Acta del Cosena: Ejército insistió en que no tiene entrenamiento para tareas de orden público
El general Javier Iturriaga advirtió respecto al resguardo de infraestructura crítica, que hay capacidad para proteger instalaciones, pero que sus funcionarios no tienen formación en labores "en las que hay que interactuar con la población".
Miércoles 14 de febrero 2024 16:49 hrs.
la acción legal busca la nulidad de derecho público respecto de los actos administrativos del Ejército de Chile, en los que se traspasaron internamente terrenos que habían sido cedidos por el ministerio de Bienes Nacionales en el año 1989. Foto: Agencia UNO.
Este miércoles se hizo pública el acta de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) celebrada el lunes 5 de febrero, para discutir aspectos relativos al proyecto sobre infraestructura crítica.
El documento recoge las intervenciones de los distintos asistentes, entre ellos el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá y de los jefes de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, destacaron las palabras del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien aseguró que su institución carece de entrenamiento para resguardar el orden público.
Previamente, Iturriaga se refirió al despliegue de militares en el territorio, recordando que están “por una parte, en la Macrozona sur como consecuencia del estado de excepción constitucional de emergencia decretado en 2022; y por otra parte, en la zona norte, para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país”, detalló.
En el primer caso, el jefe del Ejército destacó que se cuenta con una legislación robusta, ya conocida, en contraste con el caso del resguardo de fronteras, donde “la legislación que se ha ido construyendo necesita una mejor definición de la línea de mando”, estimó.
Respecto al resguardo de la infraestructura crítica, Iturriaga planteó que se requiere “definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas”. “Es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público”, precisó.
Sobre lo primero, señaló que tienen plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones, mientras que para el orden público, advirtió que “son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, dijo.
Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, pidió claridad en cuanto a la intervención de sus funcionarios y mencionó, entre los posibles aportes de su institución, “la capacidad de visualización de los objetivos de protección dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
A su turno, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”, aunque compartió la preocupación por proteger algunos puntos de infraestructura crítica.
La postura del Gobierno
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que durante 2023, “las estrategias territoriales desarrolladas junto a Carabineros tuvieron el efecto buscado de bajar la violencia y los ingresos irregulares” y solicitó considerar “el aporte” que podrían realizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, “considerando que este es un fenómeno complejo y más articulado que en el pasado”, indicó.
A lo anterior, la ministra agregó que “deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional”.
Esto, a su vez, permitiría “concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad”.
Por último, Tohá manifestó que el Ejecutivo concuerda en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga “con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de ésta, de qué manera, y cuándo no”, expresó.
La definición de infraestructura crítica fue otro de los puntos abordados en la cita. Por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió reflexionar sobre si las cárceles deben ser consideradas infraestructura crítica. “Las experiencias comparadas de Ecuador y Brasil nos muestran la relevancia de considerar las cárceles como tal”, argumentó.
Hacia el final de la cita, el Presidente Boric enfatizó en que comprende “la necesidad de determinar claramente las funciones, atribuciones, estructura de mando y reglas de uso de la fuerza”. En ese sentido, relevó las palabras del jefe del Ejército, “de que no se pretende impunidad sino reglas claras para saber cómo actuar”, sostuvo.
Este miércoles se hizo pública el acta de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) celebrada el lunes 5 de febrero, para discutir aspectos relativos al proyecto sobre infraestructura crítica.
El documento recoge las intervenciones de los distintos asistentes, entre ellos el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá y de los jefes de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, destacaron las palabras del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien aseguró que su institución carece de entrenamiento para resguardar el orden público.
Previamente, Iturriaga se refirió al despliegue de militares en el territorio, recordando que están “por una parte, en la Macrozona sur como consecuencia del estado de excepción constitucional de emergencia decretado en 2022; y por otra parte, en la zona norte, para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país”, detalló.
En el primer caso, el jefe del Ejército destacó que se cuenta con una legislación robusta, ya conocida, en contraste con el caso del resguardo de fronteras, donde “la legislación que se ha ido construyendo necesita una mejor definición de la línea de mando”, estimó.
Respecto al resguardo de la infraestructura crítica, Iturriaga planteó que se requiere “definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas”. “Es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público”, precisó.
