Un mes atrás, el presidente Sebastián Piñera dio un punto de prensa para dar a conocer los cuatro ejes de su plan para enfrentar la sequía que afecta hace más de una década a Chile, apuntando a los ciudadanos como responsables del mal uso del agua. Estos ejes son promover la desalinización en las regiones más afectadas, la tecnificación del riego para la producción de alimentos, impulsar el agua potable rural a través de inversión pública y finalmente el uso eficiente del recurso en las ciudades.

Lamentablemente, su plan parece omitir el hecho de que el problema no sería tan grave si justamente fueran los ciudadanos los que mal gastan el agua, pero son los que menos la consumen. En cambio, el problema habita en otra parte, en la privatización del agua, a través de derechos de agua basados y calculados sobre caudales que ya no existen. Se suma a esto la priorización del uso y consumo industrial por sobre el consumo humano, la falta de fiscalización para evitar la extracción ilegal del agua por la industria agrícola y forestal, o que las empresas sanitarias han abandonado las inversiones para asegurar el abastecimiento y la calidad del agua que se distribuye para consumo humano. No obstante, su plan sí pone énfasis en que se haga un buen uso del agua por parte de las personas y municipios para evitar riegos de jardines o lavar el auto con mangueras, como lo señala el punto 9 del mencionado plan.

De hecho, según el estudio “Radiografía del agua” publicado en junio del 2018 por la Fundación Chile, los mayores consumidores de agua en Chile provienen de la industria agrícola (37%) y el sector forestal (59%) mientras que solo el 2% del total del agua se destina a agua potable.

Es en este último punto donde quiero detenerme porque me parece una manipulación inmoral de la opinión pública, pues en cada conflicto incómodo para el gobierno, éste le endosa parte o toda la responsabilidad a los ciudadanos en contra de la evidencia disponible. Es ya común que se le pida a la ciudadanía hacerse responsable de diversas cosas, pero hacerla responsable del mal manejo del agua es obsceno. Esto pasa también en el consumo energético, donde los hogares solo consumen un 16% mientras que la minería consume un 38% y las industrias un 28%, o controlar los efectos de la pandemia mientras el gobierno instauraba cuarentenas móviles, desestimaba al colegio médico y no cerraba las fronteras privilegiando la economía sobre la salud de las personas. En ninguna de estas situaciones las personas comunes tienen la responsabilidad.

A este ataque a los ciudadanos proveniente del gobierno y sus ministros, se han sumado los economistas que replican trasversalmente que se disparará la inflación por los cielos si la gente hace un cuarto retiro de sus fondos previsionales ante la necesidad de hacer frente a los impactos de la pandemia. No podemos negar que en teoría sacar fondos de pensiones es una mala idea porque es pan para hoy y hambre para mañana y que además inyectar dinero a la economía de manera acelerada y en grandes cantidades genera presión inflacionaria, pero al mismo tiempo, afirmar que la economía se desmoronará y los precios se irán a los cielos es por lo bajo una exageración y omite la influencia de otros factores más relevantes, como el mercado internacional.

Los retiros de fondos de pensiones han disminuido la deuda general y esto no fue por la ayuda del gobierno, que sigue dogmáticamente la ideología añeja, anclada en los 80’s, que dice que la intervención estatal a través de ayuda social distorsiona el equilibrio económico, lo que lo llevó a negar mezquinamente las ayudas sociales universales al inicio de la pandemia y forzó a las personas a endeudarse cuando les suspendieron el trabajo, los hicieron vivir de sus propios seguros de cesantía y luego simplemente los despidieron porque la pandemia duro más de lo esperado. Por esto al poder retirar sus ahorros previsionales las y los trabajadores fueron a cubrir sus deudas para tener crédito para seguir enfrentando esta crisis, permitiendo una leve y breve reactivación que fue celebrada por el propio Ministro de Economía Lucas Palacios, el mismo que dijo días antes que por el retiro se caería el país. De hecho, fue la misma asociación de bancos e instituciones financieras la que salió a festejar en septiembre del 2020 que la morosidad había vuelto a niveles del 2017.

La pequeña alza de inflación que se está recién esbozando en Chile tiene poco que ver con el retiro de fondos que la gente necesita para seguir comiendo. Lo medular son las presiones internacionales que nos afectan mucho más porque hemos tenido una política de firmar todos los tratados comerciales internacionales sin protecciones eficaces a la industria y economía nacional.

Este modelo no permite hacer frente a la guerra comercial entre China y USA que comenzó antes de la pandemia y que coloca una serie de restricciones para el comercio de bienes hechos en China (casi todo lo que se vende hoy en Chile se fabrica en China desde hace varias décadas). A su vez, la paralización de empresas y el cierre de los puertos en China debido a la pandemia, provoca escasez de bienes para cubrir la demanda interna generando situaciones insólitas como que haya que esperar cinco meses para comprar autos nuevos. Sumando a esto, el alza del dólar encarece todos los productos importados, pero principalmente es el alza del precio de los combustibles a nivel internacional la que ha empujado la inflación al alza. Según cifras del INE (2021) el gas licuado ha sufrido un alza de 21,2% en los últimos 12 meses encareciendo el principal sistema de calefacción y de cocina de los chilenos, ni hablar de la gasolina que hoy está en máximos históricos lo que necesariamente empuja todos los precios al alza porque todo lo que se compra y transa en Chile debe ser movido por camiones desde el puerto, el campo o la empresa al punto de venta.

Por todos estos factores, la responsabilidad de la sequía, del posible racionamiento energético, el avance de la pandemia y, en especial de una posible inflación en la economía, no es culpa de las personas comunes y corrientes y no le corresponde a usted realizar el mayor esfuerzo ni cargar con las culpas.

Por eso, exigimos que el gobierno apunte a los verdaderos responsables, abandonar sus doctrinas ideológicas añejas, priorizar la protección de la ciudadanía sobre la economía y hacer que sean los principales consumidores y contaminadores quienes paguen la cuenta por la crisis climática, sanitaria e hídrica.

Por último, ¿de qué sirve el crecimiento económico, si el Estado no es capaz de proteger y prestar auxilio a sus ciudadanos?

 Por Gustavo Vergara, Coordinador del Núcleo Economía, Fundación Territorios Colectivos.