En el marco del debate por el Caso Convenios, el Gobierno conformó una comisión de expertos en probidad con la idea de dar una solución a esta crisis, la cual tendrá un plazo de 45 días para proponer un nuevo trato entre el Estado y las fundaciones.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el integrante de la instancia y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, quien señaló que la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro será fundamental para el trabajo de la Comisión.

“Ellos también han detectado estos riesgos o han conocido mejor estas situaciones que a veces pueden ser ilícitas o que pueden ser un mal uso de los recursos públicos, que tal vez no se están gastando adecuadamente. No necesariamente todo es corrupción, podríamos querer que el dinero sea usado de una manera más eficiente. Por ejemplo, en vez de atender a cinco niños con esa plata, podemos atender a veinte”, dijo.

Consultado respecto a los cambios que deben introducirse para que no se repitan situaciones como las de la fundación Democracia Viva, Agüero aseguró que deben aumentarse los requisitos para que instituciones privadas reciban recursos, sin que esto mismo impida que sigan colaborando con el Estado.

“Hay que ser cauto en esas exigencias que podrían hacer más difícil el funcionamiento de la sociedad civil. Esto no es el Estado ni es el mercado, sino que es una tercera pata que funciona en nuestra sociedad y que responde a veces muy bien. Acá se trata de un problema acotado, no un problema generalizado de toda la sociedad civil, eso es otra cosa que hay que tener en consideración”, indicó.

El integrante de la Comisión de Probidad además propuso aumentar los mecanismos de control, con el objetivo de detectar de manera más sencilla cuando se estén cometiendo irregularidades al momento de asignar recursos.

“Este es un problema que ocurre. La naturaleza humana hace que uno favorezca más a los amigos, más a los familiares, más a los correligionarios. Entonces, hay que pensar en mecanismos con incentivos y desincentivos. Probablemente ya tenemos incentivos por el lado penal, de castigo, de problemas de probidad, pero nada de eso sirve si yo no puedo descubrir la infracción o el incumpliento”, reconoció.

En esa misma línea, Agüero planteó que los instrumentos actuales ligados a la Contraloría y el Ministerio Público, no están siendo del todo efectivos, por lo que se deberían incluir otros.

“En el ámbito de la libre competencia y el mercado financiero se han establecido algunas herramientas que a veces funcionan y a veces no, para revelar cuando alguien es parte de un ilícito. La delación compensada, que se utiliza como una herramienta para descubrir los carteles, ha funcionado relativamente bien en Chile para descubrir esas prácticas. Entonces, hay que pensar en mecanismos que fomenten el mayor cumplimiento de la ley”, afirmó.

En cuanto al futuro que tendrá el informe de la Comisión, el académico de la Facultad de Derecho, expresó que: “Yo creo que se va a tomar en cuenta, porque el Presidente ha manifestado que esa es su voluntad”.

“Esto por supuesto no depende de nosotros, nosotros solamente haremos recomendaciones, sino que depende del mundo de la política. Este tema va a seguir estando en el ojo de la opinión pública, entonces, yo espero y confío que algunas de las recomendaciones, ojalá todas, vayan a ser implementadas”.

Por último, Agüero se refirió al acotado plazo de la Comisión, que a su juicio, no será un impedimento para que esta realice su tarea.

“Si bien el plazo es acotado, los abogados a veces trabajamos con plazos aún más cortos. Acá además ya hay diagnósticos que se han hecho por la sociedad civil, de otras comisiones que han estado trabajando temas tangencialmente relacionados, por lo que no sería de extrañar que partamos con cosas que ya se han hecho”, concluyó.