Sobre lo primero, señaló que tienen plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones, mientras que para el orden público, advirtió que “son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, dijo.
Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, pidió claridad en cuanto a la intervención de sus funcionarios y mencionó, entre los posibles aportes de su institución, “la capacidad de visualización de los objetivos de protección dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
A su turno, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”, aunque compartió la preocupación por proteger algunos puntos de infraestructura crítica.
La postura del Gobierno
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que durante 2023, “las estrategias territoriales desarrolladas junto a Carabineros tuvieron el efecto buscado de bajar la violencia y los ingresos irregulares” y solicitó considerar “el aporte” que podrían realizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, “considerando que este es un fenómeno complejo y más articulado que en el pasado”, indicó.
A lo anterior, la ministra agregó que “deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional”.
Esto, a su vez, permitiría “concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad”.
Por último, Tohá manifestó que el Ejecutivo concuerda en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga “con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de ésta, de qué manera, y cuándo no”, expresó.
La definición de infraestructura crítica fue otro de los puntos abordados en la cita. Por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió reflexionar sobre si las cárceles deben ser consideradas infraestructura crítica. “Las experiencias comparadas de Ecuador y Brasil nos muestran la relevancia de considerar las cárceles como tal”, argumentó.
Hacia el final de la cita, el Presidente Boric enfatizó en que comprende “la necesidad de determinar claramente las funciones, atribuciones, estructura de mando y reglas de uso de la fuerza”. En ese sentido, relevó las palabras del jefe del Ejército, “de que no se pretende impunidad sino reglas claras para saber cómo actuar”, sostuvo.
Este miércoles se hizo pública el acta de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) celebrada el lunes 5 de febrero, para discutir aspectos relativos al proyecto sobre infraestructura crítica.
El documento recoge las intervenciones de los distintos asistentes, entre ellos el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá y de los jefes de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, destacaron las palabras del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien aseguró que su institución carece de entrenamiento para resguardar el orden público.
Previamente, Iturriaga se refirió al despliegue de militares en el territorio, recordando que están “por una parte, en la Macrozona sur como consecuencia del estado de excepción constitucional de emergencia decretado en 2022; y por otra parte, en la zona norte, para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país”, detalló.
En el primer caso, el jefe del Ejército destacó que se cuenta con una legislación robusta, ya conocida, en contraste con el caso del resguardo de fronteras, donde “la legislación que se ha ido construyendo necesita una mejor definición de la línea de mando”, estimó.
Respecto al resguardo de la infraestructura crítica, Iturriaga planteó que se requiere “definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas”. “Es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público”, precisó.
Sobre lo primero, señaló que tienen plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones, mientras que para el orden público, advirtió que “son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, dijo.
Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Hugo Rodríguez, pidió claridad en cuanto a la intervención de sus funcionarios y mencionó, entre los posibles aportes de su institución, “la capacidad de visualización de los objetivos de protección dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
A su turno, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”, aunque compartió la preocupación por proteger algunos puntos de infraestructura crítica.
La postura del Gobierno
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que durante 2023, “las estrategias territoriales desarrolladas junto a Carabineros tuvieron el efecto buscado de bajar la violencia y los ingresos irregulares” y solicitó considerar “el aporte” que podrían realizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, “considerando que este es un fenómeno complejo y más articulado que en el pasado”, indicó.
A lo anterior, la ministra agregó que “deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional”.
Esto, a su vez, permitiría “concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad”.
Por último, Tohá manifestó que el Ejecutivo concuerda en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga “con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de ésta, de qué manera, y cuándo no”, expresó.
La definición de infraestructura crítica fue otro de los puntos abordados en la cita. Por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió reflexionar sobre si las cárceles deben ser consideradas infraestructura crítica. “Las experiencias comparadas de Ecuador y Brasil nos muestran la relevancia de considerar las cárceles como tal”, argumentó.
Hacia el final de la cita, el Presidente Boric enfatizó en que comprende “la necesidad de determinar claramente las funciones, atribuciones, estructura de mando y reglas de uso de la fuerza”. En ese sentido, relevó las palabras del jefe del Ejército, “de que no se pretende impunidad sino reglas claras para saber cómo actuar”, sostuvo.
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