La titular del Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, recibieron a la bancada del Frente Amplio en el palacio de La Moneda para abordar la reforma constitucional con la que se busca crear el “Estado de Protección y Resguardo”, una fórmula con la que el Gobierno pretende resguardar rutas y caminos en la región de La Araucanía y el Bíobío mediante la presencia del Ejército, la que ha sido cuestionada por algunos parlamentarios del oficialismo en cuanto se oponen tajantemente a cualquier tipo de militarización de la denominada Macrozona Sur.
Tal es el caso de la diputada Emilia Nuyado, única legisladora el Partido Socialista que se ha cerrado a la medida, arguyendo que el despligue de los militares radicará en mayor persecución y estigmatización de las comunidades mapuches y advirtiendo que, con el estado de excepción intermedio, se pueden repetir casos como el asesinato de Camilo Catrillanca, hecho que sucedió con la presencia del comando Jungla que dispuso el expresidente Sebastián Piñera.
En esa línea la parlamentaria ha llamado al Presidente Boric a generar una comisión de carácter vinculante para que al pueblo mapuche en su conjunto le sean restituidos “los derechos colectivos y territoriales”. Además solicitó el nombramiento de un delegado presidencial con estándar de ministro de Estado “que tenga la posibilidad de confomar un equipo de cordinación directa con el Presidente” y junto con eso, consideró inaceptable que se someta a un mapuche a las definiciones de un Ministerio de Seguridad Pública, como sucedió con el ex cordinador de Asuntos Indigenas de la Cartera, Salvador Millaleo.
En Apruebo Dignidad en tanto, la oposición a la medida es más amplia. Parlamentarios como el senador Daniel Núñez e integrantes de la Cámara como Tomás Hirsch y Ericka Ñanco, entre otros, han explicitado su molestia por la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. No obstante desde las huestes del conglomerado han llevado tratativas con el Gobierno que buscan dejar establecido que el orden público quede extrictamente en manos de las policías y que el Ejército se remita a un rol netamente de contención. Por lo demás, dar garantías efectivas de que los militares estarán subordinados a una autoridad civil y que el Gobierno, junto con esta disposición, presente una propuesta integral que apunte a las demandas del pueblo mapuche. En ese contexto se enmarca la reunión del Gobierno con el Frente Amplio.
El vuelco semántico de Vallejo al estado intermedio: Ministra reafirma que medida es para atender las demandas de las comunidades
Ante las críticas a la medida, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo señaló que “la necesidad de avanzar en una política de protección de rutas, es poder generar y garantizar la libre circulación y hacer que aquellas demandas de las comunidades puedan ser atendidas por el Estado”.
“Estamos trabajando con otros ministerios para el que Estado pueda llegar a las comunidades con las APR, porque falta en esas comunidades, con escuelas, con viviendas, con mejoramiento de caminos, porque tenemos una deuda como Estado respecto a esas comunidades, pero no lo podemos hacer si las rutas se ven permanentemente interrumpidas, coartadas por temas asociados a hechos delictivos, como por también paro de camioneros”, sostuvo.
En alusión a la resistencia armada que convocó el líder de la CAM, Héctor Llaitul, la ministra aseveró que el estado intermedio “no es en ningún caso una medida de enfrentamiento y quien quiera tomarlo así está muy equivocado”.
La titular del Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, recibieron a la bancada del Frente Amplio en el palacio de La Moneda para abordar la reforma constitucional con la que se busca crear el “Estado de Protección y Resguardo”, una fórmula con la que el Gobierno pretende resguardar rutas y caminos en la región de La Araucanía y el Bíobío mediante la presencia del Ejército, la que ha sido cuestionada por algunos parlamentarios del oficialismo en cuanto se oponen tajantemente a cualquier tipo de militarización de la denominada Macrozona Sur.
Tal es el caso de la diputada Emilia Nuyado, única legisladora el Partido Socialista que se ha cerrado a la medida, arguyendo que el despligue de los militares radicará en mayor persecución y estigmatización de las comunidades mapuches y advirtiendo que, con el estado de excepción intermedio, se pueden repetir casos como el asesinato de Camilo Catrillanca, hecho que sucedió con la presencia del comando Jungla que dispuso el expresidente Sebastián Piñera.
En esa línea la parlamentaria ha llamado al Presidente Boric a generar una comisión de carácter vinculante para que al pueblo mapuche en su conjunto le sean restituidos “los derechos colectivos y territoriales”. Además solicitó el nombramiento de un delegado presidencial con estándar de ministro de Estado “que tenga la posibilidad de confomar un equipo de cordinación directa con el Presidente” y junto con eso, consideró inaceptable que se someta a un mapuche a las definiciones de un Ministerio de Seguridad Pública, como sucedió con el ex cordinador de Asuntos Indigenas de la Cartera, Salvador Millaleo.
