La directora de Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional, Sonia Paredes, abordó las responsabilidades de mandos en Perú ante las violaciones de DD.HH. ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

Cabe destacar que en medio de estas manifestaciones, que surgieron en paralelo a la llegada al poder de la actual jefe de Estado, Dina Boluarte, perdieron la vida cincuenta personas y un miembro de la Policía Nacional del Perú.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Paredes explicó el momento en el país vecino: “Hemos evidenciado serios retrocesos, sobre todo aquellos relacionados a derechos de las mujeres que se fueron ganando durante décadas contra la violencia de género. Entonces, nos estamos dando cuenta de que algunos avances están retrocediendo. Ahora mismo ha habido un anuncio de una incorporación del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Desarrollo e Inclusión, lo cuál podría socavar algunas de las importantes direcciones que se crearon para frenar el tema de la desigualdad de género”.

Además, apuntó a un debilitamiento institucional. “Algunas instituciones más significativas para la defensa de los derechos humanos podrían estar en riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, la manera cómo se designó al defensor del pueblo en estos últimos años”, apuntó.

“Son estos temas los que nos preocupa porque de alguna manera definen la forma en que los derechos humanos van a ser sopesados, garantizados, obviamente nos preocupa. Lamentablemente continúa también está atmósfera de impunidad frente a algunos casos de violación de DD.HH. como son los casos que se produjeron a raíz de la represión policial por las protestas que se hicieron entre diciembre del 2022 y enero del 2023″, afirmó.

Sobre responsabilidad de la actual jefe de Estado, Dina Boluarte, desde Amnistía Internacional señalan que en un primer informe quedó constatado que “muchas de las órdenes que se dieron o la manera que las fuerzas de seguridad actuaron están relacionadas con la manera cómo ven a las personas que protestan, porque la mayoría de las personas víctimas provienen justamente de grupos de regiones donde la mayoría de personas pertenecen a un grupo mayoritariamente indígena o campesino y que se encuentran discriminados”.

En el último informe, Paredes explicó que “podría haber una responsabilidad penal, no solamente de los jefes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas sino también de los civiles, y en este caso se encontraría los cargos más altos, recordando que la Presidenta de la República es la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales, y donde nosotros pudimos identificar muchas reuniones que se tuvieron en esas semanas y que no hubo un cambio en la estrategia de represión“.

Sobre el sesgo en la represión, señaló que esto ocurre en varios países, pero en Perú ocurre una particularidad. Esto, porque para reprimir una protesta “sea en una comunidad campesina o en una capital de región que es mayoritariamente indígena nos damos cuenta de que ahí los planes podrían cambiar. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un uso desproporcionado de la fuerza“.

“Se hace uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, en qué punto empiezan a salir armas de fuego contra manifestantes para disparar directamente contra ellos. Ninguna de las personas que fallecen tenía un arma porque al momento de hacer la necrosis se hacen pruebas de absorción atómica y no se encuentran rastros de pólvora”, cuestionó.

Respecto a la atención de la comunidad internacional, Paredes indicó que “lamentablemente nos encontramos en una situación de desacato frente al sistema interamericano de parte de los políticos peruanos. Lo que está sucediendo es que simplemente el Perú no está respondiendo de manera efectiva a los pedidos”.