Felipe Muñoz aseguró que para los jefes comunales la disminución en el Fondo Común Municipal sigue siendo un preocupación. Por otra parte, cuestionó las medidas propuesta por el Ejecutivo en materia de migración irregular.
El mandatario defendió la necesidad de “ordenar” el sistema migratorio y aseguró que el Gobierno buscará avanzar “paso a paso” en medidas para identificar a extranjeros en situación irregular sin restringir atenciones de urgencia.
La ministra de Salud, May Chomalí, expresó preocupación por la iniciativa impulsada desde Interior, mientras el subsecretario Máximo Pavez aseguró que la medida no vulnerará los derechos de los pacientes ni obligará a “reportar a nadie”.
“La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, afirmó. Además, se refirió a las críticas recibidas tras calificar su promesa de campaña sobre la expulsión de 300 mil migrantes irregulares como “metáfora”.
Proyecto avanza al Senado y condiciona ayudas fiscales a regularidad migratoria. La medida busca ordenar el sistema, pero ha recibido críticas por afectación a derechos, discriminación y por omitir las causas profundas del fenómeno migratorio.
El Mandatario aseguró que en algún momento las personas en dicha situación de irregularidad van a tener “que encontrarse con el Estado”. Y apuntó a generar incentivos para la regularización o salida voluntaria del país.
Durante su gira por Budapest, el mandatario electo anunció que buscará replicar el modelo europeo para consolidar su “Plan Escudo Fronterizo”. El objetivo es frenar los pasos irregulares en el norte y priorizar la seguridad interna del país.
La directora jurídica de la organización, Gabriela Hilliger, advirtió que tipificar la entrada por pasos no habilitados como delito es ineficaz, sobrecarga el sistema penal y puede derivar en vulneraciones a derechos humanos.
José Antonio Kast (Rep.) desestimó las acusaciones de Jeannette Jara (PC) sobre el fin de la PGU o la indemnización por años de servicio, tildándolas de “mentiras”. El candidato dijo que solo responderá cuestionamientos en el debate de Anatel.
Mientras ambos países buscan implementar patrullajes conjuntos en la frontera, el Servicio Jesuita a Migrantes aseguró que el flujo migratorio es similar al habitual y alertó que las expulsiones colectivas las prohíbe el derecho internacional.
“Una crisis se va a generar cuando haya 500, 600 o 1000 migrantes (…) en este caso no se han sobrepasado ni 50 en ese sector”, aseguró la autoridad comunal. No obstante, llamó a las autoridades a crear un corredor humanitario.
En O’Higgins, el candidato republicano José Antonio Kast defendió su propuesta de retorno voluntario, fijando un plazo de 102 días antes de la asunción para que los irregulares dejen el país. Tras ese plazo, serían expulsados “con lo puesto”.
La académica analizó el problema humanitario que se vive en el norte, adviertiendo sobre la construcción de “climas de odio” en pleno contexto electoral y que el discurso antimigratorio se ha vuelto una herramienta política transversal.
La candidata oficialista cuestionó la viabilidad del plan de José Antonio Kast y aseguró que es “imaginario”. El republicano respondió que “lo único insólito” es la propuesta de Jara para regularizar a más de 300 mil inmigrantes.
La diputada independiente-PPD Camila Musante señaló que no quiere que “sean los extranjeros quienes definan quién va a ser el próximo Presidente de la República de Chile”. “Esa es una decisión que le corresponde a los chilenos”, aseveró.
La directora ejecutiva de la organización planteó su preocupación respecto a que la migración se aborde punitivamente y no desde una perspectiva de DDHH. Además, destacó que la regularización normaliza la vida de los migrantes y de las comunidades.
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, apuntó a la baja efectividad que tendría la medida. Mientras el representante del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, calificó el proyecto como un “juego de luces”.
