Hace algunas semanas, se publicó la Resolución N° 162 Exenta del Ministerio de Agricultura en el Diario Oficial, que “reconoce la existencia de semillas tradicionales y establece orientaciones al efecto”, según su título. Sin embargo, la medida tuvo numerosas críticas por sectores campesinos, comunidades indígenas, guardadoras de semillas, defensores y defensoras de la soberanía alimentaria.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura atendió dichos cuestionamientos y anunció una nueva decisión: “desistir de dicha Resolución”. “Se ha instruido a Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), para fortalecer el proceso de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones de todo el país para continuar trabajando de manera conjunta y colaborativa por el resguardo y valorización de este importante patrimonio”, añade el comunicado.
Es en este marco que en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, María Elena Rozas, abordó la resolución del Ministerio de Agricultura sobre Semilla Tradicional y señaló que el rechazo se debió fundamentalmente porque “sacaba al intercambio de semillas tradicionales del ámbito del derecho consuetudinario“.
“En la práctica ancestral, esta decisión considera como una práctica cualquiera, una práctica económica cualquiera, es decir se norma como cualquier actividad comercial, por tanto se sacaba de ese ámbito que tenía hasta ahora del derecho consuetudinario y por tanto hacía caducar de facto ese derecho y la convertía en cualquier la actividad del intercambio de semillas tradicionales, como cualquier actividad comercial”, expresó Rozas.
Plantearon como RAP-AL , que “la segunda vulneración de la igualdad ante la ley de esta resolución, es la creación de un registro de guardadoras, exponiendo sus identidades y sus cultivos de semillas tradicionales a la voracidad empresarial”.
En ese sentido, la coordinadora de la Red aseguró que la primera parte de esta resolución parecía tener buenas intenciones, pero cuando ya se empieza a normar cambiaba radicalmente, ya que al sacarle el derecho consuetudinario, provoca que vengan una serie de restricciones y divisiones entre guardadores. Asimismo, Rozas afirmó que estos guardadores “tendrían una suerte de carnet para poder intercambiar semillas“, además “estarían fuera de la institucionalidad“, lo que según la coordinadora, cambiaría radicalmente lo que ha sido el intercambio de semillas por generaciones y que ha permitido que “la semilla nativa, la semilla tradicional sobrevive hasta hoy día”.
También cuestionaron que se limitaba la cantidad de semillas a intercambiar. Advirtieron que el gobierno del presidente Gabriel Boric citaba como fundamento de esta resolución la Ley Marco de Cambio Climático. “Esta resolución exprés, no menciona algo evidente; está implementando un tratado comercial, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con el convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, sin pasar por el congreso ni instancia alguna participativa a nivel nacional, regional ni comunal” reflexionaron.
Ante la suspensión de la normativa, Rozas plantea que no saben las pretensiones de este último anuncio. “Para continuar con textos engañosos creo que ahí nosotros no estaríamos disponibles”. En todo caso, antes de conocer esta reciente decisión “teníamos preparado un recurso de protección muy sólido donde impugnábamos esta resolución porque era arbitraria e ilegal”.
Por otro lado, María Elena Rozas aseguró que detrás de esta resolución estaban involucradas las transnacionales de la alimentación, ya que “a ellos no les conviene que existan otras semillas” y lo que quieren es “imponer en el mercado las semillas que ellos manipulan“. “Por ejemplo el tomate que se vende generalmente en los supermercados es el tomate larga vida , es decir el tomate que tiene manipulación, que supuestamente ha sido mejorado, pero ha sido mejorado para la comercialización no para el consumidor”.
En esa misma línea, la representante de La Red Acción Plaguicida aseguró que las semillas nativas, “las semillas tradicionales”, están “adaptadas localmente” y que “representan una diversidad tanto biológica como cultural”.
Escucha la entrevista completa:
Hace algunas semanas, se publicó la Resolución N° 162 Exenta del Ministerio de Agricultura en el Diario Oficial, que “reconoce la existencia de semillas tradicionales y establece orientaciones al efecto”, según su título. Sin embargo, la medida tuvo numerosas críticas por sectores campesinos, comunidades indígenas, guardadoras de semillas, defensores y defensoras de la soberanía alimentaria.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura atendió dichos cuestionamientos y anunció una nueva decisión: “desistir de dicha Resolución”. “Se ha instruido a Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), para fortalecer el proceso de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones de todo el país para continuar trabajando de manera conjunta y colaborativa por el resguardo y valorización de este importante patrimonio”, añade el comunicado.
Es en este marco que en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, María Elena Rozas, abordó la resolución del Ministerio de Agricultura sobre Semilla Tradicional y señaló que el rechazo se debió fundamentalmente porque “sacaba al intercambio de semillas tradicionales del ámbito del derecho consuetudinario“.
“En la práctica ancestral, esta decisión considera como una práctica cualquiera, una práctica económica cualquiera, es decir se norma como cualquier actividad comercial, por tanto se sacaba de ese ámbito que tenía hasta ahora del derecho consuetudinario y por tanto hacía caducar de facto ese derecho y la convertía en cualquier la actividad del intercambio de semillas tradicionales, como cualquier actividad comercial”, expresó Rozas.
Plantearon como RAP-AL , que “la segunda vulneración de la igualdad ante la ley de esta resolución, es la creación de un registro de guardadoras, exponiendo sus identidades y sus cultivos de semillas tradicionales a la voracidad empresarial”.
