Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderado por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, declara Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
La entidad recordó que “durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró estado de sitio en todo el país. Infringir tortura y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, el régimen dejó 40 mil 175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación”.
A eso se sumó que “entre 1973 y 1990, 3 mil 216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A la fecha se estima que hay mil 469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no se han encontrado”.
Por eso destacan que “es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual”.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que “la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Dar con su paradero, identificarlas y entregar sus cuerpos no solo aliviará a sus familias, sino que también ayudará a sanar la profunda herida que evidencia la sociedad chilena. Para lograr esto es imprescindible que quienes persistentemente no han entregado toda la información sobre los hechos lo hagan de una buena vez. Esto y otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son fundamentales para que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla su cometido”.
Por otra parte, destacó la labor de los sitios de memoria, los que a su juicio “deben ser respetados, cuidados y dignificados para que puedan cumplir su función educativa. La presencia de estos lugares será un recordatorio para las nuevas generaciones para que nunca olviden las atrocidades que allí se cometieron y crezcan con la convicción de que estas prácticas no deben repetirse jamás”.
Respecto a los discursos negacionistas y de odio que se han conocido en las últimas semanas, Bustos precisó que “no podemos permitir que el olvido y los discursos de odio se interpongan en la sociedad. Mantener viva la memoria es crucial para evitar que las nuevas generaciones tengan que vivir las atrocidades que vivimos en el pasado. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir”.
Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderado por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, declara Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
La entidad recordó que “durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró estado de sitio en todo el país. Infringir tortura y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, el régimen dejó 40 mil 175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación”.
A eso se sumó que “entre 1973 y 1990, 3 mil 216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A la fecha se estima que hay mil 469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no se han encontrado”.
Por eso destacan que “es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual”.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que “la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Dar con su paradero, identificarlas y entregar sus cuerpos no solo aliviará a sus familias, sino que también ayudará a sanar la profunda herida que evidencia la sociedad chilena. Para lograr esto es imprescindible que quienes persistentemente no han entregado toda la información sobre los hechos lo hagan de una buena vez. Esto y otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son fundamentales para que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla su cometido”.
Por otra parte, destacó la labor de los sitios de memoria, los que a su juicio “deben ser respetados, cuidados y dignificados para que puedan cumplir su función educativa. La presencia de estos lugares será un recordatorio para las nuevas generaciones para que nunca olviden las atrocidades que allí se cometieron y crezcan con la convicción de que estas prácticas no deben repetirse jamás”.
Respecto a los discursos negacionistas y de odio que se han conocido en las últimas semanas, Bustos precisó que “no podemos permitir que el olvido y los discursos de odio se interpongan en la sociedad. Mantener viva la memoria es crucial para evitar que las nuevas generaciones tengan que vivir las atrocidades que vivimos en el pasado. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir”.
Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderado por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, declara Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
La entidad recordó que “durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró estado de sitio en todo el país. Infringir tortura y hacer desaparecer a personas, entre otras prácticas, se convirtieron en política de Estado. Según cifras oficiales, el régimen dejó 40 mil 175 víctimas, entre ellas personas torturadas, ejecutadas, detenidas y desaparecidas, y según registros del Observatorio Justicia Transicional en más del 70% de los casos de personas ejecutadas o desaparecidas no ha habido justicia, verdad ni reparación”.
A eso se sumó que “entre 1973 y 1990, 3 mil 216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada. A la fecha se estima que hay mil 469 cuerpos de personas detenidas y ejecutadas que no se han encontrado”.
Por eso destacan que “es imprescindible que el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric permita esclarecer las circunstancias de la desaparición y el destino de estas personas. Este programa debe llevarse a cabo en plena coordinación con las familias, contar con recursos adecuados para que su implementación sea efectiva y confluir en investigaciones penales sobre todas las personas sospechosas de responsabilidad individual”.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, sostuvo que “la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas no es solo una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Dar con su paradero, identificarlas y entregar sus cuerpos no solo aliviará a sus familias, sino que también ayudará a sanar la profunda herida que evidencia la sociedad chilena. Para lograr esto es imprescindible que quienes persistentemente no han entregado toda la información sobre los hechos lo hagan de una buena vez. Esto y otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno son fundamentales para que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla su cometido”.
Por otra parte, destacó la labor de los sitios de memoria, los que a su juicio “deben ser respetados, cuidados y dignificados para que puedan cumplir su función educativa. La presencia de estos lugares será un recordatorio para las nuevas generaciones para que nunca olviden las atrocidades que allí se cometieron y crezcan con la convicción de que estas prácticas no deben repetirse jamás”.
Respecto a los discursos negacionistas y de odio que se han conocido en las últimas semanas, Bustos precisó que “no podemos permitir que el olvido y los discursos de odio se interpongan en la sociedad. Mantener viva la memoria es crucial para evitar que las nuevas generaciones tengan que vivir las atrocidades que vivimos en el pasado. Un rechazo firme a las violaciones de derechos humanos y un compromiso férreo a avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sería una señal potente que como país nos merecemos vivir”.
CH01. SANTIAGO DE CHILE (CHILE), 10/12/2015.- Fotografías de chilenos desaparecidos durante la dictadura hoy, jueves 10 de diciembre de 2015, el Museo de la Memoria, durante el día Internacional de los Derechos Humanos en Santiago de Chile (Chile). Un total de 1.373 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet están en manos de la Justicia chilena en condición de procesados, acusados o condenados, informaron hoy fuentes oficiales. De ese total, 495 se encuentran como procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados, 180 de ellos en sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema. EFE/Sebastian Silva 
