Ministerio del Interior v/s Contraloría General de la República: La disputa por el rayado de cancha a Carabineros
Los cargos presentados contra siete miembros del Alto Mando de Carabineros fueron interpretados como una advertencia del ente fiscalizador, de cara a las posibles manifestaciones por el aniversario del 18-O; marcando una notoria diferencia con un gobierno que se ha centrado en una defensa irrestricta del proceder de la institución.
Tomás González F.
Martes 15 de septiembre 2020 18:51 hrs.
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Este martes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la que se esperaba la presencia del Gobierno, a través de los ministros Víctor Pérez y Mario Desbordes -de Interior y Defensa respectivamente-, y de los generales Ricardo Martínez y Mario Rozas -comandante en Jefe del Ejército y director general de Carabineros-. Pero ninguno de estas cuatro autoridades llegó finalmente a la sesión que tenía como objetivo analizar el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto del Estallido Social. Esto, a pocos días de que la Contraloría decidiera presentar cargos administrativos en contra de siete generales del Alto Mando de Carabineros, por sus responsabilidades en los abusos cometidos por personal policial en las manifestaciones registradas en los meses posteriores al 18 de octubre pasado.
Donde sí habló el general director de Carabineros, Mario Rozas, fue en un balance policial que hizo la mañana de este martes la institución. Ahí, flanqueado por el ministro del Interior, fue consultado por los cargos que presentó Contraloría y aprovechó de agradecer el irrestricto respaldo que le ha dado el Gobierno a su actuar. El General defendió a su Alto Mando de las acusaciones, señalando que la situación hasta la fecha ha sido “muy adversa” e ironizó diciendo que actualmente “hay muchos estrategas policiales que están atentando contra la labor que estamos realizando”.
La actuación del ente fiscalizador desató una oleada de críticas desde el oficialismo, desde La Moneda, y también desde Carabineros. La acción fue calificada como “ilegal”, como “lamentable” y como “dañina” por autoridades de gobierno y también por quienes han defendido el accionar de la policía uniformada en el control del orden público. Con todo esto, se ha abierto una suerte de pugna entre el Ministerio del Interior y la Contraloría, en donde el núcleo central de la disputa tiene que ver finalmente con el “rayado de cancha” a la policía uniformada.
La institución de Carabineros de Chile ha sido fuertemente cuestionada por distintas organizaciones internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, entre otros, han entregado recomendaciones en torno a la labor de la policía uniformada. Foto: Archivo.
Así las cosas, el análisis político que hacen los expertos es que hoy está siendo la Contraloría General de la República la que está poniéndole límites a la institución de Orden y Seguridad; en contraste con un gobierno que se ha centrado en una defensa irrestricta a la institución y le ha prestado su apoyo, hasta el momento, de manera incondicional. Y las fechas parecen no ser coincidencias. La notificación a los generales de los cargos que se presentaron en su contra se llevó a cabo la mañana del 11 de septiembre, además, un mes antes del primer aniversario del estallido del 18 de octubre pasado y del plebiscito constitucional.
La hipótesis que plantea el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, tiene que ver con la intencionalidad de una Contraloría que hace esto con un propósito “disuasorio” y con el objetivo de que la institución de Orden y Seguridad no se “desbande” en las posibles manifestaciones que se desarrollarán para conmemorar la fecha.
“De alguna forma intenta ponerle un límite a lo que viene ahora, que tiene que ver con el aniversario del 18 de octubre en un mes más, con que cada vez sale más gente a manifestarse y con que viene el plebiscito constituyente. Por lo tanto, uno desde el punto de vista político ve como un rayado de cancha que hace la Contraloría respecto de una institución que tiene sus propias facultades para actuar“, señaló el cientista político en conversación con Radioanálisis.
“Pero ese rayado de cancha me parece que a veces la Contraloría, no sé si lo excede, pero sí pone un punto, que así como tenemos que desdramatizar el tema de las investigaciones, uno no puede soslayar que en algunos casos quienes ejercen en ciertas instituciones tienen un rol político que es súper relevante -que uno puede o no compartirlo-, pero es curioso”, agregó el investigador del Instituto Libertad.
