El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la resolución de la Corte Suprema que confirmó la sentencia dictada en noviembre de 2018 por el ministro Mario Carroza en el marco del proceso caratulado “Caso Caravana de la Muerte. Episodio La Serena”.
En su fallo, el máximo tribunal del país elevó las condenas impuestas a nueve militares en retiro, entre ellos el general Juan Emilio Cheyre, por su responsabilidad en los homicidios calificados de 15 personas en octubre de 1973.
La Corte Suprema consideró que se incurrió en un error al calificar la participación atribuida a Cheyre como encubridor de los referidos homicidios y resolvió asignarle la calidad de cómplice de dichos delitos, condenándolo a cinco años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.
“El Consejo de Defensa del Estado valora positivamente el fallo que condenó a los acusados de crímenes referidos a hechos de extrema gravedad, en los que se dio muerte a un grupo considerable de víctimas que estaban privadas de libertad y a disposición de las autoridades de la época”, sostuvo el consejero del CDE Daniel Martorell, abogado a cargo del proceso.
Junto con ello, subrayó que “la participación en calidad de cómplice que le fue fijada a Juan Emilio Cheyre quien, posteriormente, llegó a ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército, acoge la tesis sostenida al efecto por el Consejo”.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”, esto porque Cheyre “solo recibe una pena de cinco años que además serán cumplidos en libertad”.
“Nos parece paradójica esta situación cuando él fue parte. Independientemente de que no haya dado la orden, él es un imputado y es una persona que debería tener una condena mucho más alta según los estándares internacionales”, afirmó.
A juicio de Acevedo, la situación “da cuenta nuevamente de que en Chile dependiendo de tu apellido o tu cargo, tienes privilegios con los que no cuenta la mayoría de los chilenos”.
“Acá hablamos de alguien que fue cómplice del asesinato de quince chilenos, quince personas que tienen familia, que siguen buscando la verdad, la justicia y que hasta hoy día le ha sido denegada en su totalidad”, recordó.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la resolución de la Corte Suprema que confirmó la sentencia dictada en noviembre de 2018 por el ministro Mario Carroza en el marco del proceso caratulado “Caso Caravana de la Muerte. Episodio La Serena”.
En su fallo, el máximo tribunal del país elevó las condenas impuestas a nueve militares en retiro, entre ellos el general Juan Emilio Cheyre, por su responsabilidad en los homicidios calificados de 15 personas en octubre de 1973.
La Corte Suprema consideró que se incurrió en un error al calificar la participación atribuida a Cheyre como encubridor de los referidos homicidios y resolvió asignarle la calidad de cómplice de dichos delitos, condenándolo a cinco años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.
“El Consejo de Defensa del Estado valora positivamente el fallo que condenó a los acusados de crímenes referidos a hechos de extrema gravedad, en los que se dio muerte a un grupo considerable de víctimas que estaban privadas de libertad y a disposición de las autoridades de la época”, sostuvo el consejero del CDE Daniel Martorell, abogado a cargo del proceso.
Junto con ello, subrayó que “la participación en calidad de cómplice que le fue fijada a Juan Emilio Cheyre quien, posteriormente, llegó a ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército, acoge la tesis sostenida al efecto por el Consejo”.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”, esto porque Cheyre “solo recibe una pena de cinco años que además serán cumplidos en libertad”.
“Nos parece paradójica esta situación cuando él fue parte. Independientemente de que no haya dado la orden, él es un imputado y es una persona que debería tener una condena mucho más alta según los estándares internacionales”, afirmó.
A juicio de Acevedo, la situación “da cuenta nuevamente de que en Chile dependiendo de tu apellido o tu cargo, tienes privilegios con los que no cuenta la mayoría de los chilenos”.
“Acá hablamos de alguien que fue cómplice del asesinato de quince chilenos, quince personas que tienen familia, que siguen buscando la verdad, la justicia y que hasta hoy día le ha sido denegada en su totalidad”, recordó.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró la resolución de la Corte Suprema que confirmó la sentencia dictada en noviembre de 2018 por el ministro Mario Carroza en el marco del proceso caratulado “Caso Caravana de la Muerte. Episodio La Serena”.
En su fallo, el máximo tribunal del país elevó las condenas impuestas a nueve militares en retiro, entre ellos el general Juan Emilio Cheyre, por su responsabilidad en los homicidios calificados de 15 personas en octubre de 1973.
La Corte Suprema consideró que se incurrió en un error al calificar la participación atribuida a Cheyre como encubridor de los referidos homicidios y resolvió asignarle la calidad de cómplice de dichos delitos, condenándolo a cinco años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada.
“El Consejo de Defensa del Estado valora positivamente el fallo que condenó a los acusados de crímenes referidos a hechos de extrema gravedad, en los que se dio muerte a un grupo considerable de víctimas que estaban privadas de libertad y a disposición de las autoridades de la época”, sostuvo el consejero del CDE Daniel Martorell, abogado a cargo del proceso.
Junto con ello, subrayó que “la participación en calidad de cómplice que le fue fijada a Juan Emilio Cheyre quien, posteriormente, llegó a ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército, acoge la tesis sostenida al efecto por el Consejo”.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”, esto porque Cheyre “solo recibe una pena de cinco años que además serán cumplidos en libertad”.
“Nos parece paradójica esta situación cuando él fue parte. Independientemente de que no haya dado la orden, él es un imputado y es una persona que debería tener una condena mucho más alta según los estándares internacionales”, afirmó.
A juicio de Acevedo, la situación “da cuenta nuevamente de que en Chile dependiendo de tu apellido o tu cargo, tienes privilegios con los que no cuenta la mayoría de los chilenos”.
“Acá hablamos de alguien que fue cómplice del asesinato de quince chilenos, quince personas que tienen familia, que siguen buscando la verdad, la justicia y que hasta hoy día le ha sido denegada en su totalidad”, recordó.
