Acusación constitucional contra ministro Ávila enfrenta incierto escenario en la Cámara de Diputados
Sectores de la oposición han mencionado que se encuentran en "reflexión" respecto de la viabilidad del libelo, puesto que, a juicio de algunos, los argumentos esgrimidos no responderían a una transgresión de la constitución sino tan sólo a críticas.
Martes 11 de julio 2023 15:26 hrs.
Valparaiso, 20 de diciembre de 2022.
El ministro de educacion Marco Antonio Avila participa de la sesion de la Camara de Diputados.
Raul Zamora/Aton Chile
Con informe negativo será que mañana miércoles desde las 10:00 horas la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que pronunciarse sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, interpuesta por parlamentarios de la oposición.
Esto, luego que la comisión revisora –de mayoría oficialista- rechazara por tres votos en contra y dos a favor el libelo, que está conformado por siete capítulos dentro de los cuales apuntan a una eventual infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en materias de orientación sexual e irregularidades en los contratos de la JUNAEB.
Con todo, para la jornada de mañana se proyecta una votación incierta, toda vez que, además, la discusión en torno al futuro de la acusación se ha complicado, a raíz de las polémicas declaraciones de parte de la diputada María Luisa Cordero (RN) y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano e impulsora del denominado “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda, a quienes se les cuestionó por emitir un discurso homofóbico contra el secretario de Estado.
En concreto, Cordero –quien ya hace un tiempo también profirió comentarios ofensivos contra la senadora Fabiola Campillai- en entrevista en radio El Conquistador acusó que si Ávila no fuera ministro de Educación “yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”; mientras que Aranda, en su intervención en la comisión revisora, dijo que la autoridad “debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”.
Bajo ese contexto, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, llamó a la oposición a reflexionar y señaló que “no se puede utilizar este instrumento jurídico para perseguir a un ministro por su orientación sexual”.
“Esta acusación claramente tiene un tinte homofóbico y, por lo demás, es un tongo que nos distrae de las reales necesidades hoy día de la gente. Por la homofobia de algunos, este Congreso va a perder tiempo en que podría estar legislando en contra la delincuencia, a favor de la economía de las familias y en contra de los abusos”, expresó.
La diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Educación, Alejandra Placencia, consideró que el libelo “no tiene ningún fundamento, en tanto no se han llevado a pasar ni la constitución y las leyes. Acá toda la responsabilidad que se pretende achacar al ministro de Educación se ha ido construyendo sobre la marcha sobre elementos que, además, son falaces. Por lo tanto, lo que finalmente queda como conclusión es que es una acusación constitucional que está fundado en una ‘sobreideologización’ de quienes la firman”.
En la oposición hay posturas divididas en torno a la opción de avanzar en la acusación constitucional, que requiere de la mayoría de los diputados presentes para continuar su tramitación en el Senado.
En esa línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, aseveró que desde la colectividad se encuentran sopesando esta decisión, puesto que consideran que algunos de los capítulos “obedecen más a una crítica, que nosotros también compartimos respecto a las prioridades que puede estar llevando el ministro, que a una falta que signifique transgredir o no respetar la constitución y las leyes”.
En la misma línea, el diputado ex DC e integrante del Centro Democrático Unido, Miguel Ángel Calisto, comentó que los planteamientos que hacen referencia a la orientación sexual del ministro “claramente, le quitan sustento al cuestionamiento y a la acusación constitucional. Creo que tenemos que ser muy responsables al minuto de usar esta herramienta que es de fiscalización y que no se puede ‘chacrear’ (…) En ese sentido, hemos hecho un análisis desde nuestro comité, tal cual como lo hicimos con los gobiernos anteriores (…) que los argumentos que se han planteado contra el ministro Ávila carecen de sustento jurídico”.
En tanto, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, adelantó su postura, indicando que “habiendo estudiado la acusación y la defensa del ministro, he llegado a la convicción de que no tiene mérito. Por lo tanto, yo voy a votar en contra el próximo miércoles” e hizo un llamado a sus pares, asegurando que si bien “es una decisión mía como diputado, espero que el resto de la bancada considere los mismos argumentos y tengamos un rechazo”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió la viabilidad de la acción legislativa y desestimó que responda a la orientación sexual del ministro. “Tiene que ver con los 50 mil estudiantes que no han vuelto después de la pandemia a los colegios, tiene que ver el proceso de admisión escolar, con el desfalco en JUNAEB y también con la mala administración que se ha dado al Ministerio de Educación”, justificó.
