A cuatros años del 18-O: Organizaciones de víctimas denuncian graves fallas en materia de reparación
Consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, dirigentes y expertos en derechos humanos criticaron la ausencia de una reparación integral y también las limitaciones de programas en curso, como el Plan PACTO.
Domingo 15 de octubre 2023 10:15 hrs.
Durante los últimos días, la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 ha estado centrada en la figura de la Directora de la Dipres, Javiera Martínez, en el aumento del gasto público e incluso en los recursos destinados a salud. Sin embargo, algo menos bullado fue la disminución en un 100% en el “Programa de Derechos Humanos del Estallido Social”, que pasó de recibir un total de 181 millones de pesos el 2023, a que se les asignaran cero pesos para el próximo.
Pese a que el Gobierno aclaró que los recursos destinados a reparación serán repartidos entre los distintos ministerios sectoriales, la situación causó molestia entre organizaciones de víctimas, quienes, en conversación con Radio Universidad de Chile, consideraron el hecho como un signo más de la invisibilización y abandono que han sufrido en el último tiempo.
Juan Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado (AVIDVAE), justamente señaló que resulta “revictimizante, que a casi cuatro años de la conmemoración de la revuelta popular y de todo lo que significó, no exista voluntad concreta para poder dar reparación de carácter integral, además de justicia y de garantías concretas de no repetición”.
“En el fondo, que nos aseguren que esto no va a volver a ocurrir, que ningún chileno, chilena, ninguna persona que habite el territorio nacional tenga que verse expuesto a violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, explicó.
Alarcón además acusó que existe una cierta distancia en lo que se dice en las reuniones entre el Gobierno y las agrupaciones y lo que realmente ocurre. Promesas, como la presentación de una ley reparatoria para las víctimas, finalmente no se han concretado.
“Nosotros entendemos que hoy día la conformación de la Cámara de Diputados y la composición histórica que ha tenido el Senado son influyentes. Sabemos que hay muchos cerrojos, muchas trabas y muchas complicaciones, el escenario político no es favorable para los sobrevivientes de la revuelta popular y sus familiares, pero desde allí la preocupación es cuáles van a ser las respuestas que va a dar el Presidente de la República y el Estado en estos cuatro años”.
“El mensaje y los discursos son varios, pero en lo concreto, la realidad de los sobrevivientes y los familiares de las violaciones de derechos humanos de la revuelta, es que no existe una reparación integral”, afirmó.
Un plan incompleto
La presidenta de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés, concordó en el diagnóstico de Alarcón. En agosto de 2022, el plan estatal creado durante el Gobierno de Piñera para apoyar a las víctimas de trauma ocular, PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular), se transformó en PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular), con miras a fortalecer la iniciativa.
Sin embargo, aseguró Valdés, hasta el día de hoy se mantiene lo que ella considera su principal problema: no incluye a las víctimas de otro tipo de vulneraciones.
“Recién ahora están incluyéndonos a nosotros, pero aún así, el nombre que lleva está acotado a trauma ocular y está muy mal empleado. Al final, si queremos hablar de reparación tiene que ser para todos y todas. Recién se está tomando en consideración perdigones y casos graves, pero faltan compañeros torturados y torturadas, compañeros que siguen presos y otros que salieron en libertad y los familiares de asesinados”.
“Solo se está abriendo un poco la brecha en atenciones médicas, pero la idea es que sea transversal. Por eso, nosotros hablamos de que la verdad es importante, para poder entender y comprender que esto fue más allá de los traumas oculares. Fue de una magnitud tan grande que hay diferentes tipos de daños”, planteó.
Desde una perspectiva jurídica, Karinna Fernández, abogada de Londres 38 y querellante en varias causas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, señaló que el Estado chileno no está cumpliendo con los estándares internacionales.
De acuerdo a Fernández, para que una reparación sea considerada como “integral”, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el de la restitución (es decir, que se devuelva a las víctimas a su estado anterior) y la satisfacción de las personas vulneradas con las medidas.
“En Chile no hay ninguna política integral ni estructural, no ha habido una respuesta y en muchos de mis casos, incluso, por ejemplo, en el caso de Alex Núñez, que fue asesinado, el Gobierno ha rechazado recibirnos. Los dos Gobiernos, tanto el de Piñera como el de Boric”.
“Eso, en sí mismo, constituye una vulneración y un ataque a la dignidad. Ni siquiera hemos sido escuchados en la idea de lo que debería ser una reparación integral”, dijo.
