Con una dura respuesta a las críticas de la la Asociación de Isapres al proyecto de ley corta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que es una “desfachatez” que las instituciones acusen de engaño la iniciativa que busca facilitar el fallo de la Corte Suprema.
Vallejo afirmó que “las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema“.
Agregó que “si hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, habríamos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y no estamos haciendo eso”.
La secretaria de Estado aseguró que “nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad para, en primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Suprema y en segundo lugar, no habilitar espacios a salvatajes con los impuestos de las personas de nuestro país, o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las Isapres“, ya que eso “significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados que la misma Corte Suprema detectó”.
Agregó que “lo que hacemos es dar un plazo de seis meses para que las mismas Isapres, de acuerdo a su realidad, puedan presentar un plan de pago a quienes se vieron perjudicados, al mismo tiempo que fortalecemos y modernizamos las condiciones de FONASA, que ya recibe a muchos cotizantes”.
“Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno, no la genera la Corte Suprema. Tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó y se judicializó por cobros que eran inapropiados”, dijo Vallejo.
Sobre la frase de “indolencia” por los pacientes que son tratados en el sistema de la salud privada, Vallejo comentó que fue emitida por “los mismos que dijeron en algún momento que no podían hacerse cargo de los enfermos”.
Por su parte, la ministra de Salud Ximena Aguilera afirmó que “nosotros como Ejecutivo tenemos que dar cumplimiento a esa sentencia y justamente por la complejidad financiera que implica esa sentencia hemos presentado un proyecto de ley en una voluntad de otorgar estabilidad al sistema y una gradualidad, que empieza primero con la suspensión, es decir, que se termine con el cobro en exceso una vez publicada la circular de la Superintendencia de Salud”.
UDI respalda posición de las Isapres y critica al Ejecutivo: “Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno”
Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javiel Macaya, cuestionó el monto que deben pagar las instituciones dados a conocer por el Gobierno.
“Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno actual sobre el sistema de salud porque esa cifra, esos mil 400 millones de dólares obedecen a un cálculo de la propia Superintendencia de Salud, no está cruzado y no está en línea con la que las propias Isapres en la práctica estaban posibilitados de cumplir. Había criterios de la propia superintendencia del pasado, que establecen otros criterios de la tabla de factores”, dijo Macaya.
El personero afirmó que se debe establecer si esa cifra es real y si es posible cumplir bajo las condiciones que estableció la Corte Suprema. “Nos parece que se puede aumentar el plazo y que los propios usuarios del sistema (…) no quieren que caigan porque si caen se quedan sin cobertura y cae todo el sistema privado de salud, caen los hospitales privados, caen los centros médicos, centros de diálisis y los profesionales de salud que se desempeñan en el sistema van a tener una merma importante”.
Por ello, afirmó que “la respuesta es actuar con mayor racionalidad, buscar el equilibrio financiero del sistema. Queremos que efectivamente el fallo se cumpla, pero que se cumpla responsablemente y eso es lo que tenemos que buscar con este proyecto de ley”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, insistió en que el proyecto del Ejecutivo hará colapsar el sistema porque no hay forma de abordar las millonarias cifras que las instituciones tienen que devolver a los usuarios.
Con una dura respuesta a las críticas de la la Asociación de Isapres al proyecto de ley corta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que es una “desfachatez” que las instituciones acusen de engaño la iniciativa que busca facilitar el fallo de la Corte Suprema.
Vallejo afirmó que “las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema“.
Agregó que “si hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, habríamos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y no estamos haciendo eso”.
La secretaria de Estado aseguró que “nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad para, en primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Suprema y en segundo lugar, no habilitar espacios a salvatajes con los impuestos de las personas de nuestro país, o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las Isapres“, ya que eso “significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados que la misma Corte Suprema detectó”.
Agregó que “lo que hacemos es dar un plazo de seis meses para que las mismas Isapres, de acuerdo a su realidad, puedan presentar un plan de pago a quienes se vieron perjudicados, al mismo tiempo que fortalecemos y modernizamos las condiciones de FONASA, que ya recibe a muchos cotizantes”.
“Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno, no la genera la Corte Suprema. Tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó y se judicializó por cobros que eran inapropiados”, dijo Vallejo.
Sobre la frase de “indolencia” por los pacientes que son tratados en el sistema de la salud privada, Vallejo comentó que fue emitida por “los mismos que dijeron en algún momento que no podían hacerse cargo de los enfermos”.
Por su parte, la ministra de Salud Ximena Aguilera afirmó que “nosotros como Ejecutivo tenemos que dar cumplimiento a esa sentencia y justamente por la complejidad financiera que implica esa sentencia hemos presentado un proyecto de ley en una voluntad de otorgar estabilidad al sistema y una gradualidad, que empieza primero con la suspensión, es decir, que se termine con el cobro en exceso una vez publicada la circular de la Superintendencia de Salud”.
