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Año XVI, 19 de marzo de 2024


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Mauricio Daza: “La ley de Seguridad Interior del Estado no se justifica en los parámetros de un Estado de derecho”

Ante la invocación, por parte del Gobierno, de la criticada ley en contra de comunidades mapuche que anunciaron la recuperación de tierras ancestrales, el abogado sostuvo que "Acá hay una arbitrariedad, acá básicamente lo que se pretende es castigar a un grupo y no hacerlo respecto de otro".

Camilo Villa J.

  Viernes 25 de septiembre 2020 19:44 hrs. 
Mauricio Daza

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Fue en la región de La Araucanía que el ministro del Interior, Víctor Pérez, invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado para querellarse en contra de comunidades mapuche que, a través de una carta, anunciaron un “proceso de restitución de tierras ancestrales”.

«Nadie puede amenazar en nuestro país, no es legítimo amenazar, por lo tanto, quien amenaza tiene que enfrentar lo que un Estado democrático tiene que son que los tribunales califiquen su acción”, señaló el jefe de gabinete de Sebastián Piñera.

Como era de esperarse, el anuncio de La Moneda generó inmediatas críticas desde distintos ámbitos, tanto en la esfera política como de derechos humanos.

Desde el mundo del Derecho, y en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado Mauricio Daza también condenó el accionar del Ejecutivo, apuntando que la invocación de la Ley de Seguridad del Estado es absolutamente innecesaria.

El magister en derecho penal fue más allá y sostuvo que una ley como la mencionada no debe tener cabida en un país que se jacta de democrático, pues dicha normativa tiene por objetivo perseguir a quienes se oponen a las políticas de un determinado gobernó de turno.

“Esta es la mejor demostración en cuanto a la existencia de una legislación penal la cual es utilizada como una vía de persecución en contra de quienes son opositores de un gobierno de turno. En ese sentido, una ley como la de Seguridad Interior del Estado no se justifica en los parámetros de un Estado de derecho en forma y en los estándares internacionales propios de una democracia occidental del siglo XXI”.

Y en esa función de ser una ley persecutora, es que quedaría a la absoluta arbitrariedad del Gobierno a quien se le aplica o no.

En ese sentido, Daza recordó lo acontecido con el paro de camioneros en agosto pasado, donde pese a los cortes de ruta, barricadas y amenazas a ciudadanos, no se invocó la Ley de Seguridad del Estado. Para el abogado, esto grafica muy bien que, para el Ejecutivo, esta ley debe caer sobre sus opositores y no sobre sus simpatizantes.

Acá hay una arbitrariedad, acá básicamente lo que se pretende es castigar a un grupo y no hacerlo respecto de otro, y eso basado en si son o no favorables a las posturas del Gobierno, y esto es un ejercicio abusivo el poder público, por lo que estamos ante una situación que, a mi juicio, es impresentable, y espero que los tribunales puedan considerar esta situación, porque los Tribunales de Justicia no son simples buzones de las querellas que presenta el Gobierno, especialmente cuando se invoca este tipo de legislación”.

El abogado se refirió a esta forma de actuar del actual Gobierno de Sebastián Piñera. Si bien para Daza en el Chile post dictadura no se ha logrado una democracia plena, en este segundo mandato de Sebastián Piñera aquella falencia se ha notado mucho más pues, a su juicio, el Ejecutivo ha abusado de su poder para neutralizar a quienes se les oponen.

“La verdad es que el año noventa terminó la dictadura, pero no se estableció una democracia propiamente tal, en términos de su calidad sustantiva, más allá de lo que puede ser un nombre o un determinado logotipo. En ese sentido, la actuación del Gobierno de Sebastián Piñera ha colocado esto de una manera bastante latente, a vista y paciencia de toda la comunidad. La verdad es que acá se siente el poder público de una manera absolutamente abusiva, selectiva, donde se aplica con particular fuerza cierta legislación en contra de quienes se manifiestan en contra de las posturas del Gobierno”.

En ese sentido, Mauricio Daza sostuvo que la institucionalidad del país debe ser cambiada, para que ningún Gobierno de turno pueda tener la atribución de perseguir a quienes se les oponen.

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