En ese sentido, la coordinadora de la Red aseguró que la primera parte de esta resolución parecía tener buenas intenciones, pero cuando ya se empieza a normar cambiaba radicalmente, ya que al sacarle el derecho consuetudinario, provoca que vengan una serie de restricciones y divisiones entre guardadores. Asimismo, Rozas afirmó que estos guardadores “tendrían una suerte de carnet para poder intercambiar semillas“, además “estarían fuera de la institucionalidad“, lo que según la coordinadora, cambiaría radicalmente lo que ha sido el intercambio de semillas por generaciones y que ha permitido que “la semilla nativa, la semilla tradicional sobrevive hasta hoy día”.
También cuestionaron que se limitaba la cantidad de semillas a intercambiar. Advirtieron que el gobierno del presidente Gabriel Boric citaba como fundamento de esta resolución la Ley Marco de Cambio Climático. “Esta resolución exprés, no menciona algo evidente; está implementando un tratado comercial, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con el convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, sin pasar por el congreso ni instancia alguna participativa a nivel nacional, regional ni comunal” reflexionaron.
Ante la suspensión de la normativa, Rozas plantea que no saben las pretensiones de este último anuncio. “Para continuar con textos engañosos creo que ahí nosotros no estaríamos disponibles”. En todo caso, antes de conocer esta reciente decisión “teníamos preparado un recurso de protección muy sólido donde impugnábamos esta resolución porque era arbitraria e ilegal”.
Por otro lado, María Elena Rozas aseguró que detrás de esta resolución estaban involucradas las transnacionales de la alimentación, ya que “a ellos no les conviene que existan otras semillas” y lo que quieren es “imponer en el mercado las semillas que ellos manipulan“. “Por ejemplo el tomate que se vende generalmente en los supermercados es el tomate larga vida , es decir el tomate que tiene manipulación, que supuestamente ha sido mejorado, pero ha sido mejorado para la comercialización no para el consumidor”.
En esa misma línea, la representante de La Red Acción Plaguicida aseguró que las semillas nativas, “las semillas tradicionales”, están “adaptadas localmente” y que “representan una diversidad tanto biológica como cultural”.
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Hace algunas semanas, se publicó la Resolución N° 162 Exenta del Ministerio de Agricultura en el Diario Oficial, que “reconoce la existencia de semillas tradicionales y establece orientaciones al efecto”, según su título. Sin embargo, la medida tuvo numerosas críticas por sectores campesinos, comunidades indígenas, guardadoras de semillas, defensores y defensoras de la soberanía alimentaria.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura atendió dichos cuestionamientos y anunció una nueva decisión: “desistir de dicha Resolución”. “Se ha instruido a Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), para fortalecer el proceso de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones de todo el país para continuar trabajando de manera conjunta y colaborativa por el resguardo y valorización de este importante patrimonio”, añade el comunicado.
Es en este marco que en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, María Elena Rozas, abordó la resolución del Ministerio de Agricultura sobre Semilla Tradicional y señaló que el rechazo se debió fundamentalmente porque “sacaba al intercambio de semillas tradicionales del ámbito del derecho consuetudinario“.
“En la práctica ancestral, esta decisión considera como una práctica cualquiera, una práctica económica cualquiera, es decir se norma como cualquier actividad comercial, por tanto se sacaba de ese ámbito que tenía hasta ahora del derecho consuetudinario y por tanto hacía caducar de facto ese derecho y la convertía en cualquier la actividad del intercambio de semillas tradicionales, como cualquier actividad comercial”, expresó Rozas.
Plantearon como RAP-AL , que “la segunda vulneración de la igualdad ante la ley de esta resolución, es la creación de un registro de guardadoras, exponiendo sus identidades y sus cultivos de semillas tradicionales a la voracidad empresarial”.
En ese sentido, la coordinadora de la Red aseguró que la primera parte de esta resolución parecía tener buenas intenciones, pero cuando ya se empieza a normar cambiaba radicalmente, ya que al sacarle el derecho consuetudinario, provoca que vengan una serie de restricciones y divisiones entre guardadores. Asimismo, Rozas afirmó que estos guardadores “tendrían una suerte de carnet para poder intercambiar semillas“, además “estarían fuera de la institucionalidad“, lo que según la coordinadora, cambiaría radicalmente lo que ha sido el intercambio de semillas por generaciones y que ha permitido que “la semilla nativa, la semilla tradicional sobrevive hasta hoy día”.
También cuestionaron que se limitaba la cantidad de semillas a intercambiar. Advirtieron que el gobierno del presidente Gabriel Boric citaba como fundamento de esta resolución la Ley Marco de Cambio Climático. “Esta resolución exprés, no menciona algo evidente; está implementando un tratado comercial, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con el convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, sin pasar por el congreso ni instancia alguna participativa a nivel nacional, regional ni comunal” reflexionaron.
Ante la suspensión de la normativa, Rozas plantea que no saben las pretensiones de este último anuncio. “Para continuar con textos engañosos creo que ahí nosotros no estaríamos disponibles”. En todo caso, antes de conocer esta reciente decisión “teníamos preparado un recurso de protección muy sólido donde impugnábamos esta resolución porque era arbitraria e ilegal”.
Por otro lado, María Elena Rozas aseguró que detrás de esta resolución estaban involucradas las transnacionales de la alimentación, ya que “a ellos no les conviene que existan otras semillas” y lo que quieren es “imponer en el mercado las semillas que ellos manipulan“. “Por ejemplo el tomate que se vende generalmente en los supermercados es el tomate larga vida , es decir el tomate que tiene manipulación, que supuestamente ha sido mejorado, pero ha sido mejorado para la comercialización no para el consumidor”.
En esa misma línea, la representante de La Red Acción Plaguicida aseguró que las semillas nativas, “las semillas tradicionales”, están “adaptadas localmente” y que “representan una diversidad tanto biológica como cultural”.
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