La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para presentar su propia propuesta de modificación a la denominada ley contra delitos de cuello y corbata que fue aprobada en mayo por el Congreso Nacional.
Esto, pues el proyecto de ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y también contra el medio ambiente se encuentra bajo el proceso de control de constitucionalidad en el órgano jurisdiccional. Cabe destacar que dicha iniciativa divide en cuatro categorías los tipos de penas establecidas.
El documento puesto a disposición por el gran empresariado y que fue presentada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, solicita al TC tener en cuenta “las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley“.
En las 34 páginas del documento los abogados exponen que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.
En el documento se apuntó directamente contra el artículo 16 numeral 1° letra a de la ley que establece como agravante de estos delitos económicos que el condenado haya participado de forma activa en “una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito“.
Ante esto último, los abogados agregaron que “al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general” se está atentando contra el Orden Público Económico.
Así, el documento agrega que “el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución“.
De esta forma, Zaliasnki y Huber declararon que existe una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos” evidenciada en este proyecto de ley.
Por lo tanto, el texto destaca como característica negativa de la ley contra delitos de cuello y corbata que esta establezca sanciones especiales para ciertas personas, según posición y cargo, que trabajan en empresas medianas o grandes.
Lo que, en conclusión del documento, da cuenta de una vulneración de la igualdad ante la ley “generando un verdadero sistema penal paralelo y ad hoc a ciertos tipos de delitos” que se distancia de una lógica general.
La decisión del empresariado fue criticada por el Gobierno. A través del ministro de Justicia, el Ejecutivo señaló que se trata de una manera de impedir iniciativas que han encontrado amplio apoyo en el Parlamento y que además son esperados por la ciudadanía.
“Esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”, indicó.
Para Cordero, la acción presentada ante el TC “es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac. En el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte del Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple ‘téngase presente’ derribó completamente ese proyecto de ley”.
Imagen: Agencia ATON
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para presentar su propia propuesta de modificación a la denominada ley contra delitos de cuello y corbata que fue aprobada en mayo por el Congreso Nacional.
Esto, pues el proyecto de ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y también contra el medio ambiente se encuentra bajo el proceso de control de constitucionalidad en el órgano jurisdiccional. Cabe destacar que dicha iniciativa divide en cuatro categorías los tipos de penas establecidas.
El documento puesto a disposición por el gran empresariado y que fue presentada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, solicita al TC tener en cuenta “las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley“.
En las 34 páginas del documento los abogados exponen que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.
En el documento se apuntó directamente contra el artículo 16 numeral 1° letra a de la ley que establece como agravante de estos delitos económicos que el condenado haya participado de forma activa en “una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito“.
Ante esto último, los abogados agregaron que “al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general” se está atentando contra el Orden Público Económico.
Así, el documento agrega que “el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución“.
De esta forma, Zaliasnki y Huber declararon que existe una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos” evidenciada en este proyecto de ley.
Por lo tanto, el texto destaca como característica negativa de la ley contra delitos de cuello y corbata que esta establezca sanciones especiales para ciertas personas, según posición y cargo, que trabajan en empresas medianas o grandes.
Lo que, en conclusión del documento, da cuenta de una vulneración de la igualdad ante la ley “generando un verdadero sistema penal paralelo y ad hoc a ciertos tipos de delitos” que se distancia de una lógica general.
La decisión del empresariado fue criticada por el Gobierno. A través del ministro de Justicia, el Ejecutivo señaló que se trata de una manera de impedir iniciativas que han encontrado amplio apoyo en el Parlamento y que además son esperados por la ciudadanía.
“Esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”, indicó.
Para Cordero, la acción presentada ante el TC “es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac. En el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte del Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple ‘téngase presente’ derribó completamente ese proyecto de ley”.
Imagen: Agencia ATON
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para presentar su propia propuesta de modificación a la denominada ley contra delitos de cuello y corbata que fue aprobada en mayo por el Congreso Nacional.
Esto, pues el proyecto de ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y también contra el medio ambiente se encuentra bajo el proceso de control de constitucionalidad en el órgano jurisdiccional. Cabe destacar que dicha iniciativa divide en cuatro categorías los tipos de penas establecidas.
El documento puesto a disposición por el gran empresariado y que fue presentada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, solicita al TC tener en cuenta “las consideraciones y vicios de inconstitucionalidad contenidos en preceptos del proyecto de ley“.
En las 34 páginas del documento los abogados exponen que “las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico”.
En el documento se apuntó directamente contra el artículo 16 numeral 1° letra a de la ley que establece como agravante de estos delitos económicos que el condenado haya participado de forma activa en “una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito“.
Ante esto último, los abogados agregaron que “al seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general” se está atentando contra el Orden Público Económico.
Así, el documento agrega que “el proyecto de ley presume de derecho una culpabilidad muy elevada de una persona solo por el hecho de tener posición jerárquica superior en la organización al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución“.
De esta forma, Zaliasnki y Huber declararon que existe una “mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos” evidenciada en este proyecto de ley.
Por lo tanto, el texto destaca como característica negativa de la ley contra delitos de cuello y corbata que esta establezca sanciones especiales para ciertas personas, según posición y cargo, que trabajan en empresas medianas o grandes.
Lo que, en conclusión del documento, da cuenta de una vulneración de la igualdad ante la ley “generando un verdadero sistema penal paralelo y ad hoc a ciertos tipos de delitos” que se distancia de una lógica general.
La decisión del empresariado fue criticada por el Gobierno. A través del ministro de Justicia, el Ejecutivo señaló que se trata de una manera de impedir iniciativas que han encontrado amplio apoyo en el Parlamento y que además son esperados por la ciudadanía.
“Esto es como el eterno retorno. A mí me parece que la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso”, indicó.
Para Cordero, la acción presentada ante el TC “es exactamente lo mismo que se hizo en el caso del Sernac. En el caso del Sernac, un proyecto que tenía por propósito robustecer el sistema institucional en materia de consumidores, con una amplia aprobación por parte del Congreso, mientras estaba en control preventivo, un simple ‘téngase presente’ derribó completamente ese proyecto de ley”.
Imagen: Agencia ATON
Santiago 14 de abril del 2016.
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Ricardo Mewes asiste a la presentacion de los resultados de la Comision de Productividad de la Confederacion de la Produccion y del Comercio.
Paul Plaza/ Aton Chile. 
