El laberinto en el que se encuentra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, parece no tener una salida ante la ofensiva judicial del Partido Republicano, cruzada además por las diferencias al interior del Concejo Municipal por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

La decisión de los diputados republicanos, Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, de pedir la formalización de la alcaldesa Hassler y otros siete funcionarios municipales, generó posiciones encontradas en el concejo comunal, principalmente de las concejalas Rosario Carvajal y Virginia Palma.

Los legisladores pidieron la formalización como autores del delito de fraude al Fisco consumado por los graves perjuicios cometidos en contra de la Municipalidad de Santiago, luego de tener acceso a un informe solicitado por el fiscal del caso Patricio Cooper que da cuenta que en la tasación realizada por Transsa Consultores Inmobiliarias, el avalúo de las propiedades sería de $4.281.690.245. Es decir, cerca de un 50 por ciento menor al precio fijado.

Además de la alcaldesa Hassler, los diputados piden formalizar a Jean Pierre Chiffele, exdirector de Jurídica del municipio; Luis Mayorga, exsecretario de Planificación; Beatriz Chamorro, directora de Salud; Felipe Sánchez, representante legal de Sierra Bella; y los tasadores,  Patricio Gajardo,  María José Sepúlveda y Mylema Cárcamo.

Según el escrito de los parlamentarios “existió un acuerdo delictual a fin de adquirir dichos terrenos a un precio al doble de su valor comercial de acuerdo a la tasación de Transsa y al triple del avalúo fiscal y valor de compra del vendedor, de modo tal que la I. Municipalidad de Santiago compró dichos terrenos a ese monto y causando con ello un perjuicio millonario al patrimonio comunal”.

El documento agrega que “la existencia de tasaciones ideológicamente falsas, que no dan cuenta del valor comercial de las propiedades, es parte fundamental de dicha defraudación. Los perjuicios causados ascienden a la suma de $2.475.862.002, más los gastos desembolsados durante el proceso de compraventa”.

Irregularidades avaladas

Para la concejala Rosario Carvajal, el informe encargado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por eventual delito de fraude al fisco, “refuerza lo que  estableció el informe de Contraloría del mes de abril, y que como concejalía siempre advertimos en el concejo municipal, que aquí había un sobreprecio en esta adquisición de Sierra Bella”.

Agregó que el informe también “es muy interesante porque demuestra el estado del inmueble que está en desuso, que no existe equipamiento como clínica y que eso hubiese significado también una mayor inversión porque no contaba con los requerimientos para un centro de salud. Es bastante positivo este informe, porque confirma el sobreprecio y las irregularidades y cómo se establecieron las acciones y los valores”.

Sobre la existencia de un supuesto “plan delictual”, como sostienen los querellantes, la concejala afirmó que “eso tiene que ser demostrado por la investigación, entiendo que el informe establece el sobreprecio, la situación del equipamiento y del edificio que por supuesto, avalan las irregularidades con las cuales siempre se cuestionó esta adquisición. Me parece que lo segundo tiene que ver con los planteamientos de los querellantes”.

Carvajal afirmó que dado el incierto escenario que enfrentan las autoridades comunales, “esperaría que la alcaldesa hiciera alguna autocrítica porque en estos meses no hemos escuchado ningún pronunciamiento en ese sentido. Más bien responsabiliza a terceros, a los tasadores, a su equipo de confianza que llegaron con ella cuando asume la administración, les pide la renuncia, pero no hemos escuchado la autocrítica, ni de las alcaldesa ni de las concejalas. Incluso algunas de ellas, hasta el día de hoy apoyan esta adquisición, a pesar de todas las irregularidades hoy demostradas además por el informe del Ministerio Público”.

La concejala recordó que fue la única que advirtió y “nunca aprobé la adquisición. Hubo tres votaciones y además fui bastante crítica como lo planteé en las sesiones, tanto de comisiones como del concejo municipal y fui la primera que llevó el caso ante la Contraloría”.

Carvajal argumentó que “por ley de los concejales deben fiscalizar a las administraciones de turno más allá de las cercanías políticas que uno puede tener con la alcaldía. Creo que lamentablemente no hicieron su trabajo”.

