A poco más de un mes de la elección presidencial para la que Luis Inacio Lula da Silva corre con apreciable ventaja sobre el presidente en ejercicio, la policía allanó las oficinas y hogares de varios líderes empresariales que son parte de un grupo de chat privado. En éste se incluyeron comentarios a favor de un posible golpe de Estado y de la participación de los militares en la vida política. Las órdenes de allanamiento e incautación fueron emitidas por el juez Alexandre de Moraes, perteneciente al Supremo Tribunal Federal que preside la autoridad electoral del país, según informó la policía federal, afectando a destacados partidarios de Bolsonaro cuyas propiedades fueron registradas en la operación.
Aunque muchos de los comentarios vertidos en el chat fueron especulativos y más parecían reflejar opiniones personales que constituir una real coordinación para socavar la democracia brasileña, alimentaron inmediatos comentarios, temores y especulaciones. De acuerdo con una fuente que tuvo conocimiento de los allanamientos y que habló bajo condición de anonimato, las órdenes tenían como objetivo a ocho empresarios que fueron nombrados en un texto publicado la semana pasada por el sitio de noticias “Metropoles”, el que incluyó capturas de pantalla de su chat grupal en la aplicación de mensajería WhatsApp.
Varios de los ejecutivos que aparecen en la información de Metropoles, publicada el 17 de agosto, han dicho que respaldan la democracia, pero los aliados de Bolsonaro criticaron inmediatamente el operativo, que calificaron de “extralimitación judicial”. Por cierto, hay que tener en cuenta que en 2018, el rápido ascenso de Bolsonaro como candidato presidencial se aceleró enormemente gracias a los mensajes automatizados de WhatsApp que algunas empresas enviaron a los votantes. Ahora, además de emitir las órdenes de allanamiento, el magistrado de Moraes determinó también que las cuentas de redes sociales de los empresarios comprometidos fueran bloqueadas y sus cuentas bancarias congeladas, según el sitio de noticias “G1”. De Moraes también ordenó levantar el secreto de sus registros bancarios y ordenó que la policía federal les tomara declaración, informó el sitio.
La furibunda reacción del entorno de Bolsonaro no se hizo esperar. “Esto claramente es un operativo para intimidar a cualquier figura prominente para que no tome una posición política a favor de Bolsonaro o en contra de la izquierda”, tuiteó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y legislador federal. “Esto es un ataque a la democracia en plena campaña electoral, es censura. ¡No hay otra palabra!”, escribió. Por cierto que no recordó lo que su padre afirmó sin aportar ninguna prueba: que las máquinas de votación electrónica que Brasil utiliza son propensas al fraude y que miembros de la autoridad electoral están favoreciendo a Lula.
En su publicación del 17 de agosto, “Metropoles” afirma haber estado monitoreando durante meses al grupo de WhatsApp “Empresarios y Política”. Asimismo mostró mensajes enviados por propietarios de una popular cadena de restaurantes, centros comerciales y compañías de construcción, entre otras. En ellos, los adinerados hombres de negocio expresaban su absoluta lealtad a Bolsonaro y respaldaban sus afirmaciones de que el sistema judicial está trabajando en su contra. Es más, algunos incluso destacaban las ventajas de los gobierno autoritarios. “Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores. Un millón de veces más”, dice uno de los miembros del grupo.
Otro ejecutivo fue más expresivo: “si el lado que defendemos sale victorioso, ¡la sangre de las víctimas se convierte en sangre de héroes!”, escribió un ejecutivo. Y hasta hubo uno que incitó a sus cófrades al delito de cohecho o compra de votos, expresando que los ejecutivos debían otorgar bonos en dinero a sus trabajadores para que voten por Bolsonaro. Incluso, varios integrantes del chat recordaron la promesa de Bolsonaro de realizar un gran desfile militar el 7 de septiembre, el Día de la Independencia, a lo largo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. “Quiero ver si el Supremo Tribunal tiene el valor de amañar las elecciones después de un desfile militar… con los soldados aplaudidos por el público”, escribió uno. El desfile “dejará claro de qué lado está el ejército”, señaló otro.
Pero el alcalde de Río, Eduardo Paes, ha dicho que el ejército no desfilará, sino que sólo realizará una exhibición “limitada”.
