podemos hacer es dejar de legislar“, señaló.
La posición del Gobierno ante este tema ha causado molestia y lamento en la oposición. Así por ejemplo lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker.
“Lamento que el Ejecutivo, que es el único que tenía iniciativa de ley en esta materia porque corresponde a una cuestión de gasto fiscal y también de administración del Estado, se rehuse a patrocinar una iniciativa que permita el voto a través de ministros de fe que les tomen la votación a personas que están contagiadas por COVID. Lo lamento mucho porque es el propio Gobierno a través de la autoridad sanitaria quien ha señalado que estas personas no pueden ejercer su derecho a sufragio que está en la Constitución”, dijo.
Ante este panorama, las opciones se comienzan a agotar, por lo que frente a la negativa del Gobierno la posibilidad que sigue quedando vigente es que la oposición pueda comenzar negociaciones tanto con el oficialismo como con el Ejecutivo para lograr apoyos y sacar adelante, contra el tiempo, una alternativa de voto para las personas contagiadas de COVID-19.
