En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, manifestó su preocupación ante la ofensiva de parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que recurrió al Tribunal Constitucional para ingresar un “téngase presente” para modificar la ley de delitos económicos.
El parlamentario remarcó la transversalidad que obtuvo la iniciativa en el Congreso, cuestionando que “ahora los grandes empresarios digan que esto vulnera sus derechos, esto es discriminatorio y justamente busquen a través de ir al TC impedir que esta ley, que equipara las penas en materia de delitos económicos, sea realidad. Entonces, demuestra que es una situación muy preocupante”.
Núñez explicó que “lo que hay que entender en Chile es que en las leyes hay distinta categorización de los delitos. En el último tiempo hemos aumentado mucho las penas, y son cosas necesarias, frente, por ejemplo, a los homicidios, a secuestros, al sicariato, que son delitos nuevos que no conocíamos, pero en nuestra legislación cuando se comete un delito económico las penas son muy bajas y muchas veces cuesta demostrar en qué consiste el delito económico, porque no está bien reflejado en la ley”.
En ese sentido, comentó que “el problema es que cuando una persona comete un delito económico, que generalmente es una persona con dinero, con poder relevante, la pena que obtiene es muy baja y muchas veces queda en la impunidad. Recordemos las famosas clases de ética a Délano, a Lavín, al grupo Penta o también las clases de ética a cuando había denuncias gravísimas por colusión”.
“Entonces, de lo que se trata esta ley es de elevar las penas por delitos económicos, tener figuras penales que hagan más fácil el cumplimiento del delito y que haya cárcel efectiva, que no tengamos estas penas sustitutivas en que al final un delito muy grave termina con arresto domiciliario, reclusión nocturna. En síntesis, de lo que se trata es que haya una igualdad efectiva ante la ley. Si yo cometo un delito muy grave de sangre, me voy preso; si yo cometo un delito muy grave de robo, voy preso; si yo cometo un delito económico muy grave, me coludo, no pago los impuestos, daño el medioambiente y no me importan las personas, también voy preso”, expresó.
En concreto, puntualizó en que “resulta que permanentemente cuando una empresa comete un delito, vamos a poner los ejemplos más habituales, como la colusión del papel, la colusión de los pollos, la responsabilidad penal queda alojada muchas veces en un mando medio, es decir el que ejecuta el delito, supongamos el gerente de comercialización, o sea, el que fue a juntarse con otra empresa y acordó el elevar artificialmente el valor de un producto, pero el gerente general, que perfectamente pudo haber dado la orden, queda con una menor responsabilidad siendo él el autor intelectual del hecho”.
“Si tú lo ves, en cualquier acusación o investigación penal en una organización es distinta la responsabilidad del brazo ejecutor al autor intelectual, al que está en una posición de poder. Entonces, sinceramente acá no hay ninguna discriminación, todo lo contrario, hoy día quienes cometen delitos económicos están en una posición de privilegio porque de una u otra manera en Chile se institucionalizado el abuso, se ha legalizado y queremos que eso termine”, recalcó.
Asimismo, el senador consideró que, dado los últimos conflictos que ha habido entre el Parlamento y los gremios empresariales “yo creo que estamos viviendo un cierto momento de involución o de retroceso en aspectos derechos sociales o de principios democráticos que creíamos que estaban ya consolidados en la sociedad chilena”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, manifestó su preocupación ante la ofensiva de parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que recurrió al Tribunal Constitucional para ingresar un “téngase presente” para modificar la ley de delitos económicos.
El parlamentario remarcó la transversalidad que obtuvo la iniciativa en el Congreso, cuestionando que “ahora los grandes empresarios digan que esto vulnera sus derechos, esto es discriminatorio y justamente busquen a través de ir al TC impedir que esta ley, que equipara las penas en materia de delitos económicos, sea realidad. Entonces, demuestra que es una situación muy preocupante”.
Núñez explicó que “lo que hay que entender en Chile es que en las leyes hay distinta categorización de los delitos. En el último tiempo hemos aumentado mucho las penas, y son cosas necesarias, frente, por ejemplo, a los homicidios, a secuestros, al sicariato, que son delitos nuevos que no conocíamos, pero en nuestra legislación cuando se comete un delito económico las penas son muy bajas y muchas veces cuesta demostrar en qué consiste el delito económico, porque no está bien reflejado en la ley”.
En ese sentido, comentó que “el problema es que cuando una persona comete un delito económico, que generalmente es una persona con dinero, con poder relevante, la pena que obtiene es muy baja y muchas veces queda en la impunidad. Recordemos las famosas clases de ética a Délano, a Lavín, al grupo Penta o también las clases de ética a cuando había denuncias gravísimas por colusión”.
