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Año XVI, 17 de abril de 2024


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20 mil expulsiones pendientes: el déficit en el control de la migración irregular que pone a prueba a la nueva Cancillería

Con el rezago en materia de expulsiones se aceleró la reactivación de las relaciones multilaterales para destrabar los procesos de repatriación. "Eso va a ser una de las prioridades de nuestra Cancillería", afirmó Boric desde Colchane.

Maria Luisa Cisternas

  Miércoles 15 de marzo 2023 20:43 hrs. 
Santiago, 13 de abril 2017.
Fachadas, logos edificios publicos
Ministerio de relaciones exteriores, cancilleria
Javier Torres/Aton Chile

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Son 20 mil expulsiones administrativas sin ejecutar las que heredó el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 931 las que se han acumulado en el marco de los 12 meses de su administración. Así indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, esta semana en la comisión investigadora sobre la macrozona norte de la Cámara, haciendo particular hincapié en la necesidad reforzar el trabajo diplomático con aquellos países que han presentado escollos para permitir el ingreso de los vuelos de repatriación.

“Cuando llegamos al Gobierno había una cola muy grande de decretos de expulsiones sin ejecutar que se ha ido alargando producto de las dificultades”, reafirmó desde Colchane el Presidente Boric, relevando que si bien “cada una de las expulsiones cuesta 2 millones 700 mil pesos, esto no es solamente un problema de recursos”.

“Es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela, es un problema que los trámites administrativos para poder realizar el procedimiento de expulsión que son muy engorrosos y muchas veces dificultan el encontrar a la persona que es objeto de expulsión”, señaló.

Bajo esas consideraciones, el jefe de Estado aseveró que “tenemos que trabajar en diferentes frentes: el frente interno para facilitar la expulsión de quienes hayan cometido delitos o que tengan prontuario, pero además, una labor diplomática intensa tanto con Bolivia como también con Venezuela para que reciban a los ciudadanos que sean deportados y eso va a ser una de las prioridades de nuestra Cancillería durante estos meses”. 

Ahora bien, la labor que radica en el Ministerio de Relaciones Exteriores para dinamizar el trámite de expulsiones es sustancial y así lo compartieron los parlamentarios afines al oficialismo. Ello considerando que en materia legislativa se ha avanzado con la aprobación de la Cámara del proyecto que facilita el inicio del proceso de expulsiones administrativas mediante la posibilidad de realizar la primera notificación vía carta certificada o correo electrónico informado al Servicio Nacional de Migraciones o a la PDI.

Relevando esta herramienta, el presidente de la Comisión Investigadora de la Macrozona Norte, Jaime Araya, señaló que “lo que corresponde es que la Cancillería se active y finalmente cierre con Bolivia un acuerdo para la reconducción de todas las personas que vienen de Venezuela, que ingresan desde Bolivia a Chile, para que puedan ser devueltas al país altiplánico”.

“Ocurre que Venezuela dictó una norma que impide la devolución mediante vuelos Chárter de venezolanos a ese país, lo que hace que se tengan que devolver una a una a las personas, y ese costo de pasajes es impagable para Chile”, añadió Araya, aquilatando esto como “un abuso de Venezuela con nuestro país”.

A su vez, el diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Felix González (PEV) señaló que “las expulsiones y todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio no se puede hacer de mutuo propio”, sino que “es esencial poder enfrentar este tipo de problemas -la crisis migratoria como la crisis climática- en conjunto con otros países”.

Sin perjuicio de ello, el parlamentario consideró que el volumen de expulsiones que ha acumulado Chile es desproporcionado.”Efectivamente hay mucha gente que no tiene los papeles al día pero uno lo que esperaría es que el Gobierno se concentre en las personas que tienen prontuario” señaló, lamentando “que el Gobierno haga eco de lo que pide la derecha que es persecución de las personas extranjeras por ser extranjeras”. 

“Ha habido discursos muy xenófobos en la misma sala de la Cámara de Diputados pidiendo redadas para que las personas que les pueda faltar un trámite sean expulsadas, eso definitivamente es desproporcionado y creo que es el origen de este problema”, añadió.

Desde la oposición en tanto, el diputado miembro de la comisión de seguridad, Andrés Longton (RN) atribuyó la falta de expulsiones a “la inoperancia de este gobierno”.

“Un gobierno de derecha como fue el gobierno del Presidente Sebastián Piñera logró enviar a más de dos mil venezolanos de vuelta a través de las expulsiones con aviones contratados por el Gobierno, más de 26 aviones y resulta que un gobierno de izquierda no puede llevar de vuelta a venezolanos, porque si no es en avión puede ser en bus también. Entonces es una mala excusa para esconder la tranca ideológica que hay detrás de las expulsiones”, sostuvo.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del PPD e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Raúl Soto, señaló que el rezago que presenta la ejecución de expulsiones en Chile se enmarca en una crisis de migración irregular cuyo punto de inflexión fue el aumento del flujo migratorio de venezolanos y venezolanas al país.

“Obviamente eso ligado a las decisiones que se tomaron en el gobierno anterior a propósito de la visita del expresidente Piñera a Cucuta y la invitación que se hacen a los venezolanos a venir a Chile como una señal política de puertas abiertas que hoy día creo que a traído consecuencias negativas para el país”, acotó.

Si bien el parlamentario relevó que “migrar es un derecho humano y cuando las personas vienen a nuestro país a aportar, a cumplir con las normas de convivencia y el orden jurídico, van a ser siempre bienvenidas”, advirtió “cuando vienen a delinquir, como ocurre en muchos casos, por supuesto que deben ser perseguidas y expulsadas”.

“Esa distinción hay que hacerla con absoluta claridad, sin complejos ideológicos y el Gobierno está actuando en consecuencia”, aseguró, recordando que el Ejecutivo “se está llevando a los militares a la Macrozona Norte con la ley de Infraestructura Crítica justamente para tener un mayor control, resguardo y dar una señal potente del Estado de Chile respecto de resguardar nuestras fronteras para que no siga aumentando el flujo de migración irregular”.

De todas formas, Soto acotó que “ninguna política migratoria es suficiente por sí misma. Esto debe ir necesariamente complementado por un rol mucho más proactivo del nuevo canciller en orden de restablecer las relaciones multilaterales que se requieren para que efectivamente la colaboración internacional sea un factor que ayude a solucionar nuestro problema”.

Precisando ese punto, señaló que “hay que tener conversaciones con Bolivia, especialmente con Venezuela para permitir que estas reconducciones lleguen a buen puerto. Muchas veces ocurre que los países de origen o los de tránsito no reciben a estos migrantes de vuelta y eso es algo que debe ser solucionado en colaboración con los países vecinos”.

A modo de síntesis, el diputado sostuvo que “los flujos migratorios responden a las señales políticas de los gobiernos. Cuando Piñera decide abrir las fronteras a los venezolanos, eso evidentemente pone los ojos y la atención de los migrantes venezolanos en nuestro país y eso hace que vengan más”.

“Si hoy día estamos diciendo que estamos poniendo militares en las fronteras, que estamos cambiando nuestra regulación para fortalecerla y tener un mayor control, eso sin duda que va inhibir que migrantes lleguen en esas condiciones en el futuro a nuestro país”, complementó.

Imagen: Agencia ATON.
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