Las controvertidas pensiones de gracia
Más allá del Plan PACTO, algunas de las personas que vieron vulnerados sus derechos durante el estallido han podido optar a pensiones de gracia, que tienen como objetivo indemnizarlas por el daño causado.
De todas maneras, la medida ha sido cuestionada tanto por las organizaciones de víctimas como por parlamentarios de derecha, que incluso, conformaron una comisión investigadora “encargada de reunir antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas”.
Consultado al respecto, Juan Francisco Alarcón de la AVIDVAE, indicó que el origen de la comisión investigadora es “profundamente mal intencionado” y que “la derecha, de manera burda, ha salido a atacar la entrega de las pensiones de gracia sin siquiera tener el conocimiento técnico de cómo esto funciona. Esto no es una pensión que se le entrega a las víctimas de la revuelta, sino que es una pensión de gracia que cualquier ciudadano, ciudadana, puede optar, con un accidente laboral o de otra índole”, explicó.
Desde las organizaciones además aclaran que hay pocas personas que hoy reciben el beneficio (de acuerdo a datos del Ministerio del Interior, son 418) y que el proceso para que la pensión de gracia sea otorgada es bastante engorroso.
En esa línea, Camila Valdés de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, habló de una burocracia excesiva que “ha sido una piedra en el zapato y una forma de revulnerarnos a nosotros. A ninguno le ha sido fácil acceder a la pensión”.
La abogada Karinna Fernández, en tanto, afirmó que ninguno de sus representados recibe la pensión de gracia y que el proceso de obtención “es poco transparente y poco claro. Varias de las que han postulado han terminado siendo revictimizadas y enjuiciadas públicamente”.
Los señalamientos, al menos al interior de la Comisión Investigadora de pensiones de gracia han estado centrados en los beneficiarios que cuentan con antecedentes penales. Luego de revelar que se trataba de 40 personas, el Gobierno se comprometió a considerar dicho elemento antes de entregar pensiones, algo que según Juan Francisco Alarcón “se sale completamente del marco internacional y legal”.
“Una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos y toda persona, todo ser humano que tenga la violación de derechos humanos tiene acceso a una reparación y a la debida justicia. Nosotros no nos ponemos a indagar en el pasado de la persona, en la vida privada de la persona, a nosotros lo que nos convoca es que esa persona sufrió una vulneración”, insistió.
No olvidar
El próximo miércoles se cumplen cuatro años desde el estallido social, aniversario que a juicio Camila Valdés, estará marcado por “una invisibilización, una criminalización, que lamentablemente ha tenido repercusiones. Este año tiene cuatro víctimas de trauma ocular asesinados por el Estado, porque en realidad el abandono los llevó a quitarse la vida”.
En ese contexto, Valdés hizo un llamado a la sociedad chilena, a recordar lo que ocurrió a partir de ese 18 de octubre de 2019: “No se olviden de que toda esa lucha que se generó causó mucho daño y que estamos acá los sobrevivientes, que seguimos en la pelea y la lucha por lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“Estamos bastante lejos de la no repetición, porque seguimos todavía en esta falta de memoria y eso es a lo que yo apelo, a que no nos olvidemos de quienes salieron a las calles y ya no están, de quienes salieron a las calles y llegaron mutilados, torturados y dañados”.
Durante los últimos días, la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 ha estado centrada en la figura de la Directora de la Dipres, Javiera Martínez, en el aumento del gasto público e incluso en los recursos destinados a salud. Sin embargo, algo menos bullado fue la disminución en un 100% en el “Programa de Derechos Humanos del Estallido Social”, que pasó de recibir un total de 181 millones de pesos el 2023, a que se les asignaran cero pesos para el próximo.
Pese a que el Gobierno aclaró que los recursos destinados a reparación serán repartidos entre los distintos ministerios sectoriales, la situación causó molestia entre organizaciones de víctimas, quienes, en conversación con Radio Universidad de Chile, consideraron el hecho como un signo más de la invisibilización y abandono que han sufrido en el último tiempo.
Juan Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado (AVIDVAE), justamente señaló que resulta “revictimizante, que a casi cuatro años de la conmemoración de la revuelta popular y de todo lo que significó, no exista voluntad concreta para poder dar reparación de carácter integral, además de justicia y de garantías concretas de no repetición”.
“En el fondo, que nos aseguren que esto no va a volver a ocurrir, que ningún chileno, chilena, ninguna persona que habite el territorio nacional tenga que verse expuesto a violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, explicó.
