El subsecretario Pavez relativizó el 52% de desaprobación y llamó a confiar en el rumbo del Gobierno. La oposición leyó los números como un “descontento” producto de los recortes en áreas como salud y advirtió que la ciudadanía demanda diálogo.
En el oficialismo no todos están convencidos de apoyar la acusación constitucional. En la oposición, el diputado Nelson Venegas (PS) apuntó a la posibilidad de que sea el Gobierno quien esté detrás de esta acción parlamentaria.
Los partidos del progresismo presentaron 10 propuestas de consenso, a las que después se sumaron las de cada colectividad y de parlamentarios individuales. La Democracia Cristiana aportó con 102 y el Partido de la Gente con 152.
El jefe de bancada PPD-Independientes aseguró que no se sumarán al bloqueo legislativo de la reconstrucción nacional y exigió al Gobierno diálogo para perfeccionar la iniciativa.
Autoridades comunales y parlamentarios advirtieron que los cambios propuestos en el plan de reconstrucción nacional del Gobierno comprometen el financiamiento local y podrían afectar la prestación de servicios esenciales.
Diputados del progresismo reiteraron sus advertencias sobre la rebaja de impuestos a las empresas. Además, cuestionaron que la iniciativa aborde distintas materias. “Las leyes misceláneas están prohibidas”, dijo el diputado Jaime Bassa (FA).
Las explicaciones del director de la PDI no convencieron a los parlamentarios, quienes están considerando interpelar a la titular de Seguridad o impulsar una comisión investigadora. La decisión dependerá del pronunciamiento del ente fiscalizador.
El ministro de Hacienda ya le entregó los detalles de las medidas del Ejecutivo a parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos, quienes se mostraron conformes con las ayudas a los sectores más vulnerables. En la oposición, las críticas persisten.
Mientras la diputada Lorena Fríes (FA) calificó como “una buena señal” reconsiderar las ideas “cuando no están bien planteadas”, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó que “a los malos gobiernos se les gana con votos”.
La directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, Gabriela Hilliger, afirmó que la medida afectará a los venezolanos que deseen volver a su país, de visita o por emergencias, así como también a aquellos que quieran traer a sus familiares.
El Presidente Boric anunció que se está evaluando si se mantienen los contratos con Enel. Desde el PPD, instaron a poner fin a la concesión; mientras que, en la oposición, surgió la propuesta de que las compensaciones no vayan al erario público.
Ante la solicitud del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió la liberación del edil acusando que la “jurisprudencia de Pinochet” lo mantiene preso, el Gobierno informó que emitirá una nota de protesta.
Parlamentarios del PPD e independientes anunciaron la acción judicial para suspender transitoriamente el aumento de las tarifas. En tanto, diputados de oposición tramitarán una iniciativa que impida el reajuste que comenzó a regir el 01 de julio.
El diputado señaló que “el Presidente de los indultos y de las pensiones de gracia, en medio de una crisis de seguridad, deben quedar atrás”. Así, dijo que la actual administración “requiere un golpe de timón” de parte del Presidente Boric.
El director del servicio, Hernán Frigolett, aseguró que con esta acción se quiere dejar claro que el SII va a perseguir a “cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario y con ello a la sociedad en su conjunto”.
Parlamentarios de centro izquierda instaron al Gobierno a decretar la medida en todo el país. Según el diputado Raúl Soto (PPD) los esfuerzos del Ejecutivo en materia de seguridad son valorables, pero “insuficientes”.
La ministra del Interior rechazó el emplazamiento al que se sumaron desde la CPC. En el Partido Comunista recordaron que estas modificaciones son resorte del Presidente de la República. “Todavía no se inventa una cosa distinta”, dijo Lautaro Carmona.