Asimismo, en relación con las declaraciones de Cordero, el parlamentario sostuvo que “las opiniones de una diputada sin duda pueden hacer una diferencia para que alguien cambie de opinión, pero es sólo eso, su opinión. Nosotros nos quedamos con la acusación constitucional en donde RN de los siete capítulos redactó cuatro, cuatro contundentes capítulos que acusan al ministro de abandono de deberes y de falta, incluso, a la probidad como se ha visto en el caso de la JUNAEB”.
Con informe negativo será que mañana miércoles desde las 10:00 horas la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que pronunciarse sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, interpuesta por parlamentarios de la oposición.
Esto, luego que la comisión revisora –de mayoría oficialista- rechazara por tres votos en contra y dos a favor el libelo, que está conformado por siete capítulos dentro de los cuales apuntan a una eventual infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en materias de orientación sexual e irregularidades en los contratos de la JUNAEB.
Con todo, para la jornada de mañana se proyecta una votación incierta, toda vez que, además, la discusión en torno al futuro de la acusación se ha complicado, a raíz de las polémicas declaraciones de parte de la diputada María Luisa Cordero (RN) y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano e impulsora del denominado “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda, a quienes se les cuestionó por emitir un discurso homofóbico contra el secretario de Estado.
En concreto, Cordero –quien ya hace un tiempo también profirió comentarios ofensivos contra la senadora Fabiola Campillai- en entrevista en radio El Conquistador acusó que si Ávila no fuera ministro de Educación “yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”; mientras que Aranda, en su intervención en la comisión revisora, dijo que la autoridad “debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”.
Bajo ese contexto, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, llamó a la oposición a reflexionar y señaló que “no se puede utilizar este instrumento jurídico para perseguir a un ministro por su orientación sexual”.
“Esta acusación claramente tiene un tinte homofóbico y, por lo demás, es un tongo que nos distrae de las reales necesidades hoy día de la gente. Por la homofobia de algunos, este Congreso va a perder tiempo en que podría estar legislando en contra la delincuencia, a favor de la economía de las familias y en contra de los abusos”, expresó.
La diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Educación, Alejandra Placencia, consideró que el libelo “no tiene ningún fundamento, en tanto no se han llevado a pasar ni la constitución y las leyes. Acá toda la responsabilidad que se pretende achacar al ministro de Educación se ha ido construyendo sobre la marcha sobre elementos que, además, son falaces. Por lo tanto, lo que finalmente queda como conclusión es que es una acusación constitucional que está fundado en una ‘sobreideologización’ de quienes la firman”.
En la oposición hay posturas divididas en torno a la opción de avanzar en la acusación constitucional, que requiere de la mayoría de los diputados presentes para continuar su tramitación en el Senado.
En esa línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, aseveró que desde la colectividad se encuentran sopesando esta decisión, puesto que consideran que algunos de los capítulos “obedecen más a una crítica, que nosotros también compartimos respecto a las prioridades que puede estar llevando el ministro, que a una falta que signifique transgredir o no respetar la constitución y las leyes”.
En la misma línea, el diputado ex DC e integrante del Centro Democrático Unido, Miguel Ángel Calisto, comentó que los planteamientos que hacen referencia a la orientación sexual del ministro “claramente, le quitan sustento al cuestionamiento y a la acusación constitucional. Creo que tenemos que ser muy responsables al minuto de usar esta herramienta que es de fiscalización y que no se puede ‘chacrear’ (…) En ese sentido, hemos hecho un análisis desde nuestro comité, tal cual como lo hicimos con los gobiernos anteriores (…) que los argumentos que se han planteado contra el ministro Ávila carecen de sustento jurídico”.
En tanto, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, adelantó su postura, indicando que “habiendo estudiado la acusación y la defensa del ministro, he llegado a la convicción de que no tiene mérito. Por lo tanto, yo voy a votar en contra el próximo miércoles” e hizo un llamado a sus pares, asegurando que si bien “es una decisión mía como diputado, espero que el resto de la bancada considere los mismos argumentos y tengamos un rechazo”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió la viabilidad de la acción legislativa y desestimó que responda a la orientación sexual del ministro. “Tiene que ver con los 50 mil estudiantes que no han vuelto después de la pandemia a los colegios, tiene que ver el proceso de admisión escolar, con el desfalco en JUNAEB y también con la mala administración que se ha dado al Ministerio de Educación”, justificó.
Asimismo, en relación con las declaraciones de Cordero, el parlamentario sostuvo que “las opiniones de una diputada sin duda pueden hacer una diferencia para que alguien cambie de opinión, pero es sólo eso, su opinión. Nosotros nos quedamos con la acusación constitucional en donde RN de los siete capítulos redactó cuatro, cuatro contundentes capítulos que acusan al ministro de abandono de deberes y de falta, incluso, a la probidad como se ha visto en el caso de la JUNAEB”.
