Vulneración de la intimidad: Oposición acude a Contraloría y Consejo para la Transparencia por oficio de ministro Briones
Tanto el Partido por la Democracia como la Democracia Cristiana acudieron a ambos órganos en orden a que se revise el actuar del Ministerio de Hacienda. El Consejo para la Transparencia ya ofició a la cartera pidiendo información y en Contraloría ya se cuentan más de 300 denuncias personales por vulneración de garantías.
Claudia Carvajal G.
Jueves 5 de noviembre 2020 17:29 hrs.
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Un oficio con la solicitud de parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, para la entrega de la nómina de los cotizantes que solicitaron a sus AFP el retiro del 10 por ciento de sus fondos previsionales con individualización de sus nombres, rut y montos, ha desatado una nueva polémica y capturado la discusión pública en las últimas horas. Fue Luis Mesina, dirigente de No +AFP quien dio a conocer el documento dirigido al superintendente Osvaldo Macías a través de redes sociales criticando duramente la acción del secretario de Estado por el riesgo que implica eso en materia de protección de datos personales.
Naturalmente el asunto llegó al Congreso Nacional y distintos partidos de oposición se apresuraron en rechazar el requerimiento realizado por la cartera de Hacienda, como fue el caso del Partido por la Democracia que en la noche del miércoles difundió un comunicado público informado de una presentación a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el mencionado oficio.
En el texto, los diputados Raúl Soto, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Andrea Parra, Tucapel Jiménez, Rodrigo González y Ricardo Celis aluden a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada que, en su artículo 7°, consagra el principio del secreto en el tratamiento de datos, “los cuales no pueden ser utilizados para una finalidad distinta a la inicialmente establecida para su almacenamiento y tratamiento. Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 numeral 4°, consagra como derecho fundamental, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales”.
Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados de ese partido, manifestó además que el requerimiento del ministro Briones reviste un abuso de autoridad que debe ser fiscalizado por el ente contralor.
Raúl Soto.
“Creemos que la solicitud de datos personales de quienes hicieron el primer retiro de fondos de AFP realizada por el ministro Briones a la Superintendencia de Pensiones es arbitraria, abusiva y no se ajusta a la ley, por lo tanto debe ser corregida y fiscalizada por la Contraloría, de manera tal de resguardar adecuadamente los datos personales de aquellos ciudadanos de nuestro país. No vamos a aceptar amedrentamientos a la población y mucho menos mal utilización de datos sensibles y personales”.
Aunque Hacienda salió rápidamente a aclarar la situación y mediante una declaración aseguraron que la solicitud realizada responde a un uso legítimo de sus facultades y con fines netamente estadísticos, “para evaluar el potencial impacto de la medida del retiro de fondos de pensiones sobre el sistema financiero del país y su impacto fiscal y tributario asociado”. A la vez, señalaron que, de esta forma, “se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico, que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia”, y aseveraron que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.
Desde la Democracia Cristiana, en tanto, decidieron concurrir al Consejo para la Transparencia para una ingresar denuncia “destinada a la protección de los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos”. Según el diputado Gabriel Silber, el oficio de Hacienda vulnera gravemente los derechos constitucionales de los cotizantes.
Gabriel Silber este jueves entregando la solicitud al CPLT.
“Acá se ha transgredido la Constitución, hay una violación a la intimidad, la privacidad y al derecho de propiedad de millones de chilenos y, en consecuencia, esperamos una reacción enérgica del Consejo para la Transparencia y no descartamos desde la bancada de la Democracia Cristiana otro tipo de acciones, incluso legales y penales ante lo hecho por Hacienda”.
También desde la Federación Regionalista Verde Social manifestaron su preocupación por el oficio emanado del Ministerio de Hacienda por el posible destino que se le podría entregar a los datos recopilados desde la Superintendencia de Pensiones. La diputada Alejandra Sepúlveda aseguró que si bien el ministro Briones tiene facultades para pedir tales datos como presidente de la comisión de mercado de capitales, para fines estadísticos no requiere la información sensible de los ciudadanos.