A poco más de un mes de la elección presidencial para la que Luis Inacio Lula da Silva corre con apreciable ventaja sobre el presidente en ejercicio, la policía allanó las oficinas y hogares de varios líderes empresariales que son parte de un grupo de chat privado. En éste se incluyeron comentarios a favor de un posible golpe de Estado y de la participación de los militares en la vida política. Las órdenes de allanamiento e incautación fueron emitidas por el juez Alexandre de Moraes, perteneciente al Supremo Tribunal Federal que preside la autoridad electoral del país, según informó la policía federal, afectando a destacados partidarios de Bolsonaro cuyas propiedades fueron registradas en la operación.
Aunque muchos de los comentarios vertidos en el chat fueron especulativos y más parecían reflejar opiniones personales que constituir una real coordinación para socavar la democracia brasileña, alimentaron inmediatos comentarios, temores y especulaciones. De acuerdo con una fuente que tuvo conocimiento de los allanamientos y que habló bajo condición de anonimato, las órdenes tenían como objetivo a ocho empresarios que fueron nombrados en un texto publicado la semana pasada por el sitio de noticias “Metropoles”, el que incluyó capturas de pantalla de su chat grupal en la aplicación de mensajería WhatsApp.
Varios de los ejecutivos que aparecen en la información de Metropoles, publicada el 17 de agosto, han dicho que respaldan la democracia, pero los aliados de Bolsonaro criticaron inmediatamente el operativo, que calificaron de “extralimitación judicial”. Por cierto, hay que tener en cuenta que en 2018, el rápido ascenso de Bolsonaro como candidato presidencial se aceleró enormemente gracias a los mensajes automatizados de WhatsApp que algunas empresas enviaron a los votantes. Ahora, además de emitir las órdenes de allanamiento, el magistrado de Moraes determinó también que las cuentas de redes sociales de los empresarios comprometidos fueran bloqueadas y sus cuentas bancarias congeladas, según el sitio de noticias “G1”. De Moraes también ordenó levantar el secreto de sus registros bancarios y ordenó que la policía federal les tomara declaración, informó el sitio.
La furibunda reacción del entorno de Bolsonaro no se hizo esperar. “Esto claramente es un operativo para intimidar a cualquier figura prominente para que no tome una posición política a favor de Bolsonaro o en contra de la izquierda”, tuiteó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y legislador federal. “Esto es un ataque a la democracia en plena campaña electoral, es censura. ¡No hay otra palabra!”, escribió. Por cierto que no recordó lo que su padre afirmó sin aportar ninguna prueba: que las máquinas de votación electrónica que Brasil utiliza son propensas al fraude y que miembros de la autoridad electoral están favoreciendo a Lula.
En su publicación del 17 de agosto, “Metropoles” afirma haber estado monitoreando durante meses al grupo de WhatsApp “Empresarios y Política”. Asimismo mostró mensajes enviados por propietarios de una popular cadena de restaurantes, centros comerciales y compañías de construcción, entre otras. En ellos, los adinerados hombres de negocio expresaban su absoluta lealtad a Bolsonaro y respaldaban sus afirmaciones de que el sistema judicial está trabajando en su contra. Es más, algunos incluso destacaban las ventajas de los gobierno autoritarios. “Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores. Un millón de veces más”, dice uno de los miembros del grupo.
Otro ejecutivo fue más expresivo: “si el lado que defendemos sale victorioso, ¡la sangre de las víctimas se convierte en sangre de héroes!”, escribió un ejecutivo. Y hasta hubo uno que incitó a sus cófrades al delito de cohecho o compra de votos, expresando que los ejecutivos debían otorgar bonos en dinero a sus trabajadores para que voten por Bolsonaro. Incluso, varios integrantes del chat recordaron la promesa de Bolsonaro de realizar un gran desfile militar el 7 de septiembre, el Día de la Independencia, a lo largo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. “Quiero ver si el Supremo Tribunal tiene el valor de amañar las elecciones después de un desfile militar… con los soldados aplaudidos por el público”, escribió uno. El desfile “dejará claro de qué lado está el ejército”, señaló otro.
Pero el alcalde de Río, Eduardo Paes, ha dicho que el ejército no desfilará, sino que sólo realizará una exhibición “limitada”.