La tarea de llevar las riendas políticas de la institución de Carabineros no es sencilla. No lo ha sido para ninguno de los ministros que se han hecho cargo de la cartera de Interior y Seguridad Pública en la actual Administración. Quien ocupaba el cargo de titular de Interior el 18 de octubre pasado, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente e inhabilitado de ejercer cargos públicos por su responsabilidad política en las violaciones a derechos humanos cometidas por uniformados en octubre pasado. Así también, su sucesor, Gonzalo Blumel, estuvo contra las cuerdas por los informes internacionales que daban cuenta de graves vulneraciones por parte del personal policial.
El actual titular de Interior, Víctor Pérez, al igual que sus antecesores, se ve enfrentado en una pugna para ver quién fiscalizar a Carabineros. Foto: Ministerio del Interior.
Hoy, el actual ministro de Interior, Víctor Pérez, se ve enfrentado en una pugna con el organismo fiscalizador del Estado, cuya consecuencia es el marco en que se debe producir el actuar de Carabineros. Así las cosas, ha quedado en evidencia que el Gobierno ya tomó una posición definitiva respecto de su relación con la policía uniformada.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política y experta en temas de seguridad, Lucía Dammert, definió este nuevo ciclo en la relación con Carabineros como una segunda etapa, en donde, para ella, el Ejecutivo ha dejado pasar situaciones que en otro contexto no habría dejado pasar, como que se niegue la responsabilidad de los Altos Mandos en el accionar en terreno de la policía uniformada.
“El Gobierno efectivamente ha pasado a una ‘Fase B’ en la relación con Carabineros, siendo la ‘Fase A’ la que impulsaba el exministro Blumel, en donde se llegó incluso a hablar de una posibilidad de reforma. En esta segunda fase, implementada y auspiciada por el ministro Pérez, la estrategia es apoyar a la institución a ojos cerrados, buscando que también cumpla el rol que ellos esperan -en términos de control, represión y otros-, ya sea para el proceso plebiscitario, para el proceso post COVID-19 y, obviamente, para el proceso de algún tipo de protestas. El Gobierno lo que busca es no abrir flancos que puedan debilitar, sino más bien fortalecer a la institución policial”, sostuvo Dammert.
“El Ejecutivo está aprovechando la situación COVID-19 para dejar pasar cosas que en otras circunstancias no habrían dejado pasar, como esta auto-percepción de que la responsabilidad policial del Alto Mando sobre las acciones policiales en terreno no existe, lo cual está por fuera de cualquier entendimiento de cómo funcionan las policías“, concluyó la también académica de la Universidad de Santiago.
Ahora, luego de la notificación de los cargos por parte de Contraloría, los funcionarios del Alto Mando de Carabineros involucrados tienen plazo para presentar su versión sobre los hechos reprochados. Luego de esto, la Contraloría General evaluará la respuesta de los uniformados acusados y, eventualmente, propondrá sanciones al superior de la institución de Orden y Seguridad: en este caso, el general director, Mario Rozas. Estas sanciones deberán ser aceptadas o rechazadas por Rozas, quien luego deberá remitirlas al Presidente de la República, quien podrá confirmarlas o desestimarlas según su criterio.
Este martes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la que se esperaba la presencia del Gobierno, a través de los ministros Víctor Pérez y Mario Desbordes -de Interior y Defensa respectivamente-, y de los generales Ricardo Martínez y Mario Rozas -comandante en Jefe del Ejército y director general de Carabineros-. Pero ninguno de estas cuatro autoridades llegó finalmente a la sesión que tenía como objetivo analizar el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto del Estallido Social. Esto, a pocos días de que la Contraloría decidiera presentar cargos administrativos en contra de siete generales del Alto Mando de Carabineros, por sus responsabilidades en los abusos cometidos por personal policial en las manifestaciones registradas en los meses posteriores al 18 de octubre pasado.
Donde sí habló el general director de Carabineros, Mario Rozas, fue en un balance policial que hizo la mañana de este martes la institución. Ahí, flanqueado por el ministro del Interior, fue consultado por los cargos que presentó Contraloría y aprovechó de agradecer el irrestricto respaldo que le ha dado el Gobierno a su actuar. El General defendió a su Alto Mando de las acusaciones, señalando que la situación hasta la fecha ha sido “muy adversa” e ironizó diciendo que actualmente “hay muchos estrategas policiales que están atentando contra la labor que estamos realizando”.