Alarcón además acusó que existe una cierta distancia en lo que se dice en las reuniones entre el Gobierno y las agrupaciones y lo que realmente ocurre. Promesas, como la presentación de una ley reparatoria para las víctimas, finalmente no se han concretado.
“Nosotros entendemos que hoy día la conformación de la Cámara de Diputados y la composición histórica que ha tenido el Senado son influyentes. Sabemos que hay muchos cerrojos, muchas trabas y muchas complicaciones, el escenario político no es favorable para los sobrevivientes de la revuelta popular y sus familiares, pero desde allí la preocupación es cuáles van a ser las respuestas que va a dar el Presidente de la República y el Estado en estos cuatro años”.
“El mensaje y los discursos son varios, pero en lo concreto, la realidad de los sobrevivientes y los familiares de las violaciones de derechos humanos de la revuelta, es que no existe una reparación integral”, afirmó.
Un plan incompleto
La presidenta de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés, concordó en el diagnóstico de Alarcón. En agosto de 2022, el plan estatal creado durante el Gobierno de Piñera para apoyar a las víctimas de trauma ocular, PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular), se transformó en PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular), con miras a fortalecer la iniciativa.
Sin embargo, aseguró Valdés, hasta el día de hoy se mantiene lo que ella considera su principal problema: no incluye a las víctimas de otro tipo de vulneraciones.
“Recién ahora están incluyéndonos a nosotros, pero aún así, el nombre que lleva está acotado a trauma ocular y está muy mal empleado. Al final, si queremos hablar de reparación tiene que ser para todos y todas. Recién se está tomando en consideración perdigones y casos graves, pero faltan compañeros torturados y torturadas, compañeros que siguen presos y otros que salieron en libertad y los familiares de asesinados”.
“Solo se está abriendo un poco la brecha en atenciones médicas, pero la idea es que sea transversal. Por eso, nosotros hablamos de que la verdad es importante, para poder entender y comprender que esto fue más allá de los traumas oculares. Fue de una magnitud tan grande que hay diferentes tipos de daños”, planteó.
Desde una perspectiva jurídica, Karinna Fernández, abogada de Londres 38 y querellante en varias causas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, señaló que el Estado chileno no está cumpliendo con los estándares internacionales.
De acuerdo a Fernández, para que una reparación sea considerada como “integral”, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el de la restitución (es decir, que se devuelva a las víctimas a su estado anterior) y la satisfacción de las personas vulneradas con las medidas.
“En Chile no hay ninguna política integral ni estructural, no ha habido una respuesta y en muchos de mis casos, incluso, por ejemplo, en el caso de Alex Núñez, que fue asesinado, el Gobierno ha rechazado recibirnos. Los dos Gobiernos, tanto el de Piñera como el de Boric”.
“Eso, en sí mismo, constituye una vulneración y un ataque a la dignidad. Ni siquiera hemos sido escuchados en la idea de lo que debería ser una reparación integral”, dijo.
Las controvertidas pensiones de gracia
Más allá del Plan PACTO, algunas de las personas que vieron vulnerados sus derechos durante el estallido han podido optar a pensiones de gracia, que tienen como objetivo indemnizarlas por el daño causado.
De todas maneras, la medida ha sido cuestionada tanto por las organizaciones de víctimas como por parlamentarios de derecha, que incluso, conformaron una comisión investigadora “encargada de reunir antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas”.
Consultado al respecto, Juan Francisco Alarcón de la AVIDVAE, indicó que el origen de la comisión investigadora es “profundamente mal intencionado” y que “la derecha, de manera burda, ha salido a atacar la entrega de las pensiones de gracia sin siquiera tener el conocimiento técnico de cómo esto funciona. Esto no es una pensión que se le entrega a las víctimas de la revuelta, sino que es una pensión de gracia que cualquier ciudadano, ciudadana, puede optar, con un accidente laboral o de otra índole”, explicó.
Desde las organizaciones además aclaran que hay pocas personas que hoy reciben el beneficio (de acuerdo a datos del Ministerio del Interior, son 418) y que el proceso para que la pensión de gracia sea otorgada es bastante engorroso.
En esa línea, Camila Valdés de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, habló de una burocracia excesiva que “ha sido una piedra en el zapato y una forma de revulnerarnos a nosotros. A ninguno le ha sido fácil acceder a la pensión”.
La abogada Karinna Fernández, en tanto, afirmó que ninguno de sus representados recibe la pensión de gracia y que el proceso de obtención “es poco transparente y poco claro. Varias de las que han postulado han terminado siendo revictimizadas y enjuiciadas públicamente”.
