Elegido en 1972 como el día para concientizar al mundo respecto de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, luego que el 5 de junio de ese año se diera inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en la que  se aprobó el Programa de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Medio Ambiente 2021  se centra en la restauración de los ecosistemas, lo que de acuerdo con la definición de la misma ONU significa “prevenir, detener y revertir” el daño ocasionado ocasionado en la naturaleza.

Nuestro medio conversó con Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, quien analizó el actual estado ambiental de nuestro país, la institucionalidad encargada de velar por su integridad y proyectó la futura discusión de los derechos ambientales en el órgano constituyente próximo a iniciar sus funciones.

“Todos los informes, tanto nacionales como a nivel mundial, dan cuenta de un tremendo deterioro del Medio Ambiente en distintos sentidos. Se puede hablar de la contaminación, de la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, lo más grave y que afecta a toda la humanidad tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Estamos viviendo situaciones nunca antes vistas y enfrenándonos a situaciones complejas en las cuales hay que tomar acciones urgentes. De hecho, el llamado de Naciones Unidas para este sábado 5 de junio es a incentivar y promover desde los gobiernos acciones de restauración de ecosistema”, manifestó.

Flavia Liberona.

Respecto de la labor llevada adelante en Chile por el ministerio de Medio Ambiente que fue creado en 2010, la Directora de Fundación Terram señaló que esa cartera, junto a la Subsecretaría de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, representaron un gran paso adelante desde la perspectiva de la estructura administrativa, sin embargo, criticó la debilidad y falta de recursos de la institucionalidad ambiental.

“La mayoría de sus decisiones están supeditadas a un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad integrado por los ministerios de fomento productivo. Así, el ministerio de Medio Ambiente tiene muy poca autonomía para proteger el Medio Ambiente y su gestión en la primera administración Piñera, los dos gobiernos de Bachelet y este segundo gobierno de Sebastián Piñera ha sido tremendamente débil y no ha ayudado a mejorar políticas públicas”.

“En el caso de Quintero y Puchuncaví tuvimos episodios de contaminación masiva en 2018, pero hubo otros episodios en 2011 en la Escuela La Greda y tenemos algo que Terram ha documentado: los reiterados varamientos de carbón que son los que motivaron el fallo de la Corte de Valparaíso de ayer (viernes). Pese a todo eso, el Ministerio no toma acciones concretas, incluso no reacciona al fallo de la Corte Suprema en 2019 que le ordena quince acciones: no hay estaciones de monitoreo adecuadas en la bahía, no hay centros de atención primaria y monitoreo permanente a la salud de las personas ni tampoco se ha avanzado en la dictación de normas sobre material particulado PM10 que es para todo el país, pero que afecta específicamente a la región. Tampoco hay actualización del material particulado 2,5; recién se está revisando, y con retraso, la norma de termoeléctricas y la de funciones. Hay un montón de cosas que la autoridad no ha hecho y que nosotros consideramos que pudo hacer y así mejorar, quizás no radicalmente, pero si un poco, la situación de la bahía. Ahora tenemos que esperar este fallo de la Corte de Valparaíso que prohíbe la entrada de barcos y la descarga de carbón en la bahía para decir que esto significó un avance si es que llega a ser ratificado por la Corte Suprema.

En cuanto a la situación particular de la sequía que afecta a la región de Valparaíso, Flavia Liberona explicó que tampoco existen acciones de parte de las autoridades ambientales.

“Es peor aún porque no tiene competencia para generar acciones sobre la usurpación de aguas, porque tales facultades están radicadas en el Ministerio de Agricultura y en la Dirección General de Aguas. Otra situación es lo que pasa con el bosque esclerófilo en la zona centro sur de Chile, que está muy ligada al tema sequía y donde las inmobiliarias están talando bosques y, por otro lado, se extienden las plantaciones de paltos y uvas sin las debidas autorizaciones y generando erosión de los suelos y consumo excesivo de agua”.