A poco más de un mes de la elección presidencial para la que Luis Inacio Lula da Silva corre con apreciable ventaja sobre el presidente en ejercicio, la policía allanó las oficinas y hogares de varios líderes empresariales que son parte de un grupo de chat privado. En éste se incluyeron comentarios a favor de un posible golpe de Estado y de la participación de los militares en la vida política. Las órdenes de allanamiento e incautación fueron emitidas por el juez Alexandre de Moraes, perteneciente al Supremo Tribunal Federal que preside la autoridad electoral del país, según informó la policía federal, afectando a destacados partidarios de Bolsonaro cuyas propiedades fueron registradas en la operación.
Aunque muchos de los comentarios vertidos en el chat fueron especulativos y más parecían reflejar opiniones personales que constituir una real coordinación para socavar la democracia brasileña, alimentaron inmediatos comentarios, temores y especulaciones. De acuerdo con una fuente que tuvo conocimiento de los allanamientos y que habló bajo condición de anonimato, las órdenes tenían como objetivo a ocho empresarios que fueron nombrados en un texto publicado la semana pasada por el sitio de noticias “Metropoles”, el que incluyó capturas de pantalla de su chat grupal en la aplicación de mensajería WhatsApp.
Varios de los ejecutivos que aparecen en la información de Metropoles, publicada el 17 de agosto, han dicho que respaldan la democracia, pero los aliados de Bolsonaro criticaron inmediatamente el operativo, que calificaron de “extralimitación judicial”. Por cierto, hay que tener en cuenta que en 2018, el rápido ascenso de Bolsonaro como candidato presidencial se aceleró enormemente gracias a los mensajes automatizados de WhatsApp que algunas empresas enviaron a los votantes. Ahora, además de emitir las órdenes de allanamiento, el magistrado de Moraes determinó también que las cuentas de redes sociales de los empresarios comprometidos fueran bloqueadas y sus cuentas bancarias congeladas, según el sitio de noticias “G1”. De Moraes también ordenó levantar el secreto de sus registros bancarios y ordenó que la policía federal les tomara declaración, informó el sitio.
La furibunda reacción del entorno de Bolsonaro no se hizo esperar. “Esto claramente es un operativo para intimidar a cualquier figura prominente para que no tome una posición política a favor de Bolsonaro o en contra de la izquierda”, tuiteó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y legislador federal. “Esto es un ataque a la democracia en plena campaña electoral, es censura. ¡No hay otra palabra!”, escribió. Por cierto que no recordó lo que su padre afirmó sin aportar ninguna prueba: que las máquinas de votación electrónica que Brasil utiliza son propensas al fraude y que miembros de la autoridad electoral están favoreciendo a Lula.
En su publicación del 17 de agosto, “Metropoles” afirma haber estado monitoreando durante meses al grupo de WhatsApp “Empresarios y Política”. Asimismo mostró mensajes enviados por propietarios de una popular cadena de restaurantes, centros comerciales y compañías de construcción, entre otras. En ellos, los adinerados hombres de negocio expresaban su absoluta lealtad a Bolsonaro y respaldaban sus afirmaciones de que el sistema judicial está trabajando en su contra. Es más, algunos incluso destacaban las ventajas de los gobierno autoritarios. “Prefiero un golpe de Estado a que regrese el Partido de los Trabajadores. Un millón de veces más”, dice uno de los miembros del grupo.
Otro ejecutivo fue más expresivo: “si el lado que defendemos sale victorioso, ¡la sangre de las víctimas se convierte en sangre de héroes!”, escribió un ejecutivo. Y hasta hubo uno que incitó a sus cófrades al delito de cohecho o compra de votos, expresando que los ejecutivos debían otorgar bonos en dinero a sus trabajadores para que voten por Bolsonaro. Incluso, varios integrantes del chat recordaron la promesa de Bolsonaro de realizar un gran desfile militar el 7 de septiembre, el Día de la Independencia, a lo largo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. “Quiero ver si el Supremo Tribunal tiene el valor de amañar las elecciones después de un desfile militar… con los soldados aplaudidos por el público”, escribió uno. El desfile “dejará claro de qué lado está el ejército”, señaló otro.
Pero el alcalde de Río, Eduardo Paes, ha dicho que el ejército no desfilará, sino que sólo realizará una exhibición “limitada”.