Indicó que si bien hay una responsabilidad ante la comunidad, también hay un tema legal porque “el concejo pudo haber detenido esta adquisición. Sin embargo, la aprobó. Además, me parece muy cuestionable que concejalas hayan levantado campañas, juntar firmar, hacer un recorrido por las instalaciones junto a otras autoridades para avalar esta adquisición”.

“Enlodar la administración”

Una posición distinta tiene la concejala Virginia Palma, quien desde el principio ha mantenido que todo lo relacionado con la exclínica Sierra Bella y ahora con la solicitud de formalización “no es más que un intento por enlodar la administración municipal que lidera la alcaldesa Irací Hassler, quien ha podido despejar el centro histórico de la comuna capital del comercio ambulante, ha mejorado los índices de seguridad en Santiago y se pretende empañar estos logros alcanzados con este tipo de acciones judiciales”.

Por ello, consideró que la arremetida de la derecha es parte de una campaña cuando se acercan las elecciones municipales y que este “tipo de acciones del Partido Republicano era de esperar que hicieran en algo así”.

Sobre la tasación que hizo Transsa, Palma indicó que ésta “no se encuentra a disposición de los intervinientes porque la investigación fue declarada reservada por el Ministerio Público, por lo que no se puede confirmar lo señalado por la prensa y que sea del todo fidedigno, ni tampoco se ha podido revisar cuáles son los motivos y los puntos que se expresan en aquella nueva tasación a solicitud de la Contraloría General de la República”.

Agregó que “mientras aquello no pueda ser revisado,  sería una solicitud de parte del partido republicano sin antecedentes a la vista, porque la tasación se encuentra en calidad de reservada”.

 De todas maneras, indicó que “la municipalidad se ha puesto a disposición siempre, desde que se ha llevado adelante, tanto por la vía administrativa, como por la vía penal. La alcaldesa ha contribuido en la investigación que actualmente lleva adelante el Ministerio Público, poniendo a disposición todos los antecedentes con los que hoy cuentan”.

Además, indicó que “se tomaron en su momento las medidas que el Contralor nos señaló, se pidió al Conservador de Bienes Raíces que no se insistiera con la inscripción de la propiedad en el Conservador, se le pidió a San Valentino (Inmobiliaria) la nulidad del contrato y se hicieron valer la responsabilidades, tanto política, como administrativas de los funcionarios municipales que intervinieron en todo este proceso de adquisición”.

Agregó que “la disposición sigue siendo la misma desde los primeros pronunciamientos, por lo tanto, está la voluntad de seguir poniendo todo a disposición”.

“Es totalmente evidente que hubo una desprolijidad en el trabajo realizado por los tasadores y eso la alcaldesa lo asumió, lo dijo públicamente y por ello, presentó querellas contra los tres tasadores. Eso genera por supuesto, un problema que lo catalogan, y  se presenta esta querella, como posible fraude al fisco. Hasta ahí todo es real”, dijo Palma.

Sin embargo, afirmó que las “insistencias, las solicitudes de gestiones innecesarias y de seguir sacando esto, por ejemplo si tener la información a la vista, se transforma en una persecusión que tiene que ver con disputar para las próximas elecciones de la alcaldía de Santiago”.

Consultada sobre una evaluación sobre cómo actuaron las autoridades comunales, la concejala afirmó que “hay una autocrítica, la ha hecho la alcaldesa en la interna de su equipo y es por eso que ha habido tantos cambios y responsabilidades administrativas y políticas”.

Palma indicó que “como concejalía involucrada, porque votamos a favor de esto, y soy una de las que ha defendido que tengamos una infraestructura de forma rápida para poder descongestionar la salud pública. La autocrítica es que quizás nos valimos de los informes que nos entregaban las direcciones que es lo que podemos hacer como concejalas”.

“Revisé todo y la verdad es que para mí era un anhelo, y lo sigue siendo, tener un lugar donde pudieran funcionar de manera digna las y los funcionarios del Cesfam Padre Orellana, del Domeyko y por cierto los usuarios de nuestra comuna”, indicó la concejala.

Puntualizó que más allá de la polémica judicial y política, “a veces perdemos el foco de lo realmente es importante es que hoy la consecuencia, y esa es mi autocrítica, es que ilusionamos, llenamos de esperanza a toda una comunidad, ese es mi máximo dolor en este momento”.