Con informe negativo será que mañana miércoles desde las 10:00 horas la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que pronunciarse sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, interpuesta por parlamentarios de la oposición.
Esto, luego que la comisión revisora –de mayoría oficialista- rechazara por tres votos en contra y dos a favor el libelo, que está conformado por siete capítulos dentro de los cuales apuntan a una eventual infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en materias de orientación sexual e irregularidades en los contratos de la JUNAEB.
Con todo, para la jornada de mañana se proyecta una votación incierta, toda vez que, además, la discusión en torno al futuro de la acusación se ha complicado, a raíz de las polémicas declaraciones de parte de la diputada María Luisa Cordero (RN) y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano e impulsora del denominado “Bus de la Libertad”, Marcela Aranda, a quienes se les cuestionó por emitir un discurso homofóbico contra el secretario de Estado.
En concreto, Cordero –quien ya hace un tiempo también profirió comentarios ofensivos contra la senadora Fabiola Campillai- en entrevista en radio El Conquistador acusó que si Ávila no fuera ministro de Educación “yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”; mientras que Aranda, en su intervención en la comisión revisora, dijo que la autoridad “debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”.
Bajo ese contexto, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, llamó a la oposición a reflexionar y señaló que “no se puede utilizar este instrumento jurídico para perseguir a un ministro por su orientación sexual”.
“Esta acusación claramente tiene un tinte homofóbico y, por lo demás, es un tongo que nos distrae de las reales necesidades hoy día de la gente. Por la homofobia de algunos, este Congreso va a perder tiempo en que podría estar legislando en contra la delincuencia, a favor de la economía de las familias y en contra de los abusos”, expresó.
La diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Educación, Alejandra Placencia, consideró que el libelo “no tiene ningún fundamento, en tanto no se han llevado a pasar ni la constitución y las leyes. Acá toda la responsabilidad que se pretende achacar al ministro de Educación se ha ido construyendo sobre la marcha sobre elementos que, además, son falaces. Por lo tanto, lo que finalmente queda como conclusión es que es una acusación constitucional que está fundado en una ‘sobreideologización’ de quienes la firman”.
En la oposición hay posturas divididas en torno a la opción de avanzar en la acusación constitucional, que requiere de la mayoría de los diputados presentes para continuar su tramitación en el Senado.
En esa línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, aseveró que desde la colectividad se encuentran sopesando esta decisión, puesto que consideran que algunos de los capítulos “obedecen más a una crítica, que nosotros también compartimos respecto a las prioridades que puede estar llevando el ministro, que a una falta que signifique transgredir o no respetar la constitución y las leyes”.
En la misma línea, el diputado ex DC e integrante del Centro Democrático Unido, Miguel Ángel Calisto, comentó que los planteamientos que hacen referencia a la orientación sexual del ministro “claramente, le quitan sustento al cuestionamiento y a la acusación constitucional. Creo que tenemos que ser muy responsables al minuto de usar esta herramienta que es de fiscalización y que no se puede ‘chacrear’ (…) En ese sentido, hemos hecho un análisis desde nuestro comité, tal cual como lo hicimos con los gobiernos anteriores (…) que los argumentos que se han planteado contra el ministro Ávila carecen de sustento jurídico”.
En tanto, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, adelantó su postura, indicando que “habiendo estudiado la acusación y la defensa del ministro, he llegado a la convicción de que no tiene mérito. Por lo tanto, yo voy a votar en contra el próximo miércoles” e hizo un llamado a sus pares, asegurando que si bien “es una decisión mía como diputado, espero que el resto de la bancada considere los mismos argumentos y tengamos un rechazo”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió la viabilidad de la acción legislativa y desestimó que responda a la orientación sexual del ministro. “Tiene que ver con los 50 mil estudiantes que no han vuelto después de la pandemia a los colegios, tiene que ver el proceso de admisión escolar, con el desfalco en JUNAEB y también con la mala administración que se ha dado al Ministerio de Educación”, justificó.
Asimismo, en relación con las declaraciones de Cordero, el parlamentario sostuvo que “las opiniones de una diputada sin duda pueden hacer una diferencia para que alguien cambie de opinión, pero es sólo eso, su opinión. Nosotros nos quedamos con la acusación constitucional en donde RN de los siete capítulos redactó cuatro, cuatro contundentes capítulos que acusan al ministro de abandono de deberes y de falta, incluso, a la probidad como se ha visto en el caso de la JUNAEB”.
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