Los señalamientos, al menos al interior de la Comisión Investigadora de pensiones de gracia han estado centrados en los beneficiarios que cuentan con antecedentes penales. Luego de revelar que se trataba de 40 personas, el Gobierno se comprometió a considerar dicho elemento antes de entregar pensiones, algo que según Juan Francisco Alarcón “se sale completamente del marco internacional y legal”.
“Una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos y toda persona, todo ser humano que tenga la violación de derechos humanos tiene acceso a una reparación y a la debida justicia. Nosotros no nos ponemos a indagar en el pasado de la persona, en la vida privada de la persona, a nosotros lo que nos convoca es que esa persona sufrió una vulneración”, insistió.
No olvidar
El próximo miércoles se cumplen cuatro años desde el estallido social, aniversario que a juicio Camila Valdés, estará marcado por “una invisibilización, una criminalización, que lamentablemente ha tenido repercusiones. Este año tiene cuatro víctimas de trauma ocular asesinados por el Estado, porque en realidad el abandono los llevó a quitarse la vida”.
En ese contexto, Valdés hizo un llamado a la sociedad chilena, a recordar lo que ocurrió a partir de ese 18 de octubre de 2019: “No se olviden de que toda esa lucha que se generó causó mucho daño y que estamos acá los sobrevivientes, que seguimos en la pelea y la lucha por lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“Estamos bastante lejos de la no repetición, porque seguimos todavía en esta falta de memoria y eso es a lo que yo apelo, a que no nos olvidemos de quienes salieron a las calles y ya no están, de quienes salieron a las calles y llegaron mutilados, torturados y dañados”.
Durante los últimos días, la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 ha estado centrada en la figura de la Directora de la Dipres, Javiera Martínez, en el aumento del gasto público e incluso en los recursos destinados a salud. Sin embargo, algo menos bullado fue la disminución en un 100% en el “Programa de Derechos Humanos del Estallido Social”, que pasó de recibir un total de 181 millones de pesos el 2023, a que se les asignaran cero pesos para el próximo.
Pese a que el Gobierno aclaró que los recursos destinados a reparación serán repartidos entre los distintos ministerios sectoriales, la situación causó molestia entre organizaciones de víctimas, quienes, en conversación con Radio Universidad de Chile, consideraron el hecho como un signo más de la invisibilización y abandono que han sufrido en el último tiempo.
Juan Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado (AVIDVAE), justamente señaló que resulta “revictimizante, que a casi cuatro años de la conmemoración de la revuelta popular y de todo lo que significó, no exista voluntad concreta para poder dar reparación de carácter integral, además de justicia y de garantías concretas de no repetición”.
“En el fondo, que nos aseguren que esto no va a volver a ocurrir, que ningún chileno, chilena, ninguna persona que habite el territorio nacional tenga que verse expuesto a violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, explicó.
Alarcón además acusó que existe una cierta distancia en lo que se dice en las reuniones entre el Gobierno y las agrupaciones y lo que realmente ocurre. Promesas, como la presentación de una ley reparatoria para las víctimas, finalmente no se han concretado.
“Nosotros entendemos que hoy día la conformación de la Cámara de Diputados y la composición histórica que ha tenido el Senado son influyentes. Sabemos que hay muchos cerrojos, muchas trabas y muchas complicaciones, el escenario político no es favorable para los sobrevivientes de la revuelta popular y sus familiares, pero desde allí la preocupación es cuáles van a ser las respuestas que va a dar el Presidente de la República y el Estado en estos cuatro años”.
“El mensaje y los discursos son varios, pero en lo concreto, la realidad de los sobrevivientes y los familiares de las violaciones de derechos humanos de la revuelta, es que no existe una reparación integral”, afirmó.
Un plan incompleto
La presidenta de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, Camila Valdés, concordó en el diagnóstico de Alarcón. En agosto de 2022, el plan estatal creado durante el Gobierno de Piñera para apoyar a las víctimas de trauma ocular, PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular), se transformó en PACTO (Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular), con miras a fortalecer la iniciativa.
Sin embargo, aseguró Valdés, hasta el día de hoy se mantiene lo que ella considera su principal problema: no incluye a las víctimas de otro tipo de vulneraciones.
“Recién ahora están incluyéndonos a nosotros, pero aún así, el nombre que lleva está acotado a trauma ocular y está muy mal empleado. Al final, si queremos hablar de reparación tiene que ser para todos y todas. Recién se está tomando en consideración perdigones y casos graves, pero faltan compañeros torturados y torturadas, compañeros que siguen presos y otros que salieron en libertad y los familiares de asesinados”.