“Entonces, de lo que se trata esta ley es de elevar las penas por delitos económicos, tener figuras penales que hagan más fácil el cumplimiento del delito y que haya cárcel efectiva, que no tengamos estas penas sustitutivas en que al final un delito muy grave termina con arresto domiciliario, reclusión nocturna. En síntesis, de lo que se trata es que haya una igualdad efectiva ante la ley. Si yo cometo un delito muy grave de sangre, me voy preso; si yo cometo un delito muy grave de robo, voy preso; si yo cometo un delito económico muy grave, me coludo, no pago los impuestos, daño el medioambiente y no me importan las personas, también voy preso”, expresó.
En concreto, puntualizó en que “resulta que permanentemente cuando una empresa comete un delito, vamos a poner los ejemplos más habituales, como la colusión del papel, la colusión de los pollos, la responsabilidad penal queda alojada muchas veces en un mando medio, es decir el que ejecuta el delito, supongamos el gerente de comercialización, o sea, el que fue a juntarse con otra empresa y acordó el elevar artificialmente el valor de un producto, pero el gerente general, que perfectamente pudo haber dado la orden, queda con una menor responsabilidad siendo él el autor intelectual del hecho”.
“Si tú lo ves, en cualquier acusación o investigación penal en una organización es distinta la responsabilidad del brazo ejecutor al autor intelectual, al que está en una posición de poder. Entonces, sinceramente acá no hay ninguna discriminación, todo lo contrario, hoy día quienes cometen delitos económicos están en una posición de privilegio porque de una u otra manera en Chile se institucionalizado el abuso, se ha legalizado y queremos que eso termine”, recalcó.
Asimismo, el senador consideró que, dado los últimos conflictos que ha habido entre el Parlamento y los gremios empresariales “yo creo que estamos viviendo un cierto momento de involución o de retroceso en aspectos derechos sociales o de principios democráticos que creíamos que estaban ya consolidados en la sociedad chilena”.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Comunista e integrante de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, manifestó su preocupación ante la ofensiva de parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que recurrió al Tribunal Constitucional para ingresar un “téngase presente” para modificar la ley de delitos económicos.
El parlamentario remarcó la transversalidad que obtuvo la iniciativa en el Congreso, cuestionando que “ahora los grandes empresarios digan que esto vulnera sus derechos, esto es discriminatorio y justamente busquen a través de ir al TC impedir que esta ley, que equipara las penas en materia de delitos económicos, sea realidad. Entonces, demuestra que es una situación muy preocupante”.
Núñez explicó que “lo que hay que entender en Chile es que en las leyes hay distinta categorización de los delitos. En el último tiempo hemos aumentado mucho las penas, y son cosas necesarias, frente, por ejemplo, a los homicidios, a secuestros, al sicariato, que son delitos nuevos que no conocíamos, pero en nuestra legislación cuando se comete un delito económico las penas son muy bajas y muchas veces cuesta demostrar en qué consiste el delito económico, porque no está bien reflejado en la ley”.
En ese sentido, comentó que “el problema es que cuando una persona comete un delito económico, que generalmente es una persona con dinero, con poder relevante, la pena que obtiene es muy baja y muchas veces queda en la impunidad. Recordemos las famosas clases de ética a Délano, a Lavín, al grupo Penta o también las clases de ética a cuando había denuncias gravísimas por colusión”.
“Entonces, de lo que se trata esta ley es de elevar las penas por delitos económicos, tener figuras penales que hagan más fácil el cumplimiento del delito y que haya cárcel efectiva, que no tengamos estas penas sustitutivas en que al final un delito muy grave termina con arresto domiciliario, reclusión nocturna. En síntesis, de lo que se trata es que haya una igualdad efectiva ante la ley. Si yo cometo un delito muy grave de sangre, me voy preso; si yo cometo un delito muy grave de robo, voy preso; si yo cometo un delito económico muy grave, me coludo, no pago los impuestos, daño el medioambiente y no me importan las personas, también voy preso”, expresó.
En concreto, puntualizó en que “resulta que permanentemente cuando una empresa comete un delito, vamos a poner los ejemplos más habituales, como la colusión del papel, la colusión de los pollos, la responsabilidad penal queda alojada muchas veces en un mando medio, es decir el que ejecuta el delito, supongamos el gerente de comercialización, o sea, el que fue a juntarse con otra empresa y acordó el elevar artificialmente el valor de un producto, pero el gerente general, que perfectamente pudo haber dado la orden, queda con una menor responsabilidad siendo él el autor intelectual del hecho”.
“Si tú lo ves, en cualquier acusación o investigación penal en una organización es distinta la responsabilidad del brazo ejecutor al autor intelectual, al que está en una posición de poder. Entonces, sinceramente acá no hay ninguna discriminación, todo lo contrario, hoy día quienes cometen delitos económicos están en una posición de privilegio porque de una u otra manera en Chile se institucionalizado el abuso, se ha legalizado y queremos que eso termine”, recalcó.
Asimismo, el senador consideró que, dado los últimos conflictos que ha habido entre el Parlamento y los gremios empresariales “yo creo que estamos viviendo un cierto momento de involución o de retroceso en aspectos derechos sociales o de principios democráticos que creíamos que estaban ya consolidados en la sociedad chilena”.
