La agenda contiene 92 medidas, tanto legales como de políticas públicas, que se organizan bajo los ejes estratégicos de: prevención y víctimas; control; persecución y sanción; institucionalidad; y policías. Ellas fueron trabajadas con la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile; AGORECHI, y las tres asociaciones de municipalidades constituidas en el país.

En el caso de los gobiernos regionales, el compromiso transversal entrega competencias en materia de prevención del delito así como de protección y apoyo a las víctimas. Para ello, se contempla dotar al GORE de la facultad de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en prevención del delito y atención a las víctimas, modificando el artículo 16 de la Ley N°19.175.

En el caso de los municipios, la agenda fortalece el rol preventivo a través de modificaciones de su ley orgánica constitucional, integrando así criterios de la seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal; reformando los Consejos Comunales de Seguridad para dotarlos de mayor eficacia e incidencia y fortalecimiento de los planes de seguridad comunal.

De ello dio cuenta el Presidente Boric en una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias, instancia en que aprovechó de abordar el rechazo de las indicaciones del Ejecutivo al proyecto Nain-Retamal en la comisión de Seguridad Pública del Senado. 

Al respecto, el mandatario llamó a legislar “con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto tal cual está”.

En ese sentido, indicó que “junto a la responsabilidad, quiero llamar al honorable Congreso a legislar con sentido de largo plazo. Ya lo han dicho varios parlamentarios: cuando legislamos aceleradamente, en particular a puertas de procesos eleccionarios como el que tendremos prontamente, nos puede llevar al nublamiento del juicio y a dejar de escuchar las razones”.

Por lo demas, señaló que “si queremos colaborar con la seguridad de nuestros ciudadanos, templemos el debate, escuchemos al de al frente, tenemos un bien común que no me cabe ninguna duda que compartimos y por lo tanto busquemos cuál es la mejor manera de ponernos de acuerdo”.

Reacciones 

Aquilatando la firma del compromiso, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo valorar la agenda en cuanto radica en un requierimiento histórico de las autoridades regionales. “Tenemos billetera, estamos en el terreno, tenemos liderazgo, era absurdo dejarnos fuera y el Gobierno hoy día se ha comprometido a incorporarnos con facultades para hacer políticas de prevención del delito, para articular a los distintos actores en el territorio y lo más importante para defender a las víctimas”, reconoció.

En cuanto a los puntos débiles, Orrego echó en menos el “sentido de urgencia” del Ejecutivo. “Agosto es como un siglo más, hay que hacerlo ahora, el narco y el crimen no esperan. Y segundo, necesitamos urgentemente que se nos reconozca la legitimación activa, es decir la posibilidad de querellarnos en aquellos delitos más graves. Pero creemos que es un paso adelante, en la dirección correcta”, indicó.

A su vez, el alcalde de Puente Alto, German Codina, señaló que el compromiso “es algo que los municipios observamos obviamente con optimismo. Siempre hemos requerido tener más atribuciones, pero nos parece que falta todavía mucho”.

“A pesar de que esto está muy lejos de aquello que los municipios realmente necesitamos, lo más importante para nosotros son las señales claras del Gobierno”, añadió y acotó que “mi presencia hoy día en ningún caso avala que la ministra del Interior el día de ayer haya abandonado la comisión de Seguridad del Senado”.

“Considero que esa no es la manera de trabajar juntos en el combate a la delincuencia sobre todo hoy día que necesitamos que el Gobierno tome una definición clara: ¿Estará con los carabineros o con los delincuentes?”, cerró el edil.