“Solo se está abriendo un poco la brecha en atenciones médicas, pero la idea es que sea transversal. Por eso, nosotros hablamos de que la verdad es importante, para poder entender y comprender que esto fue más allá de los traumas oculares. Fue de una magnitud tan grande que hay diferentes tipos de daños”, planteó.
Desde una perspectiva jurídica, Karinna Fernández, abogada de Londres 38 y querellante en varias causas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, señaló que el Estado chileno no está cumpliendo con los estándares internacionales.
De acuerdo a Fernández, para que una reparación sea considerada como “integral”, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el de la restitución (es decir, que se devuelva a las víctimas a su estado anterior) y la satisfacción de las personas vulneradas con las medidas.
“En Chile no hay ninguna política integral ni estructural, no ha habido una respuesta y en muchos de mis casos, incluso, por ejemplo, en el caso de Alex Núñez, que fue asesinado, el Gobierno ha rechazado recibirnos. Los dos Gobiernos, tanto el de Piñera como el de Boric”.
“Eso, en sí mismo, constituye una vulneración y un ataque a la dignidad. Ni siquiera hemos sido escuchados en la idea de lo que debería ser una reparación integral”, dijo.
Las controvertidas pensiones de gracia
Más allá del Plan PACTO, algunas de las personas que vieron vulnerados sus derechos durante el estallido han podido optar a pensiones de gracia, que tienen como objetivo indemnizarlas por el daño causado.
De todas maneras, la medida ha sido cuestionada tanto por las organizaciones de víctimas como por parlamentarios de derecha, que incluso, conformaron una comisión investigadora “encargada de reunir antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas”.
Consultado al respecto, Juan Francisco Alarcón de la AVIDVAE, indicó que el origen de la comisión investigadora es “profundamente mal intencionado” y que “la derecha, de manera burda, ha salido a atacar la entrega de las pensiones de gracia sin siquiera tener el conocimiento técnico de cómo esto funciona. Esto no es una pensión que se le entrega a las víctimas de la revuelta, sino que es una pensión de gracia que cualquier ciudadano, ciudadana, puede optar, con un accidente laboral o de otra índole”, explicó.
Desde las organizaciones además aclaran que hay pocas personas que hoy reciben el beneficio (de acuerdo a datos del Ministerio del Interior, son 418) y que el proceso para que la pensión de gracia sea otorgada es bastante engorroso.
En esa línea, Camila Valdés de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, habló de una burocracia excesiva que “ha sido una piedra en el zapato y una forma de revulnerarnos a nosotros. A ninguno le ha sido fácil acceder a la pensión”.
La abogada Karinna Fernández, en tanto, afirmó que ninguno de sus representados recibe la pensión de gracia y que el proceso de obtención “es poco transparente y poco claro. Varias de las que han postulado han terminado siendo revictimizadas y enjuiciadas públicamente”.
Los señalamientos, al menos al interior de la Comisión Investigadora de pensiones de gracia han estado centrados en los beneficiarios que cuentan con antecedentes penales. Luego de revelar que se trataba de 40 personas, el Gobierno se comprometió a considerar dicho elemento antes de entregar pensiones, algo que según Juan Francisco Alarcón “se sale completamente del marco internacional y legal”.
“Una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos y toda persona, todo ser humano que tenga la violación de derechos humanos tiene acceso a una reparación y a la debida justicia. Nosotros no nos ponemos a indagar en el pasado de la persona, en la vida privada de la persona, a nosotros lo que nos convoca es que esa persona sufrió una vulneración”, insistió.
No olvidar
El próximo miércoles se cumplen cuatro años desde el estallido social, aniversario que a juicio Camila Valdés, estará marcado por “una invisibilización, una criminalización, que lamentablemente ha tenido repercusiones. Este año tiene cuatro víctimas de trauma ocular asesinados por el Estado, porque en realidad el abandono los llevó a quitarse la vida”.
En ese contexto, Valdés hizo un llamado a la sociedad chilena, a recordar lo que ocurrió a partir de ese 18 de octubre de 2019: “No se olviden de que toda esa lucha que se generó causó mucho daño y que estamos acá los sobrevivientes, que seguimos en la pelea y la lucha por lograr verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“Estamos bastante lejos de la no repetición, porque seguimos todavía en esta falta de memoria y eso es a lo que yo apelo, a que no nos olvidemos de quienes salieron a las calles y ya no están, de quienes salieron a las calles y llegaron mutilados, torturados y dañados”.
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