En Apruebo Dignidad en tanto, la oposición a la medida es más amplia. Parlamentarios como el senador Daniel Núñez e integrantes de la Cámara como Tomás Hirsch y Ericka Ñanco, entre otros, han explicitado su molestia por la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. No obstante desde las huestes del conglomerado han llevado tratativas con el Gobierno que buscan dejar establecido que el orden público quede extrictamente en manos de las policías y que el Ejército se remita a un rol netamente de contención. Por lo demás, dar garantías efectivas de que los militares estarán subordinados a una autoridad civil y que el Gobierno, junto con esta disposición, presente una propuesta integral que apunte a las demandas del pueblo mapuche. En ese contexto se enmarca la reunión del Gobierno con el Frente Amplio.
El vuelco semántico de Vallejo al estado intermedio: Ministra reafirma que medida es para atender las demandas de las comunidades
Ante las críticas a la medida, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo señaló que “la necesidad de avanzar en una política de protección de rutas, es poder generar y garantizar la libre circulación y hacer que aquellas demandas de las comunidades puedan ser atendidas por el Estado”.
“Estamos trabajando con otros ministerios para el que Estado pueda llegar a las comunidades con las APR, porque falta en esas comunidades, con escuelas, con viviendas, con mejoramiento de caminos, porque tenemos una deuda como Estado respecto a esas comunidades, pero no lo podemos hacer si las rutas se ven permanentemente interrumpidas, coartadas por temas asociados a hechos delictivos, como por también paro de camioneros”, sostuvo.
En alusión a la resistencia armada que convocó el líder de la CAM, Héctor Llaitul, la ministra aseveró que el estado intermedio “no es en ningún caso una medida de enfrentamiento y quien quiera tomarlo así está muy equivocado”.
La titular del Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, recibieron a la bancada del Frente Amplio en el palacio de La Moneda para abordar la reforma constitucional con la que se busca crear el “Estado de Protección y Resguardo”, una fórmula con la que el Gobierno pretende resguardar rutas y caminos en la región de La Araucanía y el Bíobío mediante la presencia del Ejército, la que ha sido cuestionada por algunos parlamentarios del oficialismo en cuanto se oponen tajantemente a cualquier tipo de militarización de la denominada Macrozona Sur.
Tal es el caso de la diputada Emilia Nuyado, única legisladora el Partido Socialista que se ha cerrado a la medida, arguyendo que el despligue de los militares radicará en mayor persecución y estigmatización de las comunidades mapuches y advirtiendo que, con el estado de excepción intermedio, se pueden repetir casos como el asesinato de Camilo Catrillanca, hecho que sucedió con la presencia del comando Jungla que dispuso el expresidente Sebastián Piñera.
En esa línea la parlamentaria ha llamado al Presidente Boric a generar una comisión de carácter vinculante para que al pueblo mapuche en su conjunto le sean restituidos “los derechos colectivos y territoriales”. Además solicitó el nombramiento de un delegado presidencial con estándar de ministro de Estado “que tenga la posibilidad de confomar un equipo de cordinación directa con el Presidente” y junto con eso, consideró inaceptable que se someta a un mapuche a las definiciones de un Ministerio de Seguridad Pública, como sucedió con el ex cordinador de Asuntos Indigenas de la Cartera, Salvador Millaleo.
En Apruebo Dignidad en tanto, la oposición a la medida es más amplia. Parlamentarios como el senador Daniel Núñez e integrantes de la Cámara como Tomás Hirsch y Ericka Ñanco, entre otros, han explicitado su molestia por la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. No obstante desde las huestes del conglomerado han llevado tratativas con el Gobierno que buscan dejar establecido que el orden público quede extrictamente en manos de las policías y que el Ejército se remita a un rol netamente de contención. Por lo demás, dar garantías efectivas de que los militares estarán subordinados a una autoridad civil y que el Gobierno, junto con esta disposición, presente una propuesta integral que apunte a las demandas del pueblo mapuche. En ese contexto se enmarca la reunión del Gobierno con el Frente Amplio.
El vuelco semántico de Vallejo al estado intermedio: Ministra reafirma que medida es para atender las demandas de las comunidades
Ante las críticas a la medida, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo señaló que “la necesidad de avanzar en una política de protección de rutas, es poder generar y garantizar la libre circulación y hacer que aquellas demandas de las comunidades puedan ser atendidas por el Estado”.
“Estamos trabajando con otros ministerios para el que Estado pueda llegar a las comunidades con las APR, porque falta en esas comunidades, con escuelas, con viviendas, con mejoramiento de caminos, porque tenemos una deuda como Estado respecto a esas comunidades, pero no lo podemos hacer si las rutas se ven permanentemente interrumpidas, coartadas por temas asociados a hechos delictivos, como por también paro de camioneros”, sostuvo.
En alusión a la resistencia armada que convocó el líder de la CAM, Héctor Llaitul, la ministra aseveró que el estado intermedio “no es en ningún caso una medida de enfrentamiento y quien quiera tomarlo así está muy equivocado”.
