Comisión de Pesca pide caducar concesiones salmoneras: “Sin duda hay una ineficiencia de la ejecución del Estado”

Desde la instancia de la Cámara de Diputados pidieron también avanzar a un royalty a la industria. “No puede ser que donde se producen millones de dólares, unas cuadras más allá ni siquiera tengan agua potable”, señalaron.

Desde la instancia de la Cámara de Diputados pidieron también avanzar a un royalty a la industria. “No puede ser que donde se producen millones de dólares, unas cuadras más allá ni siquiera tengan agua potable”, señalaron.

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió solicitar al Estado a aplicar la caducidad a 457 concesiones salmoneras, reportadas con esta causal por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

Esto luego de una solicitud de oficios del diputado socialista Daniel Manouchehri a los ministerios de Defensa y Economía para que se refieran al procedimiento de caducidad de las concesiones entregadas a esta industria que genera ganancias por cientos de millones de dólares.

“Por todos es sabido los perjuicios que causan al medio ambiente y lo tóxico de la industria salmonera, que no solo destruye las áreas protegidas, sino que además hemos visto poco apoyo en los territorios”, indicó Manouchehri.

Posteriormente, el legislador por la Región de Coquimbo instó a “avanzar rápidamente a tener un royalty a las salmoneras, porque no puede ser que donde se producen millones de dólares, unas cuadras más allá ni siquiera tengan agua potable. Eso nos parece que es indigno”.

La comisión escuchó las intervenciones de organizaciones del sur de Chile, como Defendamos Chiloé, Aysén Reserva de Vida y la comunidad Pu Wapi de la Reserva Las Guaitecas, en torno a la necesidad trabajar en el reordenamiento de la industria salmonera.

Al respecto, Manouchehri lamentó la inasistencia de algunos diputados integrantes de la instancia, afirmando que “quizá a algunos solamente sea importante escuchar a la industria y no escuchar también a las organizaciones”.

A su vez, la presidenta de la comisión, la socialista Daniella Cicardini, expresó que ha existido una “falta de fiscalización” de la caducidad de las concesiones por parte de las autoridades, aún establecida en la legislación vigente.

“En ese contexto, creo que es relevante también invitar a los distintos organismos que hoy día tienen competencia con estas atribuciones, a que puedan venir a la Comisión de Pesca y Acuicultura para que puedan informar respecto a las medidas que se han adoptado para poder aplicar la ley en materia de caducidades y también respecto de la reorganización de las concesiones”, señaló la legisladora.

Al respecto precisó que lo anterior es parte también de la aplicación del nuevo Servicio de Áreas Protegidas (SBAP) y sería interesante que nos pudieran también aclarar esos procedimientos”, recalcó.

Asimismo, la diputada por la Región de Atacama agradeció la presencia de las distintas organizaciones que han levantado el tema.

“Hoy día tenemos una oportunidad en la Comisión de Pesca para poder visibilizar finalmente esta demora y estos atrasos por parte del Estado. Acá sin duda hay una ineficiencia de la ejecución del Estado en algunas materias y creo que era importante también dejarlo sobre la mesa para que nosotros, desde el rol fiscalizador, pudiésemos tener alguna respuesta”, agregó.

La comisión acordó dirigir oficios al Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía, moción planteada por el diputado Daniel Manouchehri. A la cartera de Defensa, para solicitar la aplicación de la ley vigente en materia de caducidad de las concesiones marítimas y a Economía, para que informe del plan de salida de la industria salmonera y las concesiones del área que han sido hipotecadas.

Además, solicitan que se genere un plan de reordenamiento de la industria salmonera y la creación de una mesa de trabajo en la materia, donde puedan estar incluidas las organizaciones sociales.

En esa línea, la comisión también ofició a la Subcomisión Mixta de Presupuesto de la partida del Ministerio de Defensa, indicando que el no contar con el personal suficiente en el departamento de asuntos marítimos de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas dificulta la aplicación de la ley de caducidad.





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