Como un intento de bloqueo calificaron los diputados de la bancada del Partido Socialista el requerimiento presentado desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) al Tribunal Constitucional acusando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley en el proyecto que busca aumentar las penas en los delitos denominados de “cuello y corbata”.
La iniciativa busca sancionar a aquellas personas que aprovechan sus altos cargos en empresas para cometer delitos económicos y medioambientales. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de control constitucional, la última instancia de apelación luego de que fuera aprobada y despachada desde el Congreso en mayo de este año.
Por esas razones, la bancada del Partido Socialista, impulsora también de esta ley, asistió hasta el organismo para presentar mayores argumentos y fortalecer las normas que serán revisadas por el TC.
El diputado socialista Leonardo Soto, defendió el contenido de la nueva normativa. “No tiene la razón el gremio empresarial cuando intenta desvirtuar los antecedentes, incluso incurre en falsedades que han sido controvertidas en los medios de comunicación. Aquí se está estableciendo un estatuto especial para los delincuentes económicos en atención a que tienen características especiales y distintas y eso no es faltar a la igualdad ante la ley”, señaló.
Así, la norma previene escenarios de colusión por parte del empresariado, considerando los hechos que han ocurrido anteriormente en nuestro país y que tienen relación a transgresiones desde la industria de los medicamentos y la alimentación que han perjudicado a la población.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, declaró que sería una mala señal que se modificara este proyecto de ley y solicitó al TC que se respete la decisión tomada desde el Congreso.
“Cuando los empresarios se coluden para subir los precios de los remedios o los precios de la comida, lo que están haciendo es un portonazo a 17 millones de chilenos. No podemos permitir que este tipo de delitos que afectan a millones de personas terminen con clases de ética“, recalcó el parlamentario..
Además, el jefe de bancada destacó que “la gente nos ha pedido a nosotros que legislemos para que estos graves delitos no queden impunes y terminen con pena de cárcel y eso es lo que justamente ha hecho esta ley, y nosotros lo que esperamos es que acá se respete la voluntad soberana del pueblo de Chile expresada en el Parlamento”.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, lamentó que “en el momento en que Chile necesita de mayor consenso en la lucha contra la delincuencia y la corrupción del tipo que sea, algunos empresarios hayan querido hacer este recurso en el Tribunal Constitucional y peor aún apelando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley”.
También, en el punto de prensa, desde la bancada socialista señalaron esperar que ningún parlamentario se posicione del lado de la “colusión” y apruebe esta arremetida de la CPC.
De hecho, esta jornada, senadores de distintos partidos, entre ellos, Matías Walker y Ximena Rincón de Demócratas, Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, Alfonso de Urresti del PS, el independiente Pedro Araya y Paulina Núñez de Renovación Nacional, ingresaron un “téngase presente” al Tribunal Constitucional, sumándose así a la defensa por la ley de delitos económicos y medioambientales.
El parlamentario Matías Walker enfatizó en que la norma contó con el patrocinio de los “mejores profesores de derecho penal de nuestro país”. Por tanto, desde los senadores manifestaron que hay plena tranquilidad “de que el TC va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo y obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.
Como un intento de bloqueo calificaron los diputados de la bancada del Partido Socialista el requerimiento presentado desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) al Tribunal Constitucional acusando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley en el proyecto que busca aumentar las penas en los delitos denominados de “cuello y corbata”.
La iniciativa busca sancionar a aquellas personas que aprovechan sus altos cargos en empresas para cometer delitos económicos y medioambientales. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de control constitucional, la última instancia de apelación luego de que fuera aprobada y despachada desde el Congreso en mayo de este año.
Por esas razones, la bancada del Partido Socialista, impulsora también de esta ley, asistió hasta el organismo para presentar mayores argumentos y fortalecer las normas que serán revisadas por el TC.
El diputado socialista Leonardo Soto, defendió el contenido de la nueva normativa. “No tiene la razón el gremio empresarial cuando intenta desvirtuar los antecedentes, incluso incurre en falsedades que han sido controvertidas en los medios de comunicación. Aquí se está estableciendo un estatuto especial para los delincuentes económicos en atención a que tienen características especiales y distintas y eso no es faltar a la igualdad ante la ley”, señaló.
Así, la norma previene escenarios de colusión por parte del empresariado, considerando los hechos que han ocurrido anteriormente en nuestro país y que tienen relación a transgresiones desde la industria de los medicamentos y la alimentación que han perjudicado a la población.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, declaró que sería una mala señal que se modificara este proyecto de ley y solicitó al TC que se respete la decisión tomada desde el Congreso.
“Cuando los empresarios se coluden para subir los precios de los remedios o los precios de la comida, lo que están haciendo es un portonazo a 17 millones de chilenos. No podemos permitir que este tipo de delitos que afectan a millones de personas terminen con clases de ética“, recalcó el parlamentario..
