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Año XVI, 29 de mayo de 2024


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Mauricio Daza sobre Ángel Valencia: “Le da al mundo político la garantía de acceder a él en caso que exista alguna causa relevante”

Si bien el jurista consideró que Valencia es mejor postulante que Morales y Herrera al cargo de Fiscal Nacional, destacó la cercanía del abogado con el mundo de la UDI, partido que ha tenido a varios militantes involucrados en hechos de corrupción.

Maria Luisa Cisternas

  Miércoles 21 de diciembre 2022 14:50 hrs. 
Santiago, 22 de junio de 2015.
El abogado de ciudadano inteligente Mauricio Daza abandona el Octavo Juzgado de Garantía a la espera de la resolución del juez Juan Carlos Valdez.
Sergio Piña/Aton ChileSantiago, 22 de junio de 2015. El abogado de ciudadano inteligente Mauricio Daza abandona el Octavo Juzgado de Garantía a la espera de la resolución del juez Juan Carlos Valdez. Sergio Piña/Aton Chile

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Empantanado se ve el proceso de elección del próximo Fiscal Nacional. Con dos candidaturas rechazadas por el Senado, el Ministerio Público ha cumplido más de 80 días descabezado y su derrotero ha llegado a depender de una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y la Cámara Alta. Mientras la corporación presidida por Álvaro Elizalde se inclina fuertemente por el nombre de Ángel Valencia -gracias al favoritismo de la oposición, de figuras del oficialismo y de la comisión de Constitución del Senado- el Gobierno se acoge al criterio de idoneidad y emplaza a los legisladores a terminar con la búsqueda de candidatos “a la medida”.

En tanto, la Corte Suprema, según señaló su vocera Ángela Vivanco, está a la espera de ser oficiada sobre el rechazo de la abogada Marta Herrera, para efectos de convocar el plenario que dé cuenta sobre la continuación del proceso. Cuestión que podría devenir en la adhesión de un nuevo nombre a la quina en reemplazo de Herrera o bien, el llamado a un nuevo concurso. Así las cosas, hasta la mañana de este miércoles, el organismo aún no contaba con la notificación que debe remitirle el Ejecutivo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mauricio Daza, jurista que se ha desempeñado como querellante en casos vinculados al financiamiento irregular de la política, exhortó a abrir el proceso se nominación del titular del Ministerio Público para terminar con las prácticas de lobby que hoy se han puesto de manifiesto. Respecto a Valencia, consideró que el verdadero resquemor del Ejecutivo con el abogado es su cercanía con la Unión Demócrata Independiente, partido que ha albergado a varios dirigentes vinculados a hechos de corrupción.

¿Qué percepción tienes de este proceso de selección?

La verdad es que el rechazo al nombre de Marta Herrera era predecible ya que al iniciarse las conversaciones, entre comillas, que concretaron la primera nominación de José Morales, una de las cosas que senadores habían señalado es que el nombre de Marta Herrera no iba a contar con los votos suficienttes. Sin embargo, esto se da en un contexto de un procedimiento que claramente ha mostrado que es deficiente; en caso alguno permite hacer un escrutinio real acerca de cuáles son las competencias y méritos de cada uno de los postulantes al cargo de Fiscal Nacional y que dentro de ese contexto, se van generando dinámicas de lobby, gestión de intereses que en nada se vinculan con el interés general que está relacionado con la designación de alguien que define la política de persecución en Chile por un período de ocho años.

La Corte Suprema descarta prácticas de lobby en este proceso, luego que Marta Herrera afirmara que es difícil ser electo Fiscal Nacional sin tener redes. A tu juicio ¿Hay lobbismo en el proceso?¿En que fases se ha manifestado?

La gestión de intereses particulares para los efectos de la designación del cargo de Fiscal Nacional se concreta a partir de todo el proceso y sus distintas etapas. Si bien se ha señalado que ya no se daría el llamado fenómeno “besamanos” en la Corte Suprema respecto de la designación, tanto de jueces como en este caso el Fiscal Nacional, ya que no se podrían concretar reuniones directas entre los postulantes y los ministros, sin embargo en la práctica esto se da igual, pero a través de terceras personas, a través de abogados o gestores judiciales, entrecomillas, que precisamente lo que hacen es realizar gestiones para los efectos de poder beneficiar la candidatura de una u otra persona. Entonces, finalmente esto se deriva a estas personas que son operadores judiciales y eso ya genera un manto de opacidad en relación a este proceso.

Hay que recordar además que en la Corte Suprema, en lo formal, recibe las exposiciones de cada uno de los postulantes por un período de 10 minutos donde no hay la posibilidad de efectuar preguntas ni contrastar aquello que dicen cada una de las personas que están optando por el cargo, lo que manifiestamente es una circunstancia que no permite hacer un escrutinio real acerca de los méritos, competencias y de los planes que cada uno de ellos tienen para la Fiscalía Nacional. En ese ámbito, entonces, lo que prevalece son más bien los intereses que cada uno de los postulantes representan antes que ellos mismos y sus méritos y capacidades. Después esto se traslada a lo que debe ser la nominación del Ejecutivo que tiene que elegir un nombre de esta quina y aquello se concreta además a partir de una negociación que tampoco se da de manera transparente, de cara a la ciudadanía, con el Senado y por lo tanto, lo que menos está privilegiando es el interés general y se da una trama donde la verdad, no hay claridad en relación a cuáles son los motivos que definen el que se vote a favor o en contra de un determinado candidato y eso obviamente le hace muy mal a la democracia y sobre todo al Ministerio Público y la persecución penal en general.

