Si usas tatuajes y vives o frecuentas los barrios más desfavorecidos en El Salvador, fácilmente puedes ser contabilizado como miembro de una pandilla. Por lo tanto, las fuerzas de orden no dudaran en apresarte y señalarte como tal. El Plan de Control Territorial del presidente Nayib Bukele logró que su país saliera del listado de los países más peligrosos del mundo y su nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo ya alberga 2 mil imputados. La “mano dura” del mandatario ¿podrá proyectarse en el tiempo?

La guerra que el jefe de Estado de El Salvador le declaró a las pandillas le permitió adquirir el 96% de aprobación entre la población en materia de seguridad. Sin embargo, tanto organizaciones defensoras de los derechos humanos como medios de comunicación han acusado al Gobierno de realizar torturas, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su arremetida contra las maras -organizaciones criminales-. Por lo mismo, el presidente Bukele les acusó de estar de lado de las pandillas.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, quien se refirió a la posición de la institución respecto a la estrategia del mandatario salvadoreño para acabar con la delincuencia.

El año pasado el país centro americano acumuló en tan solo dos días 87 homicidios, momento en que el militante del partido Nuevas Ideas declaró la guerra contra las maras, decretó estado de excepción, incorporó nuevos efectivos a las fuerzas de orden y reformó el Código Penal con apoyo de la Asamblea Legislativa para prohibir la simbología relacionada con las pandillas. Además, aprobó el uso de los bienes incautados a las mismas agrupaciones delictivas para combatirlas.

El dirigente de la CDHES sostuvo que la institución ha sido clara al manifestar que no está en contra del combate de los grupos criminales que tanto han afectado a la ciudadanía, o a las alternativas para garantizar la seguridad del país. “Estamos en contra de los malos procedimientos que el Gobierno ha venido aplicando”, aclaró.

Montenegro acusó a Bukele de negociar con las pandillas, así como también a los gobiernos de ARENA y FMLN -partidos político de derecha e izquierda respectivamente-. En cuanto a los señalamientos contra el actual jefe de Estado, cabe recordar que a finales de febrero una acusación presentada en una corte federal de Nueva York contra 13 pandilleros de alto rango, afirmó que funcionarios del gobierno de Bukele y su partido negociaron en secreto con la MS-13.

En relación al Plan de Control Territorial, el activista apuntó a que el episodio que dejó a casi 90 víctimas en marzo de 2022 fue lo que hizo que el mandatario hiciera la vista gorda respecto a la represión desmedida de parte de la policía y el ejército en las zonas rurales y urbanas de El Salvador. Así, señaló que más de 64 mil personas han sido detenidas y las autoridades aseguraron que meterán presas a muchas otras.

“Con los hechos las capturas, el fallecimiento de personas al interior de las cárceles y que el Gobierno no dé una respuesta concreta de la causas demuestra que se han realizado detenciones y se han provocado muertes de personas inocentes, sin dar ninguna respuesta”, aseveró Montenegro.

Por lo tanto, el director de la CDHES indicó que de parte de la organización le han solicitado al Gobierno informes sobre lo que realmente esta pasando con el Plan de Control Territorial. Además, acusó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador de estar alineada con la política de Bukele y de faltar a sus obligaciones de “monitoreo, señalamientos y mejoras en las conductas de la autoridad de seguridad”.

“Creo que el pueblo salvadoreño, al igual que cualquier país del mundo, debe vivir en paz y seguro, pero así no. ¿Qué está pasando? Hemos visto cómo se están violentando los derechos humanos de la población, y no solo la detenida, sino que también hay temor en las comunidades“, dijo.

En esa misma línea, el dirigente expuso que las detenciones arbitrarias continúan, por lo que la población que reside en los barrios más pobres hoy ya no le tiene miedo a las organizaciones criminales pero sí temen ser detenidas injustamente por las Fuerzas Armadas. Especialmente los jóvenes han sufrido de una grave estigmatización por tener tatuajes, a pesar de que éstos no tengan relación alguna con símbolos maras.

Por otro lado, en un aspecto amplio y desde el punto de vista de la disminución de la inseguridad, Montenegro reconoce que se podría decir que la estrategia de Bukele es un éxito. Sin embargo, el defensor de los derechos humanos cuestiona si la política del mandatario podrá ser sostenible en el tiempo. Afirmó que la propaganda respecto al Plan de Control Territorial y al Centro de Confinamiento del Terrorismo, así como las declaraciones a través de la prensa y en redes sociales del presidente evidencian que el mensaje de que los delincuentes “se pudrirán en las cárceles” es el verdadero objetivo.

“No está hablando de buscar mecanismos o políticas de readaptación hacia las personas detenidas. No hay ese planteamiento, sino todo lo contrario. Tengo mis inquietudes sobre si esta situación podrá prolongare en el tiempo, porque no se están buscando mecanismos para erradicar la pobreza, la corrupción y la impunidad”, destacó.