La bancada parlamentaria de Renovación Nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados presentó un proyecto de ley que tipifica como “delito la contratación de extranjeros irregulares con multas y penas privativas de libertad”.
De acuerdo a los diputados, la iniciativa busca proteger a las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional de las prácticas abusivas, junto con desalentar el ingreso irregular a Chile.
“Así como muchos extranjeros que llegan al país a trabajar con todas las de la ley, hay otros que se saltan los procedimientos de extranjería e ingresan por pasos clandestinos o a título de turistas. Con el objeto de poner fin a esta situación, la bancada de Renovación Nacional (…) presentó un proyecto de ley que tipifica como delito ‘la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile’. De esta manera, se avanza de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal”, detallaron los parlamentarios.
La iniciativa fue presentada por los legisladores Ximena Ossandón (jefa de bancada), Hugo Rey (subjefe), Frank Sauerbaum y Eduardo Durán (integrantes de la comisión de Trabajo), entre otros.
El proyecto “busca proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad”.
Asimismo, la propuesta tiene el objetivo de “desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema. Tal como señala la iniciativa, se establece ‘una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada’”.
Concretamente, el proyecto sanciona como delito el emplear a extranjeros “no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral”.
Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de “presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)”. Se suma que se “podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo”, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.
El iniciativa contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.
La bancada parlamentaria de Renovación Nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados presentó un proyecto de ley que tipifica como “delito la contratación de extranjeros irregulares con multas y penas privativas de libertad”.
De acuerdo a los diputados, la iniciativa busca proteger a las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional de las prácticas abusivas, junto con desalentar el ingreso irregular a Chile.
“Así como muchos extranjeros que llegan al país a trabajar con todas las de la ley, hay otros que se saltan los procedimientos de extranjería e ingresan por pasos clandestinos o a título de turistas. Con el objeto de poner fin a esta situación, la bancada de Renovación Nacional (…) presentó un proyecto de ley que tipifica como delito ‘la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile’. De esta manera, se avanza de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal”, detallaron los parlamentarios.
La iniciativa fue presentada por los legisladores Ximena Ossandón (jefa de bancada), Hugo Rey (subjefe), Frank Sauerbaum y Eduardo Durán (integrantes de la comisión de Trabajo), entre otros.
El proyecto “busca proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad”.
Asimismo, la propuesta tiene el objetivo de “desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema. Tal como señala la iniciativa, se establece ‘una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada’”.
Concretamente, el proyecto sanciona como delito el emplear a extranjeros “no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral”.
Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de “presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)”. Se suma que se “podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo”, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.
El iniciativa contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.
La bancada parlamentaria de Renovación Nacional en la Cámara de Diputadas y Diputados presentó un proyecto de ley que tipifica como “delito la contratación de extranjeros irregulares con multas y penas privativas de libertad”.
De acuerdo a los diputados, la iniciativa busca proteger a las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional de las prácticas abusivas, junto con desalentar el ingreso irregular a Chile.
“Así como muchos extranjeros que llegan al país a trabajar con todas las de la ley, hay otros que se saltan los procedimientos de extranjería e ingresan por pasos clandestinos o a título de turistas. Con el objeto de poner fin a esta situación, la bancada de Renovación Nacional (…) presentó un proyecto de ley que tipifica como delito ‘la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile’. De esta manera, se avanza de una respuesta meramente administrativa a una de carácter criminal”, detallaron los parlamentarios.
La iniciativa fue presentada por los legisladores Ximena Ossandón (jefa de bancada), Hugo Rey (subjefe), Frank Sauerbaum y Eduardo Durán (integrantes de la comisión de Trabajo), entre otros.
El proyecto “busca proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad”.
Asimismo, la propuesta tiene el objetivo de “desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida que no se aborde adecuadamente el problema. Tal como señala la iniciativa, se establece ‘una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada’”.
Concretamente, el proyecto sanciona como delito el emplear a extranjeros “no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral”.
Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de “presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)”. Se suma que se “podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo”, sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.
El iniciativa contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.
PDI y personas migrantes en la frontera de Arica y Parinacota. 