“Creo que él tiene las atribuciones para hacerlo, sin embargo, mi preocupación es el uso que se le pueda dar a tal información porque si se plantea que solo es con fines estadísticos, esos datos se pueden pedir sin nombre y sin rut. Además todos sabemos que las cosas desaparecen de los escritorios de los ministros y aparecen en la prensa, eso complica porque tiene que ver con la privacidad de las personas”, criticó la parlamentaria por el distrito 16.
El propio Consejo para la Transparencia informó esta mañana que ya se ofició a la cartera para solicitar mayores antecedentes según lo que les mandata la propia ley de transparencia en cuanto a su obligación de vigilar la protección de los datos personales. La recientemente nombrada presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que emitirán un pronunciamiento una vez recibidos los datos desde Hacienda.
Gloria de la Fuente.
“Esta acción que hemos realizado busca básicamente aclarar las cosas ya que existe una disposición legal, a la que le falta sin duda actualización, pero que establece los principios de finalidad y proporcionalidad,(…) entonces estamos pidiendo que se nos explique cuáles son las razones por las cuales se les está solicitando información personal para fines estadísticos, tal como ha señalado la cartera. Creemos de todas formas que nos vamos a pronunciar en su minuto cuando tengamos todos los antecedentes a la vista y no antes.
El principio de finalidad, al que aludió la presidenta del CPLT, dice relación con que se explique por qué el Ministerio de Hacienda requiere esta información, cuál es su fin y si tales antecedentes sirven para ese fin, en tanto el de de proporcionalidad se relaciona con si esa información que se pidió no puede ser obtenida por otros medios por parte de la cartera.
Gloria de la Fuente también aclaró que el órgano que ella dirige efectivamente puede tomar conocimiento y dictar un pronunciamiento respecto de la materia, pero carece de capacidad de sancionar.
Un oficio con la solicitud de parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, para la entrega de la nómina de los cotizantes que solicitaron a sus AFP el retiro del 10 por ciento de sus fondos previsionales con individualización de sus nombres, rut y montos, ha desatado una nueva polémica y capturado la discusión pública en las últimas horas. Fue Luis Mesina, dirigente de No +AFP quien dio a conocer el documento dirigido al superintendente Osvaldo Macías a través de redes sociales criticando duramente la acción del secretario de Estado por el riesgo que implica eso en materia de protección de datos personales.
Naturalmente el asunto llegó al Congreso Nacional y distintos partidos de oposición se apresuraron en rechazar el requerimiento realizado por la cartera de Hacienda, como fue el caso del Partido por la Democracia que en la noche del miércoles difundió un comunicado público informado de una presentación a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el mencionado oficio.
En el texto, los diputados Raúl Soto, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Andrea Parra, Tucapel Jiménez, Rodrigo González y Ricardo Celis aluden a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada que, en su artículo 7°, consagra el principio del secreto en el tratamiento de datos, “los cuales no pueden ser utilizados para una finalidad distinta a la inicialmente establecida para su almacenamiento y tratamiento. Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 numeral 4°, consagra como derecho fundamental, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales”.
Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados de ese partido, manifestó además que el requerimiento del ministro Briones reviste un abuso de autoridad que debe ser fiscalizado por el ente contralor.
Raúl Soto.
“Creemos que la solicitud de datos personales de quienes hicieron el primer retiro de fondos de AFP realizada por el ministro Briones a la Superintendencia de Pensiones es arbitraria, abusiva y no se ajusta a la ley, por lo tanto debe ser corregida y fiscalizada por la Contraloría, de manera tal de resguardar adecuadamente los datos personales de aquellos ciudadanos de nuestro país. No vamos a aceptar amedrentamientos a la población y mucho menos mal utilización de datos sensibles y personales”.
Aunque Hacienda salió rápidamente a aclarar la situación y mediante una declaración aseguraron que la solicitud realizada responde a un uso legítimo de sus facultades y con fines netamente estadísticos, “para evaluar el potencial impacto de la medida del retiro de fondos de pensiones sobre el sistema financiero del país y su impacto fiscal y tributario asociado”. A la vez, señalaron que, de esta forma, “se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico, que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia”, y aseveraron que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.