Según el último informe del mapa de conflictos medioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 118 conflictos, 64 activos, 30 latentes y 24 que están cerrados en nuestro país. Esas cifras han servido de antecedente para plantear la necesidad que en una nueva Constitución haya un reconocimiento expreso a los derechos de la naturaleza, lo que para Flavia Liberona es un avance necesario en relación a las garantías actuales que hablan del derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y establece el deber del Estado de preservar la naturaleza.

“Esas dos garantías, considerando la fecha de la Constitución vigente, eran bastante modernas. El problema se da con los otros artículos de la Carta Fundamental, particularmente con el 19 N° 24 que establece los derechos de propiedad, de extracción para la minería y para el agua. Por otro lado, las leyes dictadas paralelamente a la Constitución como la de concesiones mineras y el Código de Aguas, además del Código de Minería que estructuran el modelo extractivista y la preeminencia de la propiedad privada sobre los recursos naturales en relación a la protección ambiental. Más tardíamente se dictó la ley ambiental, en el año 1994, y allí se hace una bajada al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación aplicándolo solo cuando existe normativa. Esto ha significado una gestión ambiental deficiente, si tenemos normas que respetar para vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que hicieron los gobiernos sucesivos de la Concertación y de la Alianza por Chile fue no dictar normas y si no hay normas, legalmente, no hay situación. Esa es la situación dramática en que estamos”.

“En una nueva constitución tenemos que avanzar a un derecho colectivo de vivir en un medio ambiente sano, que es mucho más amplio que un medio ambiente libre de contaminación y es lo que hoy se usa en las Constituciones de distintos países. Hay que garantizar el acceso a la justicia ambiental como un derecho que permita equilibrar las cargas negativas ambientales, porque el principio de justicia ambiental se basa justamente en una distribución equitativa de las cargas ambientales en la sociedad, por lo tanto, si consagramos un principio como el de justicia ambiental deberíamos tender a la solución de problemas como las zonas de sacrificio, lugares donde sus habitantes asumen la carga ambiental de toda la sociedad.

Luego tenemos que discutir todo lo que tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales como los mineros, los del agua, de pesca, etc, de modo que se clarifique si son de la nación toda o se entregan en derecho y a perpetuidad a ciertos privados como ocurre hoy. Junto con ello creemos fundamental discutir la función social de la propiedad, es decir, cuando se puede limitar la propiedad privada en función de un beneficio social”, agregó.

Consultada sobre si en Chile podríamos replicar lo que hizo Ecuador al establecer constitucionalmente los derechos de la naturaleza, la bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile indicó que lo importante, más allá de cómo se exprese, es establecer una relación entre los humanos y el medio ambiente.

“Lo que debe estar en la discusión de esta nueva constitución es la relación de la sociedad con la naturaleza para garantizar un principio del derecho internacional que es la equidad intergeneracional: que tengamos la obligación de entregar a las generaciones futuras un medio ambiente en iguales o mejores condiciones de lo que lo recibimos. Si queda como derechos de la naturaleza puede tener una interpretación y si queda como equidad intergeneracional, incluyendo el cambio climático, también está bien. Desde Terram no tenemos una posición unívoca, sino que creemos que lo importante es que el texto garantice en la Constitución que vamos a avanzar hacia una mayor protección de la naturaleza, a una mejor relación entre ella y la sociedad y que se garantice una distribución justa y equitativa de las cargas ambientales. También una forma de plantearlo puede ser que más allá de justicia ambiental, tengamos una justicia ecológica, lo importante es que elevemos los estándares de protección que hoy tenemos”.

Finalmente en cuanto al trabajo de la Convención Constituyente que debería iniciar en las próximas semanas, Flavia Liberona señaló que muchos de los constituyentes vienen de movimientos sociales donde el tema ambiental está muy presente, sobre todo en relación al agua, por lo tanto, tiene altas expectativas respecto de las oportunidades para el diálogo en la materia y aseguró que desde la Fundación que ella encabeza, así como de otras organizaciones ambientales, existe toda la disponibilidad para apoyar en la construcción de este nuevo pacto de la sociedad chilena.