Este mes el gobierno de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad nicaragüense, primero a un grupo de 222 presos políticos que trasladó a Estados Unidos, y luego a 94 personas, opositoras al régimen, que en su mayoría se encontraban fuera del país.

Para analizar estos hechos, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien explicó lo que implica la expatriación. Según la abogada, las personas a las cuales les fue arrebatada su nacionalidad, quedaron en un estado de “alta vulneración”.

“El despojo de esta nacionalidad es un acto arbitrario, que no está en línea con la propia Constitución ni las leyes nicaragüenses, y que pone en una altísima vulneración de derechos a estas personas, al forzarles la condición de apátrida. El derecho a la nacionalidad desencadena una serie de otros derechos, que incluyen el derecho a la salud, a la educación, a la identificación, entre otros”, señaló la representante de Amnistía Internacional.

Guevara además añadió que la expatriación puede afectar las posibilidades de los nicaragüenses que estaban a punto de conseguir visas de refugio.

“Muchas de estas personas que se encontraban en el exilio, estaban en procesos para el reconocimiento de su condición de refugiada, y ahora se encuentran en la incertidumbre, precisamente porque esos procesos están sujetos a la tenencia de su pasaporte, al reconocimiento de su nacionalidad”, precisó.

“Hay países que han ofrecido a estas personas poder acogerse a su nacionalidad, pero también son procesos limitantes, que si no se tratan como excepcionales, pueden quedarse solo en una promesa, en un gesto solidario, pero que no necesariamente representan la reinstalación del derecho a la nacionalidad”, advirtió.

Respecto del actuar que los países del continente americano han tenido frente a la situación de Nicaragua, Guevara fue profundamente crítica y acusó una falta de contundencia. Sin embargo, destacó el caso de Chile, el primer país en pronunciarse y comenzar a actuar. 

“El Presidente Boric fue el primer mandatario de la región en salir a denunciar y condenar los hechos, y luego, tibiamente, han salido un par de otros gobiernos. Pero la verdad, no existe esa contundencia regional que hoy se necesitaría, de hacer uso, por ejemplo, de los mecanismos como la Organización de Estados Americanos, para tomar acción frente a una crisis que también ha impactado a la región, con el gran número de personas nicaragüenses que está en búsqueda de protección internacional”, dijo la abogada.

A juicio de Guevara, lo que deben hacer los estados americanos para ayudar es otorgar refugio a aquellos que han tenido que salir de Nicaragua y apoyar la moción para que se extienda el mandato del grupo de Naciones Unidas que hoy se encuentra observando la situación en el país.

Además, “los estados del continente podrían abrir sus tribunales para que se conozcan estas violaciones a los derechos humanos, y que en alguna medida se garanticen los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas. Ellas no tienen ninguna posibilidad dentro de Nicaragua, dado el desmantelamiento del estado de derecho y la cooptación, por parte del régimen de Ortega, de todos los poderes del Estado”, aseguró Guevara.

Más allá de las cientos de personas que fueron despojadas de su nacionalidad, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que hoy en Nicaragua, existe una “arquitectura legislativa y de política pública, que violenta los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica”. 

Pese a que cuentan con todos esos antecedentes, Amnistía Internacional ha optado por no catalogar a Daniel Ortega como un dictador, pues lo consideran una etiqueta política.

“Nosotros nunca nos posicionamos por ningún tipo de gobierno ni calificamos de manera política ningún acto gubernamental porque es irrelevante en términos de quién tiene que rendir cuentas”, señaló Guevara.

“Para nosotros queda claro que el régimen de Daniel Ortega es un régimen criminal, que ha cometido no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino también crímenes de lesa humanidad, y queda claro, además, que Daniel Ortega debería de estar sometido ante tribunales tanto nacionales como internacionales”, aseveró.

Según Guevara, desde antes de la crisis del 2018, cuando miles de personas salieron a las calles para pedir la salida de Daniel Ortega, Amnistía Internacional registró vulneraciones en contra de pueblos indígenas que también se manifestaron en contra del gobierno. A todo eso, se suma una actitud hostil en contra de las mujeres y las minorías sexuales.

“Nicaragua es uno de los pocos países que tiene una prohibición total del aborto, en donde no solo se criminaliza a las mujeres por tener un aborto, sino que además se pasan a llevar sus derechos sexuales y reproductivos. Se violentan, además, los derechos de personas LGBTI+, los crímenes de odio quedan en la impunidad, y podemos seguir en una lista lamentable de todos los derechos que hoy día se ven vulnerados, y que se seguirán violentando sin que ni siquiera podamos saber, porque no hay organizaciones que puedan documentar esa situación”, indicó la abogada.