Desde la Democracia Cristiana, en tanto, decidieron concurrir al Consejo para la Transparencia para una ingresar denuncia “destinada a la protección de los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos”. Según el diputado Gabriel Silber, el oficio de Hacienda vulnera gravemente los derechos constitucionales de los cotizantes.
Gabriel Silber este jueves entregando la solicitud al CPLT.
“Acá se ha transgredido la Constitución, hay una violación a la intimidad, la privacidad y al derecho de propiedad de millones de chilenos y, en consecuencia, esperamos una reacción enérgica del Consejo para la Transparencia y no descartamos desde la bancada de la Democracia Cristiana otro tipo de acciones, incluso legales y penales ante lo hecho por Hacienda”.
También desde la Federación Regionalista Verde Social manifestaron su preocupación por el oficio emanado del Ministerio de Hacienda por el posible destino que se le podría entregar a los datos recopilados desde la Superintendencia de Pensiones. La diputada Alejandra Sepúlveda aseguró que si bien el ministro Briones tiene facultades para pedir tales datos como presidente de la comisión de mercado de capitales, para fines estadísticos no requiere la información sensible de los ciudadanos.
“Creo que él tiene las atribuciones para hacerlo, sin embargo, mi preocupación es el uso que se le pueda dar a tal información porque si se plantea que solo es con fines estadísticos, esos datos se pueden pedir sin nombre y sin rut. Además todos sabemos que las cosas desaparecen de los escritorios de los ministros y aparecen en la prensa, eso complica porque tiene que ver con la privacidad de las personas”, criticó la parlamentaria por el distrito 16.
El propio Consejo para la Transparencia informó esta mañana que ya se ofició a la cartera para solicitar mayores antecedentes según lo que les mandata la propia ley de transparencia en cuanto a su obligación de vigilar la protección de los datos personales. La recientemente nombrada presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que emitirán un pronunciamiento una vez recibidos los datos desde Hacienda.
Gloria de la Fuente.
“Esta acción que hemos realizado busca básicamente aclarar las cosas ya que existe una disposición legal, a la que le falta sin duda actualización, pero que establece los principios de finalidad y proporcionalidad,(…) entonces estamos pidiendo que se nos explique cuáles son las razones por las cuales se les está solicitando información personal para fines estadísticos, tal como ha señalado la cartera. Creemos de todas formas que nos vamos a pronunciar en su minuto cuando tengamos todos los antecedentes a la vista y no antes.
El principio de finalidad, al que aludió la presidenta del CPLT, dice relación con que se explique por qué el Ministerio de Hacienda requiere esta información, cuál es su fin y si tales antecedentes sirven para ese fin, en tanto el de de proporcionalidad se relaciona con si esa información que se pidió no puede ser obtenida por otros medios por parte de la cartera.
Gloria de la Fuente también aclaró que el órgano que ella dirige efectivamente puede tomar conocimiento y dictar un pronunciamiento respecto de la materia, pero carece de capacidad de sancionar.
Un oficio con la solicitud de parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, para la entrega de la nómina de los cotizantes que solicitaron a sus AFP el retiro del 10 por ciento de sus fondos previsionales con individualización de sus nombres, rut y montos, ha desatado una nueva polémica y capturado la discusión pública en las últimas horas. Fue Luis Mesina, dirigente de No +AFP quien dio a conocer el documento dirigido al superintendente Osvaldo Macías a través de redes sociales criticando duramente la acción del secretario de Estado por el riesgo que implica eso en materia de protección de datos personales.
Naturalmente el asunto llegó al Congreso Nacional y distintos partidos de oposición se apresuraron en rechazar el requerimiento realizado por la cartera de Hacienda, como fue el caso del Partido por la Democracia que en la noche del miércoles difundió un comunicado público informado de una presentación a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el mencionado oficio.
En el texto, los diputados Raúl Soto, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Carolina Marzán, Andrea Parra, Tucapel Jiménez, Rodrigo González y Ricardo Celis aluden a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada que, en su artículo 7°, consagra el principio del secreto en el tratamiento de datos, “los cuales no pueden ser utilizados para una finalidad distinta a la inicialmente establecida para su almacenamiento y tratamiento. Además, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 numeral 4°, consagra como derecho fundamental, el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales”.
Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados de ese partido, manifestó además que el requerimiento del ministro Briones reviste un abuso de autoridad que debe ser fiscalizado por el ente contralor.
Raúl Soto.
“Creemos que la solicitud de datos personales de quienes hicieron el primer retiro de fondos de AFP realizada por el ministro Briones a la Superintendencia de Pensiones es arbitraria, abusiva y no se ajusta a la ley, por lo tanto debe ser corregida y fiscalizada por la Contraloría, de manera tal de resguardar adecuadamente los datos personales de aquellos ciudadanos de nuestro país. No vamos a aceptar amedrentamientos a la población y mucho menos mal utilización de datos sensibles y personales”.
Aunque Hacienda salió rápidamente a aclarar la situación y mediante una declaración aseguraron que la solicitud realizada responde a un uso legítimo de sus facultades y con fines netamente estadísticos, “para evaluar el potencial impacto de la medida del retiro de fondos de pensiones sobre el sistema financiero del país y su impacto fiscal y tributario asociado”. A la vez, señalaron que, de esta forma, “se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico, que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia”, y aseveraron que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.
Desde la Democracia Cristiana, en tanto, decidieron concurrir al Consejo para la Transparencia para una ingresar denuncia “destinada a la protección de los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos”. Según el diputado Gabriel Silber, el oficio de Hacienda vulnera gravemente los derechos constitucionales de los cotizantes.
Gabriel Silber este jueves entregando la solicitud al CPLT.
“Acá se ha transgredido la Constitución, hay una violación a la intimidad, la privacidad y al derecho de propiedad de millones de chilenos y, en consecuencia, esperamos una reacción enérgica del Consejo para la Transparencia y no descartamos desde la bancada de la Democracia Cristiana otro tipo de acciones, incluso legales y penales ante lo hecho por Hacienda”.
También desde la Federación Regionalista Verde Social manifestaron su preocupación por el oficio emanado del Ministerio de Hacienda por el posible destino que se le podría entregar a los datos recopilados desde la Superintendencia de Pensiones. La diputada Alejandra Sepúlveda aseguró que si bien el ministro Briones tiene facultades para pedir tales datos como presidente de la comisión de mercado de capitales, para fines estadísticos no requiere la información sensible de los ciudadanos.
“Creo que él tiene las atribuciones para hacerlo, sin embargo, mi preocupación es el uso que se le pueda dar a tal información porque si se plantea que solo es con fines estadísticos, esos datos se pueden pedir sin nombre y sin rut. Además todos sabemos que las cosas desaparecen de los escritorios de los ministros y aparecen en la prensa, eso complica porque tiene que ver con la privacidad de las personas”, criticó la parlamentaria por el distrito 16.
El propio Consejo para la Transparencia informó esta mañana que ya se ofició a la cartera para solicitar mayores antecedentes según lo que les mandata la propia ley de transparencia en cuanto a su obligación de vigilar la protección de los datos personales. La recientemente nombrada presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que emitirán un pronunciamiento una vez recibidos los datos desde Hacienda.
Gloria de la Fuente.
“Esta acción que hemos realizado busca básicamente aclarar las cosas ya que existe una disposición legal, a la que le falta sin duda actualización, pero que establece los principios de finalidad y proporcionalidad,(…) entonces estamos pidiendo que se nos explique cuáles son las razones por las cuales se les está solicitando información personal para fines estadísticos, tal como ha señalado la cartera. Creemos de todas formas que nos vamos a pronunciar en su minuto cuando tengamos todos los antecedentes a la vista y no antes.
El principio de finalidad, al que aludió la presidenta del CPLT, dice relación con que se explique por qué el Ministerio de Hacienda requiere esta información, cuál es su fin y si tales antecedentes sirven para ese fin, en tanto el de de proporcionalidad se relaciona con si esa información que se pidió no puede ser obtenida por otros medios por parte de la cartera.
Gloria de la Fuente también aclaró que el órgano que ella dirige efectivamente puede tomar conocimiento y dictar un pronunciamiento respecto de la materia, pero carece de capacidad de sancionar.
