Los legisladores solicitaron “el detalle de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Antidistorsiones” y desde el Ejecutivo sostuvieron que “no se pueden entregar antecedentes antes que se emita el informe final del organismo”.
La resoluciones apuntan a solicitar al Presidente Gabriel Boric tomar medidas inmediatas de protección a la industria acerera, como también a mejorar la diversificación de la matriz productiva y revalorar la producción nacional.
La Compañia valoró que la Comisión Antidistorsiones “haya identificado la existencia en la irregularidad de importaciones de acero”. Mientras que desde el Ministerio de Economía señalaron que “estudiarán alternativas que permitan darle continuidad”.
La iniciativa busca implementar un plan de trabajo enfocado en la gobernanza, un modelo de negocio y una estrategia comercial sostenible para este tipo de organizaciones. El proceso se extenderá hasta el 28 de marzo.
En el marco del plan de reconstrucción, el Gobierno dio a conocer las medidas de reactivación productiva para personas emprendedoras y empresas y cooperativas afectadas.
Desde la instancia de la Cámara de Diputados pidieron también avanzar a un royalty a la industria. “No puede ser que donde se producen millones de dólares, unas cuadras más allá ni siquiera tengan agua potable”, señalaron.
Asimismo, el titular de Economía confirmó que junto a la farmacéutica de capitales chinos “seguimos trabajando en conjunto para que esta inversión se pueda materializar”.
El ministro de Economía destacó la importancia que en el servicio se consoliden mecanismos sancionatorios contra las empresas ante el incumplimiento de los derechos de los consumidores. Además destacó los potenciales beneficios de las nuevas medidas
El ministro Nicolás Grau aseguró que se logró un consenso con gran parte de los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) respecto del monto de los subsidios que recibirán para llevar a cabo el alza del salario mínimo.
El especialista integra desde esta semana la comisión convocada por el Gobierno para regular el sector. “Es imposible no tener Estado donde hay una regulación por definición. Alguien tiene que hacerse cargo a nombre de los consumidores”, apuntó.
En el documento presentado, la ONG pidió verificar la ilegalidad de los procedimientos que aumentaron artificialmente las cuotas de captura de merluza común, merluza austral y congrio dorado durante la administración anterior.
Por su parte el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció la labor de BancoEstado al trabajar con 700 mil mipymes, una fracción importante dentro del universo total de un millón de estas empresas.