La actuación del ente fiscalizador desató una oleada de críticas desde el oficialismo, desde La Moneda, y también desde Carabineros. La acción fue calificada como “ilegal”, como “lamentable” y como “dañina” por autoridades de gobierno y también por quienes han defendido el accionar de la policía uniformada en el control del orden público. Con todo esto, se ha abierto una suerte de pugna entre el Ministerio del Interior y la Contraloría, en donde el núcleo central de la disputa tiene que ver finalmente con el “rayado de cancha” a la policía uniformada.
La institución de Carabineros de Chile ha sido fuertemente cuestionada por distintas organizaciones internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, entre otros, han entregado recomendaciones en torno a la labor de la policía uniformada. Foto: Archivo.
Así las cosas, el análisis político que hacen los expertos es que hoy está siendo la Contraloría General de la República la que está poniéndole límites a la institución de Orden y Seguridad; en contraste con un gobierno que se ha centrado en una defensa irrestricta a la institución y le ha prestado su apoyo, hasta el momento, de manera incondicional. Y las fechas parecen no ser coincidencias. La notificación a los generales de los cargos que se presentaron en su contra se llevó a cabo la mañana del 11 de septiembre, además, un mes antes del primer aniversario del estallido del 18 de octubre pasado y del plebiscito constitucional.
La hipótesis que plantea el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, tiene que ver con la intencionalidad de una Contraloría que hace esto con un propósito “disuasorio” y con el objetivo de que la institución de Orden y Seguridad no se “desbande” en las posibles manifestaciones que se desarrollarán para conmemorar la fecha.
“De alguna forma intenta ponerle un límite a lo que viene ahora, que tiene que ver con el aniversario del 18 de octubre en un mes más, con que cada vez sale más gente a manifestarse y con que viene el plebiscito constituyente. Por lo tanto, uno desde el punto de vista político ve como un rayado de cancha que hace la Contraloría respecto de una institución que tiene sus propias facultades para actuar“, señaló el cientista político en conversación con Radioanálisis.
“Pero ese rayado de cancha me parece que a veces la Contraloría, no sé si lo excede, pero sí pone un punto, que así como tenemos que desdramatizar el tema de las investigaciones, uno no puede soslayar que en algunos casos quienes ejercen en ciertas instituciones tienen un rol político que es súper relevante -que uno puede o no compartirlo-, pero es curioso”, agregó el investigador del Instituto Libertad.
La tarea de llevar las riendas políticas de la institución de Carabineros no es sencilla. No lo ha sido para ninguno de los ministros que se han hecho cargo de la cartera de Interior y Seguridad Pública en la actual Administración. Quien ocupaba el cargo de titular de Interior el 18 de octubre pasado, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente e inhabilitado de ejercer cargos públicos por su responsabilidad política en las violaciones a derechos humanos cometidas por uniformados en octubre pasado. Así también, su sucesor, Gonzalo Blumel, estuvo contra las cuerdas por los informes internacionales que daban cuenta de graves vulneraciones por parte del personal policial.
El actual titular de Interior, Víctor Pérez, al igual que sus antecesores, se ve enfrentado en una pugna para ver quién fiscalizar a Carabineros. Foto: Ministerio del Interior.
Hoy, el actual ministro de Interior, Víctor Pérez, se ve enfrentado en una pugna con el organismo fiscalizador del Estado, cuya consecuencia es el marco en que se debe producir el actuar de Carabineros. Así las cosas, ha quedado en evidencia que el Gobierno ya tomó una posición definitiva respecto de su relación con la policía uniformada.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política y experta en temas de seguridad, Lucía Dammert, definió este nuevo ciclo en la relación con Carabineros como una segunda etapa, en donde, para ella, el Ejecutivo ha dejado pasar situaciones que en otro contexto no habría dejado pasar, como que se niegue la responsabilidad de los Altos Mandos en el accionar en terreno de la policía uniformada.