De adoptarse cambios ¿Considera que debe salir el Senado del proceso de selección?

Creo que, no solamente el Senado debiera ser partícipe, yo creo que el Congreso pleno debería involucrarse en esta nominación. Mientras más transparencia y más personas participen en esta designación, se va a mejorar necesariamente la posibilidad de que se sirva de mejor manera al interés público. Lamentablemente hoy día eso no se da y obviamente si hay algo que ha quedado absolutamente claro en este proceso de nominación, es la necesidad urgente de hacer cambios estructurales respecto de la forma como se define, no solo al Fiscal Nacional, sino también, por ejemplo, a los ministros de la Corte Suprema que están sometidos a una lógica bastante similar a la que estamos viendo ahora.

El nombre de Ángel Valencia es el que suena fuerte en el Senado y el que aparentemente concitaría los 33 votos para ser ratificado en el caso que el Gobierno lo propusiera ¿Qué opinión le merece el jurista?

La verdad es que lamentablemente, de nuevo, más allá de las competencias que pueda tener o no Ángel Valencia, acá lo que está predominando es el interés político que hay detrás de una persona que ha sido cercano a diversas tiendas políticas, y desde esa perspectiva, es natural que en muchos sectores del Senado estén impulsando su candidatura. Yo creo que las peores candidaturas eran precisamente la de José Morales y Marta Herrera, el primero porque, no solamente da cuenta de una trayectoria bastante deficiente en la investigación de casos complejos y además una falta de compromiso en poder indagar aquellos casos donde hay altas autoridades y empresarios involucrados, por otra parte Marta Herrera también tenía problemas con respecto a lo que había sido su gestión durante el período de Jorge Abbott donde ella fue protagonista, en contra de lo que pretende dar a entender frente a la opinión pública de decisiones que garantizaron impunidad en los casos Penta, SQM entre otros y desde esa perspectiva, Ángel Valencia es un mejor nombre. Sin embargo, creo que tampoco es necesariamente una persona que pueda ser la mejor posible para este cargo y hay que ver, en ese contexto, cómo se va a llenar la quina y cuál va a ser el nombre que se va a ingresar por parte de la Corte Suprema, porque ahí podría existir una carta que pueda ser la que genere un consenso y que además cuente con las competencias y además de las garantías de transparencia.

¿Sería correcto presumir que el nombre de Ángel Valencia radica en impunidad para las figuras políticas que pudieran verse involucradas en delitos?

Yo creo que Ángel Valencia le da al mundo político la garantía de poder acceder a él en caso que exista algún tipo de causa relevante que pueda afectar a dirigentes importantes de distintos sectores de partidos que hoy día controlan el Congreso Nacional. Hay que reconocer que a diferencia de José Morales y Marta Herrera, él no tiene una trayectoria que dé cuenta de actos que hayan garantizado concretamente la impunidad en casos vinculados a hechos de corrupción y por lo tanto yo creo que él entrega esa garantía de poder dar una mayor cercanía con el mundo político donde este pueda ser escuchado por parte de, por lo demás, quien tiene una posición que es muy importante y bastante poderosa en cuanto a poder definir la persecución criminal en nuestro país. Por lo tanto, insisto, creo que Ángel Valencia es un mejor nombre, sustantivamente, en relación a lo que es Marta Herrera y José Morales, sin embargo creo que hay que analizar si es la mejor opción a partir precisamente de lo que sea el nombre que se vaya a incluir en esta quina.

Habría preocupaciones de parte del Ejecutivo sobre la candidatura de Ángel Valencia por las causas que ha patrocinado ¿Ve que eso debiera ser un impedimento para correr por el cargo de Fiscal Nacional?

Creo que en general no se puede vetar a un abogado por las causas que haya legítimamente defendido si lo ha hecho de una manera correcta, sin caer en actos poco transparentes o de corrupción. Sin embargo creo que los reparos que se están dando respecto al nombre de Ángel Valencia es que es considerado como muy cercano a la UDI y por lo tanto, desde esa perspectiva, existe el temor de que a futuro pueda beneficiar a personas de ese sector político en casos vinculados a hechos de corrupción. Hay que recordar que precisamente ha sido la UDI el partido que ha mostrado una mayor cantidad de militantes involucrados en hechos de corrupción como ha sido, por ejemplo, Jaime Orpis condenado en el caso Corpesca, Pablo Longeira dirigente histórico que a partir del primero de febrero del próximo año va a enfrentar un juicio oral por cohecho, entre otros. Entonces diría que en el fondo, ese es el reparo que existe.

¿Considera que es preferible que la Corte Suprema llame a un nuevo concurso antes que ingrese un nuevo nombre a la quina?

Lo mejor sería que se hiciera un concurso y que en esta oportunidad, de verdad, los ministros de la Corte Suprema hicieran un análisis serio de la calidad de los postulantes, más que estar bajo la lógica de privilegiar los intereses que representa cada uno de ellos. Sin embargo, creo que lo que va a pasar es que se va a agregar un nombre más a la quina porque finalmente, a partir de las disposiciones que regulan la materia, ese debiese ser el camino a tomar. Se requeriría una interpretación un poco forzada de esas disposiciones para sostener de que aquí se tiene que llamar a un nuevo concurso y tampoco veo que la Corte Suprema vaya a acceder a lo que es la voluntad del Ejecutivo en un contexto donde también se ha podido observar un conjunto de reproches entre los distintos poderes del Estado que están involucrados en esta designación, lo que no creo que genere un ambiente para los efectos de poder hacer una nueva máquina completa por parte de la Corte Suprema en cuanto a la voluntad que ellos tengan para poder concretarlo.

 

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