El destape de audios que vinculan a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, con el pago de sobornos a funcionarios públicos, tensiona las sanciones que, de comprobarse los hechos, pueda adoptar el Poder Judicial sobre figuras con gran poder económico y redes precisamente dentro del sistema.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, abordó este aspecto y señaló que “los audios fueron muy impresionantes no solo para la comunidad jurídica sino que para el conjunto de la sociedad que ve cómo se cumple o se ratifica el prejuicio de que la justicia no funciona adecuadamente“.

Por ello, el exfiscal apuntó a la relevancia de la respuesta que dé el Ministerio Público frente a determinar lo cierto de este caso, cuántas personas hay involucradas e imponer sanciones severas. Eso sí, en su valoración, Gajardo declaró que “la Fiscalía ha trabajado bastante rápidamente, haciendo allanamientos, tomando declaraciones y tengo la esperanza de que pueda avanzar prontamente para ir esclareciendo estos hechos”.

Respecto a los delitos que se arriesgan en este caso, el exfiscal apuntó al cohecho por el pago a funcionarios públicos para que incumplan los deberes de su cargo, donde jurídicamente los tres implicados en el audio serían coautores. Adicionalmente, el abogado apuntó al lavado de activos “porque se efectúan maniobras tendiente a ocultar el origen ilícito de los bienes”.

Sumado a ello y por la manera en que se ha conocido que actúan los tres involucrados “la Fiscalía debiera investigar esto como crimen organizado y ahí (…) se puede calificar constitutivo de asociación ilícita“.

De no ser efectivo el pago a funcionarios públicos, estrategia que estaría siendo sondeada por los abogados Hermosilla y Villalobos, se trataría del delito de estafa contra el empresario Sauer.

Consultado si después del caso Penta y SQM debiera existir un sistema de fiscalización más robusto, Gajardo mencionó que “pensar que con un solo caso estás prácticas van a terminar no es tan fácil que así suceda, sobre todo porque lo importante me parece es fortalecer las prácticas internas de las empresas, pero también la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII) y eso siempre es materia de debate”.

Con todo el revuelo, el Gobierno ha relevado la importancia de avanzar en una reforma tributaria, en el fortalecimiento del SII, para avanzar en políticas anti evasión y elusión de impuestos. A juicio del abogado “este tipo de casos abona esa tesis, queda en evidencia que tenemos un sistema todavía con muchos forados y que permite sobre todo a personas de más recursos poder escapar de sus obligaciones tributarias”.

“Pareciera que otras personas, y aquí hay un ejemplo latente, pueden obtener un tratamiento muy beneficioso por parte del Servicio incluso con actos de corrupción y todo eso no queda en nada”, añadió.

En relación al riesgo de que prime la impunidad, Gajardo aseguró que “estos casos, y uno es el caso Convenios, son claves para ver si aprendimos de alguna manera la lección, porque hubo modificaciones relevantes después del caso Penta que permiten pensar que los delitos en el futuro van a tener sanciones más altas”.

Junto a ello, destaco la relevancia de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos que hace más probable que las penas sean de cárcel. “Pero una vez que las leyes están escritas lo que hay que hacer es aplicarlas, y ahí el sistema, la Fiscalía pero también los tribunales, tienen el gran desafío de poder aplicar adecuadamente estas normativas y sancionar de manera grave los casos graves”, declaró.

“A mayor responsabilidad tiene que haber también mayor sanción por parte del sistema penal, y entonces, estos casos se termina convirtiendo en un gran desafío para el conjunto del sistema para demostrar que ha alcanzado cierta madurez, cierta fortaleza, que no tuvo en el caso Penta para poder condenar e investigar profundamente”, señaló.

Consultado si hay preocupación al respecto en el sistema judicial, el abogado respondió que “tenemos un sistema de justicia que genera muy poca confianza en la ciudadanía, y esta es mi crítica adicional al sistema, es que esto pareciera no importarle mucho a nadie. Uno no ve que exista instancias de reflexión ni tampoco medidas concretas que busquen palear los defectos del sistema”.

“Nosotros tenemos un problema grave, por ejemplo, la manera en que designamos nuestras altas autoridades en el sistema, el Poder Judicial, la Fiscalía, incluso la manera en que se designan notarios, archiveros, conservadores. Es un sistema extraordinariamente opaco donde además personas realizan lobby muy intensos para favorecer a sus propios candidatos”, afirmó.

“A pesar de que hay bastante consenso transversal en que esto debe modificarse, nada sucede“, dio cuenta.

Proceso constitucional

Consultado por su postura frente a este segundo proceso para escribir una nueva Constitución, el exfiscal Gajardo afirmó que “el proceso constitucional ha sido una gran pérdida”.

“Tanto el proceso anterior que no logró concitar las mayorías necesarias para ser aprobado porque primaron muchos intereses contrapuestos, como éste que pareciera que va de nuevo a ser rechazado por la ciudadanía”, añadió.

En ese sentido, Gajardo afirmó que ambos procesos “nos debieran alertar a hacer reformas en el futuro desde el interior del sistema, probablemente mucho más acotados desde el Congreso”.

“Sería una miopía muy grande de la clase política que no tomaran el guante en esta etapa habiendo un fracaso notable, notorio, lamentable, de los dos procesos constituyentes”, afirmó.

A la espera del resultado final del plebiscito del 17 de diciembre, Gajardo anticipó que “va a ser el momento en que la clase política tome las decisiones importantes que son necesarias que se tomen”.

Revisa acá la entrevista completa en el siguiente enlace: