Durante su gira por Budapest, el mandatario electo anunció que buscará replicar el modelo europeo para consolidar su “Plan Escudo Fronterizo”. El objetivo es frenar los pasos irregulares en el norte y priorizar la seguridad interna del país.
La directora jurídica de la organización, Gabriela Hilliger, advirtió que tipificar la entrada por pasos no habilitados como delito es ineficaz, sobrecarga el sistema penal y puede derivar en vulneraciones a derechos humanos.
José Antonio Kast (Rep.) desestimó las acusaciones de Jeannette Jara (PC) sobre el fin de la PGU o la indemnización por años de servicio, tildándolas de “mentiras”. El candidato dijo que solo responderá cuestionamientos en el debate de Anatel.
Mientras ambos países buscan implementar patrullajes conjuntos en la frontera, el Servicio Jesuita a Migrantes aseguró que el flujo migratorio es similar al habitual y alertó que las expulsiones colectivas las prohíbe el derecho internacional.
“Una crisis se va a generar cuando haya 500, 600 o 1000 migrantes (…) en este caso no se han sobrepasado ni 50 en ese sector”, aseguró la autoridad comunal. No obstante, llamó a las autoridades a crear un corredor humanitario.
En O’Higgins, el candidato republicano José Antonio Kast defendió su propuesta de retorno voluntario, fijando un plazo de 102 días antes de la asunción para que los irregulares dejen el país. Tras ese plazo, serían expulsados “con lo puesto”.
La académica analizó el problema humanitario que se vive en el norte, adviertiendo sobre la construcción de “climas de odio” en pleno contexto electoral y que el discurso antimigratorio se ha vuelto una herramienta política transversal.
La candidata oficialista cuestionó la viabilidad del plan de José Antonio Kast y aseguró que es “imaginario”. El republicano respondió que “lo único insólito” es la propuesta de Jara para regularizar a más de 300 mil inmigrantes.
La diputada independiente-PPD Camila Musante señaló que no quiere que “sean los extranjeros quienes definan quién va a ser el próximo Presidente de la República de Chile”. “Esa es una decisión que le corresponde a los chilenos”, aseveró.
La directora ejecutiva de la organización planteó su preocupación respecto a que la migración se aborde punitivamente y no desde una perspectiva de DDHH. Además, destacó que la regularización normaliza la vida de los migrantes y de las comunidades.
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, apuntó a la baja efectividad que tendría la medida. Mientras el representante del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, calificó el proyecto como un “juego de luces”.
El jefe comunal advirtió que tanto a nivel central como municipal se ha devenido en un trabajo “ejemplar” al disminuir los ingresos irregulares en la comuna. No obstante, instó al Gobierno a replicar las medidas adoptadas al resto del territorio.
Gabriela Hilliger, abogada del SJM, explicó que “es imposible materializar una expulsión de inmediato, porque toda expulsión requiere que el país hacia donde se va a dirigir esa persona, dé su consentimiento”.
El ministro Alberto Van Klaveren informó que existe la posibilidad que los vuelos salgan de Santiago. “Somos conscientes de los problemas que se han generado en Arica y en nuestra frontera norte y queremos evitar que se sigan produciendo”, indicó.
Con el rezago en materia de expulsiones se aceleró la reactivación de las relaciones multilaterales para destrabar los procesos de repatriación. “Eso va a ser una de las prioridades de nuestra Cancillería”, afirmó Boric desde Colchane.
Desde Colchane, el mandatario realizó anuncios en materia de migración irregular, conectividad y seguridad, comprometiendo en esto último la construcción de una comisaría para la comuna que contará con una mayor dotación de Carabineros.
Adicionalmente, Gerardo Espíndola consideró necesario “que se tomen acciones de mayor protección y fortalecimiento de los territorios fronterizos, que es más allá de la línea que divide dos países”.
