En una entrevista realizada por Federico Fuentes, Antonio González Plessmann, activista venezolano del colectivo de derechos humanos Surgentes, analiza las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Asimismo, abordó el escenario político en el país petrolero tras los comicios electorales que fueron impugnados por la oposición venezolana.

– ¿Cuál es tu valoración de las elecciones presidenciales del 28 de julio?

Estas elecciones ocurrieron en un contexto de excepcionalidad, con mínimas mediaciones constitucionales e institucionales del conflicto político.

No fueron unas elecciones con plenas garantías para los derechos políticos de las organizaciones postulantes, ni para los candidatos, ni para el pueblo que debía elegir. El gobierno restringió la oferta electoral al judicializar partidos políticos tanto de la oposición de derecha como de sus antiguos aliados, para controlar sus directivas y decisiones. El caso más emblemático en el campo de la izquierda fue el del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que por decisión judicial y sin derecho a la defensa, fue arrebatado de sus militantes y entregado a un grupo de militantes del partido de gobierno que se hicieron pasar por miembros del PCV. Como consecuencia de esto, ningún partido de izquierda pudo postular candidatos a las elecciones del 28J.

Pese a los obstáculos, el pueblo tenía una enorme necesidad de participar electoralmente y decidir sobre el futuro del país. Todas las encuestas previas al 28J señalaban que más del 70% de la población tenía intención de participar. La participación, en efecto, fue muy alta. El porcentaje de participación anunciado oficialmente es de 59%, pero ese dato no contempla que hay más de 4 millones de electores fuera de Venezuela, a quienes se les impidió votar. Así que, en efecto, si contamos solo a quienes estaban en Venezuela y podían votar, la participación fue superior al 70%. El pueblo venezolano tiene una gran cultura electoral. Particularmente durante el chavismo (1998-2013), se ampliaron los centros de votación, aumentó la participación electoral (sobre todo de los sectores más pobres) y se creó una plataforma electoral automatizada con protocolos de transparencia y auditabilidad de altísimo nivel y confiabilidad. En el chavismo, las elecciones fueron momentos relevantes de protagonismo popular para decidir sobre la continuidad del proceso de cambio y reencauzar el conflicto político. Lamentablemente en el madurismo esto comenzó a cambiar, sobre todo a partir de 2017.

Lo que ocurrió el 28J es que la población votó mayoritariamente en contra de Nicolás Maduro y que esa voluntad mayoritaria no fue reconocida por las cabezas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dado que el sistema electoral automatizado incluye tantos mecanismos de verificación, el CNE, para lograr su objetivo de ocultar el resultado, ha tenido que omitir las auditorías previstas, ocultar las actas electorales, sacar a los testigos de la oposición de los procesos de totalización de votos, fingir un ataque cibernético y omitir la publicación de los resultados electorales mesa por mesa. No fue el sistema automatizado lo que falló, sino la decisión de las cabezas del CNE de desaplicarlo en su fase de totalización de votos, auditoría y transparencia.

Las mayorías no votaron a favor del programa de la oposición sino como castigo al madurismo. Un argumento a favor de esta tesis es que tres semanas antes de la elección, una encuesta nacional preguntaba a la gente si votaría por Chávez el 28J en caso de que estuviera vivo, y más del 50% respondía afirmativamente. Maduro tiene casi una década pariendo un programa y una alianza de clases distinta al chavismo, con graves impactos en la vida de la población. Fue contra eso que votó la población.

Hoy tenemos un gobierno débil, porque en Venezuela todo el mundo sabe que no ganó las elecciones y, por tanto, carece de legitimidad de origen, pero que recurre a gobernar sentado sobre los fusiles: apela a la represión y a intentar jugadas institucionales que oculten la expropiación de la soberanía popular.

– ¿Por qué crees que el CNE y el Gobierno han tardado en públicas las actas?

La razón es sencilla: las actas demuestran que Maduro perdió. Todo lo que hacen es maniobras para ocultarlas. El grave problema que tienen es que el sistema automatizado es muy bueno, tiene muchos respaldos y controles que hacen prácticamente imposible falsificar las actas. Cada máquina de cada mesa electoral produce un acta con los resultados, que es firmada por los testigos y autoridades de mesa, que tiene un código único encriptado. De esa acta tienen copia el CNE, las Fuerzas Armadas, los testigos de los partidos y electores que participaron del proceso de escrutinio. Pero, además, la data se transmite al centro de totalización nacional, se encuentra aun en las memorias de cada máquina y hay una copia digital que tienen los partidos participantes en una memoria móvil. Así que para poder mantener el fraude, deben ocultar las actas y omitir las auditorías previstas en la ley.

– ¿Qué opinas del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)? ¿Cambia algo el fallo?