UDI respalda posición de las Isapres y critica al Ejecutivo: “Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno”
Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javiel Macaya, cuestionó el monto que deben pagar las instituciones dados a conocer por el Gobierno.
“Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno actual sobre el sistema de salud porque esa cifra, esos mil 400 millones de dólares obedecen a un cálculo de la propia Superintendencia de Salud, no está cruzado y no está en línea con la que las propias Isapres en la práctica estaban posibilitados de cumplir. Había criterios de la propia superintendencia del pasado, que establecen otros criterios de la tabla de factores”, dijo Macaya.
El personero afirmó que se debe establecer si esa cifra es real y si es posible cumplir bajo las condiciones que estableció la Corte Suprema. “Nos parece que se puede aumentar el plazo y que los propios usuarios del sistema (…) no quieren que caigan porque si caen se quedan sin cobertura y cae todo el sistema privado de salud, caen los hospitales privados, caen los centros médicos, centros de diálisis y los profesionales de salud que se desempeñan en el sistema van a tener una merma importante”.
Por ello, afirmó que “la respuesta es actuar con mayor racionalidad, buscar el equilibrio financiero del sistema. Queremos que efectivamente el fallo se cumpla, pero que se cumpla responsablemente y eso es lo que tenemos que buscar con este proyecto de ley”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, insistió en que el proyecto del Ejecutivo hará colapsar el sistema porque no hay forma de abordar las millonarias cifras que las instituciones tienen que devolver a los usuarios.
Con una dura respuesta a las críticas de la la Asociación de Isapres al proyecto de ley corta, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que es una “desfachatez” que las instituciones acusen de engaño la iniciativa que busca facilitar el fallo de la Corte Suprema.
Vallejo afirmó que “las Isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema“.
Agregó que “si hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, habríamos mandatado el cumplimiento inmediato del fallo y no estamos haciendo eso”.
La secretaria de Estado aseguró que “nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad para, en primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Suprema y en segundo lugar, no habilitar espacios a salvatajes con los impuestos de las personas de nuestro país, o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las Isapres“, ya que eso “significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos e inapropiados que la misma Corte Suprema detectó”.
Agregó que “lo que hacemos es dar un plazo de seis meses para que las mismas Isapres, de acuerdo a su realidad, puedan presentar un plan de pago a quienes se vieron perjudicados, al mismo tiempo que fortalecemos y modernizamos las condiciones de FONASA, que ya recibe a muchos cotizantes”.
“Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno, no la genera la Corte Suprema. Tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó y se judicializó por cobros que eran inapropiados”, dijo Vallejo.
Sobre la frase de “indolencia” por los pacientes que son tratados en el sistema de la salud privada, Vallejo comentó que fue emitida por “los mismos que dijeron en algún momento que no podían hacerse cargo de los enfermos”.
Por su parte, la ministra de Salud Ximena Aguilera afirmó que “nosotros como Ejecutivo tenemos que dar cumplimiento a esa sentencia y justamente por la complejidad financiera que implica esa sentencia hemos presentado un proyecto de ley en una voluntad de otorgar estabilidad al sistema y una gradualidad, que empieza primero con la suspensión, es decir, que se termine con el cobro en exceso una vez publicada la circular de la Superintendencia de Salud”.
UDI respalda posición de las Isapres y critica al Ejecutivo: “Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno”
Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javiel Macaya, cuestionó el monto que deben pagar las instituciones dados a conocer por el Gobierno.
“Eso refleja el espíritu estatista del Gobierno actual sobre el sistema de salud porque esa cifra, esos mil 400 millones de dólares obedecen a un cálculo de la propia Superintendencia de Salud, no está cruzado y no está en línea con la que las propias Isapres en la práctica estaban posibilitados de cumplir. Había criterios de la propia superintendencia del pasado, que establecen otros criterios de la tabla de factores”, dijo Macaya.
El personero afirmó que se debe establecer si esa cifra es real y si es posible cumplir bajo las condiciones que estableció la Corte Suprema. “Nos parece que se puede aumentar el plazo y que los propios usuarios del sistema (…) no quieren que caigan porque si caen se quedan sin cobertura y cae todo el sistema privado de salud, caen los hospitales privados, caen los centros médicos, centros de diálisis y los profesionales de salud que se desempeñan en el sistema van a tener una merma importante”.
Por ello, afirmó que “la respuesta es actuar con mayor racionalidad, buscar el equilibrio financiero del sistema. Queremos que efectivamente el fallo se cumpla, pero que se cumpla responsablemente y eso es lo que tenemos que buscar con este proyecto de ley”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, insistió en que el proyecto del Ejecutivo hará colapsar el sistema porque no hay forma de abordar las millonarias cifras que las instituciones tienen que devolver a los usuarios.