Además, el jefe de bancada destacó que “la gente nos ha pedido a nosotros que legislemos para que estos graves delitos no queden impunes y terminen con pena de cárcel y eso es lo que justamente ha hecho esta ley, y nosotros lo que esperamos es que acá se respete la voluntad soberana del pueblo de Chile expresada en el Parlamento”.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, lamentó que “en el momento en que Chile necesita de mayor consenso en la lucha contra la delincuencia y la corrupción del tipo que sea, algunos empresarios hayan querido hacer este recurso en el Tribunal Constitucional y peor aún apelando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley”.
También, en el punto de prensa, desde la bancada socialista señalaron esperar que ningún parlamentario se posicione del lado de la “colusión” y apruebe esta arremetida de la CPC.
De hecho, esta jornada, senadores de distintos partidos, entre ellos, Matías Walker y Ximena Rincón de Demócratas, Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, Alfonso de Urresti del PS, el independiente Pedro Araya y Paulina Núñez de Renovación Nacional, ingresaron un “téngase presente” al Tribunal Constitucional, sumándose así a la defensa por la ley de delitos económicos y medioambientales.
El parlamentario Matías Walker enfatizó en que la norma contó con el patrocinio de los “mejores profesores de derecho penal de nuestro país”. Por tanto, desde los senadores manifestaron que hay plena tranquilidad “de que el TC va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo y obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.
Como un intento de bloqueo calificaron los diputados de la bancada del Partido Socialista el requerimiento presentado desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) al Tribunal Constitucional acusando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley en el proyecto que busca aumentar las penas en los delitos denominados de “cuello y corbata”.
La iniciativa busca sancionar a aquellas personas que aprovechan sus altos cargos en empresas para cometer delitos económicos y medioambientales. El proyecto actualmente se encuentra en proceso de control constitucional, la última instancia de apelación luego de que fuera aprobada y despachada desde el Congreso en mayo de este año.
Por esas razones, la bancada del Partido Socialista, impulsora también de esta ley, asistió hasta el organismo para presentar mayores argumentos y fortalecer las normas que serán revisadas por el TC.
El diputado socialista Leonardo Soto, defendió el contenido de la nueva normativa. “No tiene la razón el gremio empresarial cuando intenta desvirtuar los antecedentes, incluso incurre en falsedades que han sido controvertidas en los medios de comunicación. Aquí se está estableciendo un estatuto especial para los delincuentes económicos en atención a que tienen características especiales y distintas y eso no es faltar a la igualdad ante la ley”, señaló.
Así, la norma previene escenarios de colusión por parte del empresariado, considerando los hechos que han ocurrido anteriormente en nuestro país y que tienen relación a transgresiones desde la industria de los medicamentos y la alimentación que han perjudicado a la población.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, declaró que sería una mala señal que se modificara este proyecto de ley y solicitó al TC que se respete la decisión tomada desde el Congreso.
“Cuando los empresarios se coluden para subir los precios de los remedios o los precios de la comida, lo que están haciendo es un portonazo a 17 millones de chilenos. No podemos permitir que este tipo de delitos que afectan a millones de personas terminen con clases de ética“, recalcó el parlamentario..
Además, el jefe de bancada destacó que “la gente nos ha pedido a nosotros que legislemos para que estos graves delitos no queden impunes y terminen con pena de cárcel y eso es lo que justamente ha hecho esta ley, y nosotros lo que esperamos es que acá se respete la voluntad soberana del pueblo de Chile expresada en el Parlamento”.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini, lamentó que “en el momento en que Chile necesita de mayor consenso en la lucha contra la delincuencia y la corrupción del tipo que sea, algunos empresarios hayan querido hacer este recurso en el Tribunal Constitucional y peor aún apelando una supuesta vulneración de igualdad ante la ley”.
También, en el punto de prensa, desde la bancada socialista señalaron esperar que ningún parlamentario se posicione del lado de la “colusión” y apruebe esta arremetida de la CPC.
De hecho, esta jornada, senadores de distintos partidos, entre ellos, Matías Walker y Ximena Rincón de Demócratas, Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, Alfonso de Urresti del PS, el independiente Pedro Araya y Paulina Núñez de Renovación Nacional, ingresaron un “téngase presente” al Tribunal Constitucional, sumándose así a la defensa por la ley de delitos económicos y medioambientales.
El parlamentario Matías Walker enfatizó en que la norma contó con el patrocinio de los “mejores profesores de derecho penal de nuestro país”. Por tanto, desde los senadores manifestaron que hay plena tranquilidad “de que el TC va a respaldar la constitucionalidad de este proyecto, que tiene un control preventivo y obligatorio, porque hay normas que dicen relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.