“El Gobierno efectivamente ha pasado a una ‘Fase B’ en la relación con Carabineros, siendo la ‘Fase A’ la que impulsaba el exministro Blumel, en donde se llegó incluso a hablar de una posibilidad de reforma. En esta segunda fase, implementada y auspiciada por el ministro Pérez, la estrategia es apoyar a la institución a ojos cerrados, buscando que también cumpla el rol que ellos esperan -en términos de control, represión y otros-, ya sea para el proceso plebiscitario, para el proceso post COVID-19 y, obviamente, para el proceso de algún tipo de protestas. El Gobierno lo que busca es no abrir flancos que puedan debilitar, sino más bien fortalecer a la institución policial”, sostuvo Dammert.
“El Ejecutivo está aprovechando la situación COVID-19 para dejar pasar cosas que en otras circunstancias no habrían dejado pasar, como esta auto-percepción de que la responsabilidad policial del Alto Mando sobre las acciones policiales en terreno no existe, lo cual está por fuera de cualquier entendimiento de cómo funcionan las policías“, concluyó la también académica de la Universidad de Santiago.
Ahora, luego de la notificación de los cargos por parte de Contraloría, los funcionarios del Alto Mando de Carabineros involucrados tienen plazo para presentar su versión sobre los hechos reprochados. Luego de esto, la Contraloría General evaluará la respuesta de los uniformados acusados y, eventualmente, propondrá sanciones al superior de la institución de Orden y Seguridad: en este caso, el general director, Mario Rozas. Estas sanciones deberán ser aceptadas o rechazadas por Rozas, quien luego deberá remitirlas al Presidente de la República, quien podrá confirmarlas o desestimarlas según su criterio.
Este martes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la que se esperaba la presencia del Gobierno, a través de los ministros Víctor Pérez y Mario Desbordes -de Interior y Defensa respectivamente-, y de los generales Ricardo Martínez y Mario Rozas -comandante en Jefe del Ejército y director general de Carabineros-. Pero ninguno de estas cuatro autoridades llegó finalmente a la sesión que tenía como objetivo analizar el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en el contexto del Estallido Social. Esto, a pocos días de que la Contraloría decidiera presentar cargos administrativos en contra de siete generales del Alto Mando de Carabineros, por sus responsabilidades en los abusos cometidos por personal policial en las manifestaciones registradas en los meses posteriores al 18 de octubre pasado.
Donde sí habló el general director de Carabineros, Mario Rozas, fue en un balance policial que hizo la mañana de este martes la institución. Ahí, flanqueado por el ministro del Interior, fue consultado por los cargos que presentó Contraloría y aprovechó de agradecer el irrestricto respaldo que le ha dado el Gobierno a su actuar. El General defendió a su Alto Mando de las acusaciones, señalando que la situación hasta la fecha ha sido “muy adversa” e ironizó diciendo que actualmente “hay muchos estrategas policiales que están atentando contra la labor que estamos realizando”.
La actuación del ente fiscalizador desató una oleada de críticas desde el oficialismo, desde La Moneda, y también desde Carabineros. La acción fue calificada como “ilegal”, como “lamentable” y como “dañina” por autoridades de gobierno y también por quienes han defendido el accionar de la policía uniformada en el control del orden público. Con todo esto, se ha abierto una suerte de pugna entre el Ministerio del Interior y la Contraloría, en donde el núcleo central de la disputa tiene que ver finalmente con el “rayado de cancha” a la policía uniformada.
La institución de Carabineros de Chile ha sido fuertemente cuestionada por distintas organizaciones internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, entre otros, han entregado recomendaciones en torno a la labor de la policía uniformada. Foto: Archivo.
Así las cosas, el análisis político que hacen los expertos es que hoy está siendo la Contraloría General de la República la que está poniéndole límites a la institución de Orden y Seguridad; en contraste con un gobierno que se ha centrado en una defensa irrestricta a la institución y le ha prestado su apoyo, hasta el momento, de manera incondicional. Y las fechas parecen no ser coincidencias. La notificación a los generales de los cargos que se presentaron en su contra se llevó a cabo la mañana del 11 de septiembre, además, un mes antes del primer aniversario del estallido del 18 de octubre pasado y del plebiscito constitucional.
