En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, entre otras autoridades, se reunieron con la afectada y sus representantes ante la CIDH para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres.
El caso que tramita ante la CIDH cuenta con un acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado chileno en 2007 en el cual el Estado se comprometió a modificar esta legislación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La co directora del Programa para Brasil y el Cono Sur por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Mariángeles Misuraca –también representante de Arce- señaló que “se trata de un caso de fuerte discriminación y afectación del derecho a la igualdad de las mujeres”, recordando cómo en 2001 la afectada acudió a la CIDH debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal.
“Han pasado más de 20 años desde que la señora Arce se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”, acusó Misuraca.
En tanto, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, consideró muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, puesto que a su juicio se trata de una ley que discrimina a las mujeres, subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía.
“En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley, por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”, expresó la abogada.
En dicha reunión, Arce dijo tener la confianza y la esperanza de que la ley se va a modificar. “Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además, en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”, comentó.
“A pesar del tiempo que ha pasado, todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres de Chile”, añadió.
Cabe destacar que los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito en 2007, comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.
En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, entre otras autoridades, se reunieron con la afectada y sus representantes ante la CIDH para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres.
El caso que tramita ante la CIDH cuenta con un acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado chileno en 2007 en el cual el Estado se comprometió a modificar esta legislación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La co directora del Programa para Brasil y el Cono Sur por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Mariángeles Misuraca –también representante de Arce- señaló que “se trata de un caso de fuerte discriminación y afectación del derecho a la igualdad de las mujeres”, recordando cómo en 2001 la afectada acudió a la CIDH debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal.
“Han pasado más de 20 años desde que la señora Arce se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”, acusó Misuraca.
En tanto, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, consideró muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, puesto que a su juicio se trata de una ley que discrimina a las mujeres, subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía.
“En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley, por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”, expresó la abogada.
En dicha reunión, Arce dijo tener la confianza y la esperanza de que la ley se va a modificar. “Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además, en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”, comentó.
“A pesar del tiempo que ha pasado, todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres de Chile”, añadió.
Cabe destacar que los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito en 2007, comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.
En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina, entre otras autoridades, se reunieron con la afectada y sus representantes ante la CIDH para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres.
El caso que tramita ante la CIDH cuenta con un acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado chileno en 2007 en el cual el Estado se comprometió a modificar esta legislación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
La co directora del Programa para Brasil y el Cono Sur por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Mariángeles Misuraca –también representante de Arce- señaló que “se trata de un caso de fuerte discriminación y afectación del derecho a la igualdad de las mujeres”, recordando cómo en 2001 la afectada acudió a la CIDH debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal.
“Han pasado más de 20 años desde que la señora Arce se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”, acusó Misuraca.
En tanto, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, consideró muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, puesto que a su juicio se trata de una ley que discrimina a las mujeres, subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía.
“En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley, por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”, expresó la abogada.
En dicha reunión, Arce dijo tener la confianza y la esperanza de que la ley se va a modificar. “Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además, en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”, comentó.
“A pesar del tiempo que ha pasado, todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres de Chile”, añadió.
Cabe destacar que los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito en 2007, comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.
