A partir de la resolución, el máximo tribunal de Justicia reafirmó la condena de 23 años de cárcel impuesta contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
El académico de la Universidad de Chile manifestó además que “no es casual” la vinculación entre este grupo “y la instalación de la oligarquía militar y financiera, a partir del Golpe de Estado”.
En materias del PS, Soto consideró “injustas e incluso destempladas” las críticas que Espinoza dirigió a las ministras Tohá y Uriarte, en cuanto no es posible acusar de lobby al Gobierno cuando busca respaldos sobre una propuesta del Presidente.
La autoridad agregó que no existen argumentos para continuar con el corte de rutas ya que hay un compromiso suscrito con el Ejecutivo. Adelantó que de ser necesario “el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado”.
Los legisladores respaldaron la labor del Ministerio Público y la PDI y calificaron como “muy relevante” la resolución del tribunal “para enfrentar la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur”.
Según el tribunal, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío y fijó en 30 días el plazo de investigación.
La titular de Interior destacó el trabajo conjunto del Ministerio Público y la PDI que materializó la aprehensión del vocero de la CAM. Entre los delitos que se le imputan están los de Ley de Seguridad del Estado y hurto de madera.
Ante la invocación, por parte del Gobierno, de la criticada ley en contra de comunidades mapuche que anunciaron la recuperación de tierras ancestrales, el abogado sostuvo que “Acá hay una arbitrariedad, acá básicamente lo que se pretende es castigar a un grupo y no hacerlo respecto de otro”.
Un grupo de comunidades mapuche advirtieron a La Moneda, a través de una carta, que comenzarán un proceso de recuperación de tierras ancestrales, ante lo cual el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado.
Esteban Bustos, Rubén Rivas y Gilberto Mendoza arriesgan hasta 10 años de cárcel por Ley de Seguridad del Estado.
Cuestionamientos apuntan a la aplicación de leyes más gravosas de lo que correspondería, como ocurre con la Ley sobre Control de Armas y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. “Acudir a ese recurso, respecto de jóvenes, es tan grave como invocarles la Ley Antiterrorista”, asegura la abogada y académica Myrna Villegas.
“Quiero decirlo con mucha claridad: toda medida que sea necesaria para combatir con mayor eficacia los incendios, y también para combatir con mayor eficacia la violencia rural y el terrorismo, la vamos a aplicar”, expresó el mandatario en Temuco.
