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Año XIII, 13 de junio de 2021

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Marta Aravena y nuevos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví: “El gran culpable es el Estado de Chile”

La dirigenta manifestó que las denuncias de contaminación y olor a gas iniciaron hace más de un año y no habían sido tomadas en cuenta por los fiscalizadores y autoridades, Además, señaló que el fallo de la Corte Suprema respecto de la contaminación en la zona no está siendo cumplido por las empresas ni las autoridades encargadas de ello.

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  Jueves 13 de mayo 2021 13:08 hrs. 
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Hace tres días, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dio a conocer de una fiscalización intensiva a las empresas AES Gener y Codelco a raíz de las denuncias en redes sociales por parte de los vecinos de un fuerte olor a gas en la zona comprendida por las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Este jueves, en la primera edición de Radioanálisis, Marta Aravena, integrante de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví hizo énfasis en la necesidad de que la situación de la zona sea analizada en profundidad y con soluciones reales de parte del Estado.

La dirigenta social explicó que las denuncias realizadas alcanzaron su peak durante la jornada del 3 de mayo, fecha en la que la contaminación por gas provocó malestares y mareos en un número de habitantes de la zona.

“Conocimos de una alerta a través de múltiples grupos de whatsapp en la que se nos señaló que hace más de un año que se siente un fuerte olor a gas. Los vecinos han tratado de hacer denuncias formales, pero hasta el 3 de mayo no tuvieron mayor consideración. En esa fecha la situación se agravó y se puso en conocimiento de la Intendencia que fue a fiscalizar. A la vez le avisamos al diputado Ibáñez quien siempre ha demostrado interés por realizar la labor fiscalizadora e inmediatamente emitió oficios tanto a la Superintendencia de Medio Ambiente como a la Seremía para que diera cuenta de lo que estaba ocurriendo”.

Consultada respecto de los resultados de aquellas fiscalizaciones y la relación que mantiene la comunidad con las empresas de la zona, la dirigenta explicó que nunca ha habido vínculo entre las organizaciones sociales y el sector empresaria y que las autoridades no prestan mayor atención a las denuncias de los vecinos.

La autoridad nunca nos escuchó hasta que tuvimos más de mil 700 envenenadas y envenenados, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. Ahora está ocurriendo lo mismo y lamentablemente no se ataca el problema estructural, prueba de ello es que el fallo de la Corte Suprema ni siquiera se ha cumplido en la mitad. Nos enteramos por la prensa que hubo fiscalización en las empresas y que la Superintendencia pidió que se informara de actividades no convencionales que hayan realizado. Es irrisorio que se pida a las mismas empresas que se autofiscalice”, manifestó.

Marta Aravena.

Marta Aravena.

“Se apunta a dos empresas y el cordón industrial tiene alrededor de 19 empresas contaminantes y peligrosas, aquí nadie habla de las empresas que emiten gases en gran cantidad como Oxiquim, por ejemplo, y lamentablemente se hace uso comunicacional a ciertos temas, como lo del petróleo iraní. Con lo que pasa hoy podemos darnos cuenta que lo que pasó no fue a causa del petróleo iraní, sino que quizás esa fue una de las causas, pero no la única”, comentó la representante.

Aravena agregó que “hasta el momento no sabemos que el Ministerio haya preparado el listado de compuestos y gases que se manipulan, tratan y trasladan en el marco de los procesos productivos en la zona industrial. Por otro lado, el día del episodio grave cuando muchas personas refirieron mareos no se cumplió con lo señalado en el fallo y no realizaron evacuaciones”.

Respecto del fallo del Máximo Tribunal y ante la repetición de los hechos que llevaron al pronunciamiento del mismo y consultada sobre qué opciones quedan para la comunidad, Marta Aravena, que también integra el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví,  explicó que deberán intentar acciones ante tribunales internacionales para exponer lo que está ocurriendo en la zona.

Con el fallo de la Corte Suprema se puede salir al extranjero para que el mundo vea que no funcionamos tan bien como parecemos y tener que pedir desde fuera que se haga justicia acá por la vida y el territorio”.

La dirigenta explicó que la comunidad ignora cuáles son las empresas que han sido fiscalizadas y reveló que cada proyecto se evalúa por separado y no en conjunto.

“Cuando llegan a instalarse hay otras empresas emitiendo los mismos contaminantes y otros, entonces se produce una sinergia de esos contaminantes tanto en el aire como en el suelo, por lo tanto, lo que eso pueda producir en temas de salud es bastante más complejo que si se analiza solo una empresa en particular. Eso también es algo que se establece en el fallo y no se nos ha dado cuenta de si se ha hecho o no”, explicó.

Marta Aravena  también reflexionó respecto de cómo las empresas no han cumplido un rol auto motivado de mejorar las condiciones ambientales para que quienes viven en ese lugar puedan desarrollarse apropiadamente.

“Ellos tienen profesionales con un grado de educación que debería ir acompañado de un grado ético y moral. Entonces las empresas tienen una obligación de ese tipo también, porque las normativas son muy laxas. Ellos son responsables, pero a juicio de los ciudadanos y ciudadanas, el gran culpable es el Estado de Chile porque debe ser garante de los derechos y quien debe poner el límite de funcionamiento, el que debe exigir una normativa de mayor rango que los obligue a tener tecnología de primer nivel. Hoy por ejemplo, Aes Gener presentó una declaración de impacto ambiental por una desaladora que quiere instalar y que usará los ductos de agua de una termoeléctrica. Yo no soy especialista, pero he visto los tubos y su mantención es bastante deplorable, entonces ¿cómo se dan permisos ambientales con instalaciones añejas que solo producirán más daño en nuestra zona?” cuestionó.

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