La jornada de este lunes las comisiones del Consejo Constitucional comenzaron a recibir las primeras audiencias públicas, en el marco del proceso de participación ciudadana en esta nueva etapa constituyente.

Así, por ejemplo, las instancias temáticas recibieron tanto a expertos como representantes de organizaciones de la sociedad civil, tales como la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Red de Directores por la Acción Climática, Confederación Unión Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, entre otros. Todo esto, con el fin de que sus visiones sean consideradas en la elaboración de la propuesta constitucional que será plebiscitada en diciembre próximo.

En la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, el contador auditor y miembro del Centro de Estudios sobre Descentralización Financiera y Fiscal (CEUDEFF), Christian García, relevó la importancia de hacer hincapié y avanzar hacia un estado unitario descentralizado efectivo, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad local, como las municipalidades y los gobiernos regionales.

En esa línea, sostuvo que “esta constitución lo que debiese tener es un énfasis más marcado en la descentralización que en la desconcentración de la administración del Estado. Cuando uno analiza el Capítulo VI, que se refiere al Gobierno y la Administración Regional y Local del anteproyecto, hay un acápite que habla, incluso, de la desconcentración de la administración del Estado, o sea, no obstante de estar hablando de descentralización, se preocupa de recalcar que el Estado va a seguir siendo desconcentrado”.

“Entonces, tenemos una especia de contradicción entre si vamos a seguir con la misma constitución que tenemos hoy, donde el Estado es desconcentrado o si realmente vamos a reconocer que el Acuerdo por Chile dijo, y esto está en la Constitución Política vigente, que el Estado de Chile iba a ser descentralizado”, afirmó, ejemplificando para aquello la pugna que actualmente existe entre los gobernadores regionales y la figura el delegado presidencial, cuya eliminación ha sido solicitada por distintas asociaciones regionales, puesto que -según explicó- supone un conflicto “por quién ejerce la tutela o autoridad sobre los servicios públicos”.

En la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la encargada del Área de Acción Climática de la Fundación Horizonte Ciudadano, Loreto Stambuk, realizó una exposición en la que abordó la importancia de consagrar constitucionalmente el derecho humano a respirar aire puro.

“En el Artículo 20, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, que permita la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones, interesante sería incluir el derecho a respirar un aire limpio como un componente integral del derecho a la vida y la salud (…) La contaminación del aire es el problema ambiental que más nos preocupa a los chilenos, que más muertes prematuras provoca y que afecta permanentemente la calidad de vida de los seres humanos”, defendió.

Mientras, en la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, la integrante del Equipo Jurídico de la Conferencia Episcopal de Chile, Carmen Domínguez, se refirió a la protección de la vida del que está por nacer, desde su concepción. Sobre esto, destacó que “el ordenamiento jurídico vigente del nasciturus se afirma en la Constitución, que no crea este reconocimiento, sino que sólo recoge una larga tradición jurídica”.

Asimismo, remarcó que “a diferencia de cómo suele presentarse, debe recordarse que la protección jurídica del nasciturus no se inicia con la constitución vigente, sino que se funda, además, en un conjunto de normas y principios contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, muchos anteriores, incluso, a la norma constitucional que forma parte de una tradición jurídica en Chile nacida en el seno del derecho civil”.

Cabe destacar que desde este lunes hasta el próximo viernes 7 de julio se espera que las cuatro comisiones del Consejo Constitucional reciban cerca de 200 audiencias públicas como parte del proceso de participación ciudadana, cuya incidencia también se verá reflejada en los otros mecanismos dispuestos por la Secretaría creada para estos efectos, tales como la iniciativa popular de norma, consulta ciudadana y diálogos ciudadanos.