La hipótesis que plantea el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, tiene que ver con la intencionalidad de una Contraloría que hace esto con un propósito “disuasorio” y con el objetivo de que la institución de Orden y Seguridad no se “desbande” en las posibles manifestaciones que se desarrollarán para conmemorar la fecha.
“De alguna forma intenta ponerle un límite a lo que viene ahora, que tiene que ver con el aniversario del 18 de octubre en un mes más, con que cada vez sale más gente a manifestarse y con que viene el plebiscito constituyente. Por lo tanto, uno desde el punto de vista político ve como un rayado de cancha que hace la Contraloría respecto de una institución que tiene sus propias facultades para actuar“, señaló el cientista político en conversación con Radioanálisis.
“Pero ese rayado de cancha me parece que a veces la Contraloría, no sé si lo excede, pero sí pone un punto, que así como tenemos que desdramatizar el tema de las investigaciones, uno no puede soslayar que en algunos casos quienes ejercen en ciertas instituciones tienen un rol político que es súper relevante -que uno puede o no compartirlo-, pero es curioso”, agregó el investigador del Instituto Libertad.
La tarea de llevar las riendas políticas de la institución de Carabineros no es sencilla. No lo ha sido para ninguno de los ministros que se han hecho cargo de la cartera de Interior y Seguridad Pública en la actual Administración. Quien ocupaba el cargo de titular de Interior el 18 de octubre pasado, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente e inhabilitado de ejercer cargos públicos por su responsabilidad política en las violaciones a derechos humanos cometidas por uniformados en octubre pasado. Así también, su sucesor, Gonzalo Blumel, estuvo contra las cuerdas por los informes internacionales que daban cuenta de graves vulneraciones por parte del personal policial.
El actual titular de Interior, Víctor Pérez, al igual que sus antecesores, se ve enfrentado en una pugna para ver quién fiscalizar a Carabineros. Foto: Ministerio del Interior.
Hoy, el actual ministro de Interior, Víctor Pérez, se ve enfrentado en una pugna con el organismo fiscalizador del Estado, cuya consecuencia es el marco en que se debe producir el actuar de Carabineros. Así las cosas, ha quedado en evidencia que el Gobierno ya tomó una posición definitiva respecto de su relación con la policía uniformada.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política y experta en temas de seguridad, Lucía Dammert, definió este nuevo ciclo en la relación con Carabineros como una segunda etapa, en donde, para ella, el Ejecutivo ha dejado pasar situaciones que en otro contexto no habría dejado pasar, como que se niegue la responsabilidad de los Altos Mandos en el accionar en terreno de la policía uniformada.
“El Gobierno efectivamente ha pasado a una ‘Fase B’ en la relación con Carabineros, siendo la ‘Fase A’ la que impulsaba el exministro Blumel, en donde se llegó incluso a hablar de una posibilidad de reforma. En esta segunda fase, implementada y auspiciada por el ministro Pérez, la estrategia es apoyar a la institución a ojos cerrados, buscando que también cumpla el rol que ellos esperan -en términos de control, represión y otros-, ya sea para el proceso plebiscitario, para el proceso post COVID-19 y, obviamente, para el proceso de algún tipo de protestas. El Gobierno lo que busca es no abrir flancos que puedan debilitar, sino más bien fortalecer a la institución policial”, sostuvo Dammert.
“El Ejecutivo está aprovechando la situación COVID-19 para dejar pasar cosas que en otras circunstancias no habrían dejado pasar, como esta auto-percepción de que la responsabilidad policial del Alto Mando sobre las acciones policiales en terreno no existe, lo cual está por fuera de cualquier entendimiento de cómo funcionan las policías“, concluyó la también académica de la Universidad de Santiago.
Ahora, luego de la notificación de los cargos por parte de Contraloría, los funcionarios del Alto Mando de Carabineros involucrados tienen plazo para presentar su versión sobre los hechos reprochados. Luego de esto, la Contraloría General evaluará la respuesta de los uniformados acusados y, eventualmente, propondrá sanciones al superior de la institución de Orden y Seguridad: en este caso, el general director, Mario Rozas. Estas sanciones deberán ser aceptadas o rechazadas por Rozas, quien luego deberá remitirlas al Presidente de la República, quien podrá confirmarlas o desestimarlas según su criterio.
