El extitular de Justicia puso en duda la versión del Ejecutivo de que la salida de tres reos comunes del ex penal Punta Peuco fue una determinación de Gendarmería. Asimismo, recalcó que la decisión de Boric en esta materia no fue “ideológica”.
Fernando Barros, quien fue abogado de Augusto Pinochet durante su detención en Londres, respaldó lo planteado por el Presidente Kast, respecto a que “no corresponde” mezclar a presos comunes con los condenados por violaciones a los derechos humanos.
La integrante de la organización, Gricel González, cuestionó el que todavía no se desarrollen las diligencias. La activista argumentó que se cuenta con más de 20 testimonios de vecinos que vieron actuar a agentes de la dictadura en el lugar.
Ante el proyecto que podría excarcelar a presos del ex Punta Peuco, el abogado especializado en DD.HH. acusó que la iniciativa es una “afrenta a familiares de detenidos desaparecidos”. “Significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”, subrayó.
La última secretaria ejecutiva de la Vicaría se refirió a la historia de la organización, a su trabajo, que aún impacta en los procesos de verdad y justicia y también, al desafío de construir memoria en el contexto actual.
Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y DDHH Colonia Dignidad, afirmó que aún ni siquiera se concreta la tasación de los terrenos. Por ello, manifestó su temor a que la nueva administración archive definitivamente el proceso.
El hallazgo se dio en medio de las diligencias para aclarar los errores en la identificación de víctimas de la Región de Coquimbo. El ministro en visita, Sergio Troncoso, está buscando a al menos dos personas que volvieron a desaparecer.
En 1998 se entregaron los restos de 18 personas que habrían sido sepultadas en una fosa común del cementerio de la ciudad. Ahora, análisis genéticos determinaron que se cometieron entregas cruzadas y dos personas volvieron a desaparecer.
Ante los dichos de los presidenciables Johannes Kaiser y José Antonio Kast, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile acusó que hay autoridades “que buscan cada oportunidad para demostrar que no creen en los derechos humanos”.
Se trata un hito clave para concretar la creación de un sitio conmemorativo. Alejandra Holzapfel, presidenta de la Asociación de Memoria Irán 3037, instó a que exista un financiamiento permanente para este tipo de espacios.
La expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó sus resquemores por la iniciativa del candidato presidencial, que busca que el SML identifique restos de detenido desaparecidos sin una orden judicial de por medio.
La hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista desaparecido en dictadura, valoró la decisión de la justicia australiana que facilita la extradición de la exagente de la DINA. Sin embargo, planteó dudas sobre cómo financia estos procesos judiciales.
La candidata del PPD, hija de un ministro de Allende que falleció tras ser torturado por militares, respondió a la abanderada de Chile Vamos luego de que declarara que al principio de la dictadura “era bien inevitable que hubiese muertos”.
El máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia en que se le impusieran penas a cinco exagentes de la DINA, por la desaparición de Manuel Cartes Jara y José Flores Rojas. Ambos eran militantes del Partido Comunista.
Jenny Barra fue detenida en octubre de 1977 y sus restos fueron encontrados 24 años después en la Cuesta Barriga. Debido algunos reparos con el fallo, la abogada querellante, Andrea Gattini, ya presentó un recurso de casación.
Tomás Pascual respondió a las organizaciones que criticaron la cantidad de hectáreas que se expropiaran. El plan original de seis edificios, “no quiere decir que el resto de lo declarado monumento, no sea parte del sitio el día de mañana”, dijo.
El abogado enfatizó en que dicho sistema afectó profundamente las indagaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado. Además, cuestionó que se defienda la idea con el argumento de la especialización.