La decisión de la Sala Electoral del TSJ es parte de la estrategia de opacidad. El TSJ contrario a lo que era su propia jurisprudencia, se pronuncia sobre el resultado electoral usurpando con ello funciones propias del CNE. El CNE tiene obligaciones legales que no cumplió desde el 29J: totalizar los datos en presencia de los testigos de los partidos políticos; realizar una auditoría telemática, una auditoría ciudadana del 1% de las urnas y una auditoría a los datos electorales (base de datos de las huellas digitales); publicar los resultados mesa por mesa; recibir recursos administrativos de los candidatos impugnando resultados parciales o totales. Durante dos semanas, no solo incumplió con todo esto, sino que mantuvo sus oficinas cerradas.

El TSJ en vez de obligar a CNE a que cumpla sus obligaciones legales, dice haberle hecho su trabajo. Dice haber realizado una auditoría y que las actas se corresponden con el resultado anunciado por el CNE, pero en esa auditoría no participaron los técnicos y testigos de las organizaciones políticas, tal como manda la ley. Es decir, Maduro sigue sin poder demostrar que ganó las elecciones. El fallo del TSJ dice que es inapelable, lo que vulneraría el derecho a recurrir cualquier sentencia.

Aunque con esta sentencia el madurismo pretende pasar la página de la jornada electoral y concentrar energías en recuperar algo de legitimidad, la realidad es que no hace más que seguir evidenciando que no tiene cómo demostrar que ganó. Se mantiene, dentro y fuera de Venezuela, una disputa por el relato sobre lo ocurrido. Esta sentencia solo convence a quienes ya estaban convencidos o a quienes tienen intereses económicos o geopolíticos que implican la permanencia del madurismo en el gobierno.

– ¿Qué nos puedes decir de las protestas que ocurrieron luego del anuncio del resultado, en cuanto a su naturaleza y composición?

Las protestas ocurrieron fundamentalmente en zonas populares del país. Fueron mayoritariamente una reacción espontánea, de indignación, porque la experiencia subjetiva de la gente frente a la máquina de votación, no se correspondía con lo que anunciaba el CNE. En zonas que han sido históricamente chavistas, Maduro fue derrotado. Se puede afirmar, sin ninguna duda, que una parte muy importante del pueblo chavista, o que venía del chavismo, votó en contra del Maduro. La indignación en esos lugares fue mayor. La gente sabía lo que había ocurrido y reaccionó contra la mentira que las autoridades electorales le estaban diciendo por TV.

Una organización venezolana contó 915 protestas en todo el país solo en dos días (29 y 30 julio). La inmensa mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero también hubo otras de tipo violento. Incluso con intentos de linchamiento a militantes del partido de gobierno. Desde Surgentes hemos condenado esas expresiones de violencia política contra compañeros de las estructuras de base del Psuv [Partido Socialista Unido de Venezuela] y hemos exigido que se investiguen y sancionen; al tiempo que se proteja su vida e integridad. Pero esas expresiones de violencia no expresan a la mayoría que se movilizó el 29 y 30. Son una minoría. Hay en las redes sociales centenas de videos que muestran, en todo el país, el carácter mayoritariamente pacífico de las protestas. Esas pocas protestas violentas sirven al Gobierno de coartada para criminalizar en bloque la protesta mayoritaria.

El gobierno reprimió estas manifestaciones tanto con los cuerpos de seguridad, como con grupos parapoliciales. Luego del 29J se inició un proceso de detenciones selectivas arbitrarias: a políticos opositores, disidentes, críticos, periodistas, miembros de organizaciones sociales,  funcionarios que se niegan a reprimir e, incluso, a sectores religiosos. Y, también, un proceso de detenciones masivas arbitrarias. Maduro informó que están privados de libertad 2.229 manifestantes, a los cuales acusa públicamente de “terroristas”. De ellos, al menos, 126 son adolescentes, 185 son mujeres, 14 son indígenas y 17 son personas con discapacidades. A esos detenidos se les incomunicó, se les impide nombrar un abogado de sus confianza, y se les realiza imputaciones colectivas, sin individualizar los hechos y sus responsabilidades.

– Dado todo esto ¿estamos ante un intento de golpe de Estado, un fraude, una mezcla de ambos o algo diferente?

Un fraude es un acción contraria a la verdad, una trampa. Evidentemente el anuncio oficial de resultados es un fraude, porque pretende desaparecer la voluntad de las mayorías, hacerle trampa al derecho del pueblo venezolano a autodeterminarse, a decidir sobre su futuro. En ese sentido podría calificarse, también, como un autogolpe en proceso: el paso de un gobierno constitucional a uno de facto. Y digo en proceso porque aunque las elecciones fueron el 28J la toma de posición ocurrirá el 10 de enero de 2025. Maduro sigue, por ahora, siendo un presidente democráticamente electo en 2018. De aquí a enero las cosas podrían cambiar, pero si el curso de los acontecimientos se mantiene, estamos viviendo los dolores de parto de una dictadura. Nicolás Maduro sería, entonces, a partir del 10 de enero, el primer dictador del siglo XXI venezolano. La cabeza de una dictadura del capital, no del proletariado.

– ¿Qué opinas del papel desempeñado por los gobiernos de América Latina en cuanto a las elecciones?

La mayoría de los gobiernos de la región no reconocen la elección como legítima. Pero se dividen entre los que simplemente la desconocen y denuncian un gobierno de facto y los que intentan favorecer alguna negociación. Es el caso de Colombia y Brasil, y en un principio México. Estos países, gobernados por líderes de izquierda con larga experiencia política, siguen pidiendo al Estado venezolano que muestre las actas electorales, que realice las auditorías y que publique los resultados desagregados mesa por mesa; al tiempo que proponen distintos mecanismos que posibiliten una negociación política. Desde un gobierno de unidad nacional, con participación de las fuerzas de oposición, hasta la repetición de las elecciones. Esto último, para ofrecer una salida al madurismo que le permita salir del gobierno pero con un adversario más potable. Aunque las propuestas no han calado en ninguno de los bandos, me parece correcta la intención de facilitar una negociación política que salve al madurismo de convertirse en una dictadura y prevenga la posibilidad de aumento de la violencia política en el país.

– Dando un paso atrás, ¿cómo llegamos a esta situación? En particular, ¿cómo caracterizas el rumbo del Gobierno de Maduro en los últimos años?

Para sobrevivir a las sanciones de EEUU y a su propia incompetencia en materia de política económica que colapsaron la economía, Maduro inició un ajuste neoliberal que incluye lo siguiente: privatización de empresas y bienes del Estado; flexibilización radical de las relaciones laborales, lo que incluye el salario mínimo más bajo de Latinoamérica (3$ mensuales) y, en consecuencia la práctica desaparición de otros derechos vinculados al salario como las prestaciones por antigüedad y cesantía, el bono vacacional o las utilidades; la bonificación del salario; despidos masivos indirectos en el Estado; la exención de impuestos a la inversión y a la importación; liberalización de precios; dolarización de facto de la economía; y una alianza político-económica abierta y pública con el empresariado. Adicionalmente, para burlar las sanciones, utilizó operadores económicos que vendían y compraban de manera encubierta en el mercado internacional, surgiendo de esta forma una sector burgués corrupto que al “brindarle un servicio a la Patria” amasaba grandes fortunas. Alex Saab es la mejor expresión de ello, pero hay decenas de operadores asociados cada uno a los grupos de poder. Este esquema aumento la desigualdad, la vulneración de los derechos sociales y el conflicto de clases en Venezuela. Frente a ello, el gobierno fue reduciendo el espacio democrático. Tanto el de la democracia representativa, como el de la democracia participativa, de los consejos comunales, comunas y otras formas de expresión directa de la soberanía popular. Se trata de una radical mutación del chavismo, que se caracterizó por una vocación nacional, popular, radicalmente democrática y postcapitalista. De esa mutación emerge algo nuevo, un gobierno autoritario y de derecha, que difícilmente puede llamarse chavismo, aunque siga usando los símbolos de esa identidad política: el madurismo.

– ¿Cuál es la situación actual del chavismo y de los movimientos/sectores populares que tradicionalmente constituían su base? ¿Que relaciones mantienen con el gobierno de Maduro?

En términos de composición social, el chavismo mayoritario se ha desafiliado o migró, está resolviendo sus problemas de sobrevivencia y, si estaba en Venezuela, votó contra Maduro. En términos organizativos, hay un chavismo que se mantiene en las estructuras del Psuv y defiende al gobierno de Maduro, bien argumentando el temor a que “venga la derecha” o razones geopolíticas o simplemente atrapados por redes clientelares. Y hay otro sector del chavismo de izquierda que rompió con esas estructuras y se encuentra fragmentado en centenas de organizaciones del campo popular, sin encontrar aún formas organizativas que le permitan expresarse políticamente a nivel nacional.

– ¿Qué posición(es) han tomado las fuerzas políticas de la izquierda radical frente a todo esto? ¿Qué opciones existen para fortalecer la izquierda en el contexto actual?

La izquierda anticapitalista venezolana se puede dividir en tres bloques: la que permanece dentro del Psuv; la que siendo chavista rompió con el Psuv y el madurismo; y la que no se identifica como chavista. Todas son muy débiles.

La primera está secuestrada. Prioriza una lectura particular de la contradicción imperio/nación y, en consecuencia, omite cualquier crítica al giro a la derecha y la deriva autoritaria del madurismo. Sabe que hubo un fraude electoral pero guarda silencio y lo justifica para no “entregarle el poder a la derecha”. Prácticamente no hace política. Las otras dos izquierdas han sido muy críticas del gobierno de Maduro y, en la actual coyuntura, denuncian la radical expropiación de la soberanía popular después de las elecciones del 28J.

En este momento hay muchos intentos de articulación entre sectores de la izquierda, incluyendo a los sectores que no han roto abiertamente con el madurismo, pero están en esa transición. Se trata de procesos muy embrionarios. El contexto favorece líneas de acción en torno a la ampliación del espacio democrático, que permitan a las fuerzas de izquierda hacer política, luchar por los derechos laborales y otros derechos sociales y acumular fuerza para impulsar cambios más profundos. En todo caso, las formas de hacer política son muy cambiantes, y dependerán de si se consolida o no un gobierno dictatorial.