A través de una declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su parecer sobre la propuesta de nueva constitución que será votada el próximo 17 de diciembre. En su consideración, “constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”.
Según afirma, se trata de “una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta de legitimidad democrática de origen como en su contenido”.
En detalle, la Comisión considera que el texto “hace retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFPs y las Isapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas; limita el acceso al derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población; el derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas; priva del derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas; perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas; restringe el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país; mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados; el derecho al medio ambiente seguirá condicionado por los intereses empresariales, las comunidades de las diversidades sexuales seguirán sufriendo discriminación y los migrantes sufrirán la xenofobia institucionalizada”.
Agrega que “el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia Militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes”.
Respecto a lo señalado previamente en los llamados bordes constitucionales, la Comisión señala que “mantiene y profundiza la desigualdad social junto a la grosera concentración de la riqueza e institucionaliza los privilegios negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, consolidando el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet y relegando el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido”.
Por estas razones “la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto con recordar que, desde su génesis, impugnó y denunció este proceso constitucional ante el ACNUDH, por carecer de legitimidad, hoy cumple con su deber de convocar a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque el texto atenta gravemente contra los derechos humanos de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio”.
A través de una declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su parecer sobre la propuesta de nueva constitución que será votada el próximo 17 de diciembre. En su consideración, “constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”.
Según afirma, se trata de “una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta de legitimidad democrática de origen como en su contenido”.
En detalle, la Comisión considera que el texto “hace retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFPs y las Isapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas; limita el acceso al derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población; el derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas; priva del derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas; perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas; restringe el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país; mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados; el derecho al medio ambiente seguirá condicionado por los intereses empresariales, las comunidades de las diversidades sexuales seguirán sufriendo discriminación y los migrantes sufrirán la xenofobia institucionalizada”.
Agrega que “el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia Militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes”.
Respecto a lo señalado previamente en los llamados bordes constitucionales, la Comisión señala que “mantiene y profundiza la desigualdad social junto a la grosera concentración de la riqueza e institucionaliza los privilegios negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, consolidando el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet y relegando el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido”.
Por estas razones “la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto con recordar que, desde su génesis, impugnó y denunció este proceso constitucional ante el ACNUDH, por carecer de legitimidad, hoy cumple con su deber de convocar a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque el texto atenta gravemente contra los derechos humanos de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio”.
A través de una declaración pública, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su parecer sobre la propuesta de nueva constitución que será votada el próximo 17 de diciembre. En su consideración, “constituye un grave retroceso civilizatorio en materia de Derechos Humanos y un serio obstáculo para la paz social”.
Según afirma, se trata de “una propuesta que pretende perpetuar el orden social injusto impuesto en la Constitución de 1980, que viola principios y normas de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y carece de validez jurídica, tanto por su falta de legitimidad democrática de origen como en su contenido”.
En detalle, la Comisión considera que el texto “hace retroceder los avances obtenidos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolida la mercantilización de los derechos sociales al constitucionalizar el modelo de las AFPs y las Isapres, condenando a millones de jubilados a recibir pensiones miserables e indignas; limita el acceso al derecho a la salud y a la educación, haciendo depender su ejercicio a la capacidad económica de la población; el derecho a la vivienda digna seguirá siendo una mera aspiración para miles de pobladores que viven en campamentos o de personas allegadas; priva del derecho humano al agua a miles de nuestros compatriotas; perpetúa la injusticia con nuestros pueblos indígenas; restringe el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país; mantiene el statu quo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados; el derecho al medio ambiente seguirá condicionado por los intereses empresariales, las comunidades de las diversidades sexuales seguirán sufriendo discriminación y los migrantes sufrirán la xenofobia institucionalizada”.
Agrega que “el militarismo pinochetista se impone en el texto, al favorecer la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la Dictadura Civil-Militar, promoviendo la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia Militar, otorgándole competencia para juzgar a civiles y a militares, por delitos comunes”.
Respecto a lo señalado previamente en los llamados bordes constitucionales, la Comisión señala que “mantiene y profundiza la desigualdad social junto a la grosera concentración de la riqueza e institucionaliza los privilegios negando el ejercicio de derechos humanos básicos a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, consolidando el Estado subsidiario de la Constitución de Pinochet y relegando el Estado Social y Democrático a una mera enunciación formal, sin contenido”.
Por estas razones “la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto con recordar que, desde su génesis, impugnó y denunció este proceso constitucional ante el ACNUDH, por carecer de legitimidad, hoy cumple con su deber de convocar a la ciudadanía a votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, porque el texto atenta gravemente contra los derechos humanos de la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro territorio”.
