Según el Consejo de Defensa del Estado, Juan Ramón Godoy tuvo “una administración desleal de los fondos públicos, ocasionando con ello un perjuicio económico al erario fiscal”.
El CDE presentó la acción contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú. Según la investigación penal, a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio comunal superaría los 30 mil millones de pesos.
En contraste, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo aseguró que “el fallo es una burla para cientos de personas”. Esto último, porque Cheyre recibió una condena de cinco años que podrá cumplir bajo libertad vigilada.
La máxima autoridad del Ministerio Público abordó las críticas respecto a la detención de los involucrados con la fundación Democracia Viva ad portas del plebiscito. Además, se refirió al Caso Audios y los dichos de María Inés Horvitz.
La querella indica que se realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales”.
La acción penal del Consejo de Defensa del Estado también se dirige contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, de esos u otros delitos que puedan acreditarse durante el curso de la investigación.
El ministro de Hacienda envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que se querelle contra quienes sean responsables de los delitos revelados en las grabaciones, y sea parte de este proceso como representante de los intereses del Fisco.
La entidad, en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, interpuso una querella en contra de cuatro funcionarios públicos, por presunto fraude al fisco por más de $658 millones en el caso Convenios.
La acción se funda en los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de fiscalía y dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada por los funcionarios públicos y los particulares para defraudar el patrimonio del GORE.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso la acción judicial tras constatar perjuicio fiscal en los convenios suscritos. “Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo”, señalaron.
“Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos”, dijo el presidente del CDE, Raúl Letelier.
Un informe del ente regional reveló mal uso de recursos públicos. “El alcalde debería pedir disculpas a la comunidad”, declaró el concejal Juan Castillo.