Este martes, el Partido Republicano presentó de manera oficial sus 375 enmiendas al anteproyecto constitucional. Entre dichas propuestas, se encuentran la consagración de la libertad para elegir en salud y en seguridad social (para que, de esa forma, se mantenga el sistema de isapres y AFPs); la disminución en el número de diputados y senadores y también una restricción al derecho al aborto, que actualmente se permite en tres causales.

Consultada respecto a estas enmiendas, la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, reconoció que existen “señales de preocupación”, principalmente por la posibilidad de que el Partido Republicano utilice su mayoría en el Consejo Constitucional, para imponer su visión.

“Cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, hay que tener mucho cuidado con dejarla clavada en la Constitución, porque hay personas que quedan fuera de ese marco que debería unirnos en vez de separarnos (…) una Constitución es para que vivamos todos por la próximas décadas y tenemos que sentirla como la ‘casa de todos’, no solo de los que tienen las mayorías”, expresó en conversación con Radio Cooperativa.

La representante de la Democracia Cristiana (DC) en la Comisión Experta, Alejandra Krauss, también advirtió sobre los peligros de que se imponga un ideario político determinado, e indicó que hay que poner especial atención a las enmiendas sobre salud y seguridad social.

“Ahora hay que empezar a leer en detalle lo que son cada una de las enmiendas que presentaron, para detectar cuándo se empieza a establecer o a proponer una Constitución tutelada en cuánto a modelos, a políticas públicas, que no le permitan al legislador realizar decisiones oportunas, como puede ocurrir en salud, pensiones o educación”, dijo durante la primera edición Radioanálisis.

Krauss además planteó que si se aprueba la enmienda que consagra el modelo de AFPs, la reforma de pensiones que hoy se discute en el Congreso “se hace inviable y profundizamos lo que son las cuentas individuales y de alguna manera que cada uno siga rascándose con sus propias uñas”.

“De esa manera se deben leer las enmiendas y se debe dar el debate de cara a la ciudadanía”, añadió la representante de la DC.

Desde el mundo académico, el cientista político y profesor de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes, aseguró que debe hacerse una distinción entre las enmiendas que solo son apoyadas por Republicanos (como la que disminuyen el número de parlamentarios) y las que cuentan con el respaldo tanto de ese partido como de Chile Vamos.

“Esas van a ser aprobadas porque tienen los votos suficientes y tienen que ver con la libertad de elección del sistema de salud y eso implica constitucionalizar el modelo actual de isapres; y tienen que ver con pensiones, que también constitucionaliza al sistema de AFP”, explicó el académico.

“Con esas dos obviamente lo que estás haciendo es llevar a la Constitución un modelo determinado de protección social, con lo cual la Constitución deja de ser neutra. No es como el anteproyecto, que dejaba a la ley el modelo de protección social que íbamos a tener”, agregó al respecto.

Teniendo en cuenta estos elementos, Fuentes señaló que el nuevo proyecto constitucional “sería un retroceso, incluso en relación a la actual constitución, que no establece el destino de las cotizaciones de los trabajadores”.

El abogado constitucionalista, Jorge Contesse, también consideró que de aprobarse estas enmiendas, se generaría un repliegue.

“Es posible que de aprobarse enmiendas como las que se han presentado, la nueva Constitución sea más conservadora que la que existe hoy (…) Por ejemplo, en materia de aborto. Lo que se ha dicho es que el propósito es revertir la actual legislación que permite el aborto en tres causales. Esta legislación, como dijo el Tribunal Constitucional el 2017, es perfectamente compatible con la Constitución de 1980, por lo tanto, si la propuesta de Republicanos avanzara, evidentemente sería un retroceso conservador”, indicó.

Contesse además mostró preocupación por la idea de Republicanos de cambiar el rango de los tratados internacionales de derechos humanos, para que estos estén por debajo de la Constitución.

“Eso evidentemente sería un retroceso en materia de protección de derechos fundamentales, tanto respecto de la actual Constitución de 1980, como en general, sería un caso inédito en el derecho comparado. No solo en la región, con los países con quienes compartimos una tradición jurídica similar, sino incluso con países que en general son más reticentes a participar en tratados de derechos humanos, como Estados Unidos o Reino Unido”, planteó.